Las tensiones comerciales y geopolíticas globales, en un entorno de elevada incertidumbre global, no han afectado de momento al dinamismo de la actividad en España, que mostró una «notable resiliencia» en 2025 y en los primeros meses de 2026, lo que ha permitido que la economía mantenga un crecimiento «significativamente superior» al del área del euro. Sin embargo, empiezan a asomar sombras preocupantes en el corto y medio plazo, en una complicada situación de bloqueo político e institucional.
Así lo constata el Banco de España en su Informe Anual 2025, que muestra que el PIB avanzó un 2,8%, por encima del 1,4% del conjunto de la Unión Europea y del crecimiento de las principales economías del área, gracias a la demanda interna privada, principal motor del crecimiento tras crecer un 3,4%, impulsado por el gasto en bienes duraderos y la inversión productiva, que repuntó con un avance del 5,8%. Pero ya a comienzos de 2026, aunque la actividad ha seguido mostrando fortaleza, el aumento de la incertidumbre ha provocado que las proyecciones apuntan ya a una «desaceleración progresiva del ritmo de expansión». En el escenario central, el crecimiento del PIB se situaría en el 2,3% en 2026 y en el 1,7% en 2027, mientras que el shock energético elevaría la inflación hasta el 3,6% este año, por el encarecimiento de los productos energéticos por la guerra de Irán.
El supervisor avisa de que este crecimiento tuvo lugar principalmente al gran dinamismo demográfico provocado por la llegada de grandes flujos de inmigración,
con un crecimiento de la población del 0,9%, con un avance del PIB per cápita mucho más moderado -del 1,8 %, tras el 2,4 % registrado en 2024-, aunque, de nuevo, por encima del registrado en el conjunto de la UEM (1,1%). Por ello, estima que las perspectivas actuales anticipan una «desaceleración progresiva» del ritmo de expansión de la actividad de la economía española, que estará condicionada por un contexto internacional adverso que ha provocado un despegue de los precios energéticos y una «reducción de las rentas reales de los hogares», en línea con lo observado tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, mitigada mínimamente por las rebajas impositivas.
Esta preocupación por la incertidumbre ha provocado que la tasa de ahorro de los hogares se mantuvo en 2025 en niveles elevados, en el 12%, aunque por debajo del 14,9% observado en el conjunto de la UE, pero claramente por encima del promedio histórico desde 1999 (8,7%). Este descenso de la tasa de ahorro contribuyó a mantener el dinamismo del consumo en un contexto de «aumento de la renta disponible inferior al de los dos años precedentes» (2,7% en términos reales).
El regulador bancario también muestra su preocupación por la política fiscal, que «mantiene el desafío de afrontar el déficit estructural en un contexto de nuevas presiones de gasto». El déficit de las Administraciones Públicas se redujo hasta el 2,4% del PIB en 2025, si bien esta mejora obedece solo «a factores transitorios», por lo que estima que el desequilibrio estructural de las cuentas públicas se mantiene en torno al 3% del PIB. Pese a que la reducción del déficit ha sido compatible con un crecimiento del gasto neto por encima del 3,7% fijado en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, el informe advierte a partir de ahora la política fiscal debe «absorber mayores necesidades de gasto vinculadas a defensa, transición climática, envejecimiento demográfico y digitalización de la economía», lo que afectaría negativamente a continuar reduciendo déficit y deuda en los próximos ejercicios.
En términos estructurales -ajustados de ciclo y de factores atípicos-, el Banco de España estima que pese a la mejora de los ingresos año a año, el desequilibrio de las cuentas públicas españolas por culpa del crecimiento del gasto se mantendría aún próximo a los niveles medios registrados en los años anteriores al desencadenamiento de la pandemia, situándose en torno al 3 % del PIB. Desde entonces, se ha producido un aumento importante tanto de los ingresos como de los gastos, en porcentaje del PIB, pero que no ha rebajado la deuda en términos nominales, que se ha situado en récord histórico, 1,74 billones.
El informe señala que las bases de los impuestos han crecido por encima del PIB, con una evolución estrechamente vinculada al ciclo económico y con un incremento de los tipos efectivos del IRPF debido al efecto de la «progresividad en frío resultante de no actualizar plenamente los parámetros al ritmo al que han crecido las rentas de los hogares o la inflación», lo cual habría aportado 1,2 puntos al crecimiento de la ratio de ingresos. Por esta razón, el supervisor bancario afea que «en ausencia de medidas destinadas a revertir el aumento registrado en los tipos medios efectivos, su efecto sería estructural y, mientras no se produzcan nuevas actualizaciones, los tipos medios efectivos seguirían incrementándose». La tercera para que ha propiciado ese récord de ingreso ha llegado por el incremento de las cotizaciones sociales, el impuesto temporal a los bancos y la limitación a la compensación de pérdidas de filiales en el cálculo de la base imponible del impuesto sobre Sociedades.
Para el Banco de España, en ausencia de una estrategia de medio plazo de la política fiscal, «resulta incierto cómo se financiarán estas nuevas presiones de gasto y, por tanto, qué efecto tendrán sobre la dinámica de la deuda pública, lo que refuerza la conveniencia de avanzar en la planificación a medio plazo de la política fiscal». En este sentido, el informe critica que «la falta de una estrategia fiscal lo suficientemente detallada a medio plazo dificulta anticipar con claridad los mecanismos de financiación de las nuevas presiones de gasto», en la medida en que no está plenamente definido si se abordarán mediante un aumento de los ingresos -por ejemplo, vía impuestos- o a través de un mayor recurso al endeudamiento. «Esta indefinición introduce cierto grado de incertidumbre sobre la evolución futura del déficit y la
deuda pública, lo que subraya la importancia de seguir avanzando hacia una planificación fiscal más estructurada y orientada al medio plazo». Además, indica que «hay que tener en cuenta que en las fases expansivas las previsiones de medio plazo de la deuda pública tienden a presentar un sesgo de infraestimación»..
En cuanto al mercado de trabajo, este mantuvo un comportamiento dinámico, prolongando la fase expansiva de los últimos años. Según apunta el informe, la tasa de desempleo se situó por debajo del 10% a finales de 2025 por primera vez desde 2008. Este ciclo expansivo volvió a caracterizarse por los elevados flujos de entrada de inmigrantes, que explicarían en torno a la mitad del avance observado en el PIB y más de dos tercios del aumento del empleo en los últimos años. Sin embargo, el director de Economía del Banco de España advierte de que la tasa de paro «se está reduciendo a un ritmo insuficiente» y continúa siendo «elevada» en comparación con el resto de la UE, sobre todo entre el colectivo de jóvenes, entre los que el desempleo se sitúa en el 23% en España, muy por encima de lo observado en Alemania (6,5%) y Países Bajos (8,6%), además de mantenerse «diferencias significativas entre comunidades autónomas y por grupos de edad».
El informe también muestra sus dudas con la reciente reforma de los subsidios por desempleo, de la que indica que aunque «apunta en la dirección correcta, requeriría algunos ajustes» -por ejemplo, en el subsidio permanente para mayores de 52 años-, con el fin de «equilibrar la protección de rentas de los desempleados con la provisión de incentivos a la búsqueda activa de empleo».
Especial atención pone el informe con el problema de la vivienda, señalando que los problemas de acceso a compra o alquiler se transmiten al conjunto de la economía a través de «canales que afectan a la situación macroeconómica y a la distribución de la renta y la riqueza de los hogares. El crecimiento diferencial entre los precios de la vivienda y la renta de los hogares condiciona el acceso al crédito hipotecario, las decisiones de consumo y la capacidad de ahorro de los hogares, que realizan un mayor esfuerzo para acceder a una vivienda». Por ello, la persistencia de elevados esfuerzos para acceder a una vivienda «genera un aumento de los hogares en situación de vulnerabilidad social y modifica la distribución intergeneracional de la riqueza».
Por otro lado, el Banco de España también avisa sobre la «persistencia de importantes ineficiencias asociadas al entorno regulatorio. La complejidad y la fragmentación regulatoria entre los diferentes niveles de la Administración generan costes de cumplimiento elevados, dificultan la expansión geográfica de las empresas y se asocian a una elevada heterogeneidad regional en las métricas de eficiencia asignativa».
En su Informe Anual 2025, muestra su preocupación por la política fiscal, que «mantiene el desafío de afrontar el déficit estructural en un contexto de nuevas presiones de gasto», y señala que las bases de los impuestos han crecido por encima del PIB
Las tensiones comerciales y geopolíticas globales, en un entorno de elevada incertidumbre global, no han afectado de momento al dinamismo de la actividad en España, que mostró una «notable resiliencia» en 2025 y en los primeros meses de 2026, lo que ha permitido que la economía mantenga un crecimiento «significativamente superior» al del área del euro. Sin embargo, empiezan a asomar sombras preocupantes en el corto y medio plazo, en una complicada situación de bloqueo político e institucional.
Así lo constata el Banco de España en su Informe Anual 2025, que muestra que el PIB avanzó un 2,8%, por encima del 1,4% del conjunto de la Unión Europea y del crecimiento de las principales economías del área, gracias a la demanda interna privada, principal motor del crecimiento tras crecer un 3,4%, impulsado por el gasto en bienes duraderos y la inversión productiva, que repuntó con un avance del 5,8%. Pero ya a comienzos de 2026, aunque la actividad ha seguido mostrando fortaleza, el aumento de la incertidumbre ha provocado que las proyecciones apuntan ya a una «desaceleración progresiva del ritmo de expansión». En el escenario central, el crecimiento del PIB se situaría en el 2,3% en 2026 y en el 1,7% en 2027, mientras que el shock energético elevaría la inflación hasta el 3,6% este año, por el encarecimiento de los productos energéticos por la guerra de Irán.
El supervisor avisa de que este crecimiento tuvo lugar principalmente al gran dinamismo demográfico provocado por la llegada de grandes flujos de inmigración,
con un crecimiento de la población del 0,9%, con un avance del PIB per cápita mucho más moderado -del 1,8 %, tras el 2,4 % registrado en 2024-, aunque, de nuevo, por encima del registrado en el conjunto de la UEM (1,1%). Por ello, estima que las perspectivas actuales anticipan una «desaceleración progresiva» del ritmo de expansión de la actividad de la economía española, que estará condicionada por un contexto internacional adverso que ha provocado un despegue de los precios energéticos y una «reducción de las rentas reales de los hogares», en línea con lo observado tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, mitigada mínimamente por las rebajas impositivas.
Esta preocupación por la incertidumbre ha provocado que la tasa de ahorro de los hogares se mantuvo en 2025 en niveles elevados, en el 12%, aunque por debajo del 14,9% observado en el conjunto de la UE, pero claramente por encima del promedio histórico desde 1999 (8,7%). Este descenso de la tasa de ahorro contribuyó a mantener el dinamismo del consumo en un contexto de «aumento de la renta disponible inferior al de los dos años precedentes» (2,7% en términos reales).
El regulador bancario también muestra su preocupación por la política fiscal, que «mantiene el desafío de afrontar el déficit estructural en un contexto de nuevas presiones de gasto». El déficit de las Administraciones Públicas se redujo hasta el 2,4% del PIB en 2025, si bien esta mejora obedece solo «a factores transitorios», por lo que estima que el desequilibrio estructural de las cuentas públicas se mantiene en torno al 3% del PIB. Pese a que la reducción del déficit ha sido compatible con un crecimiento del gasto neto por encima del 3,7% fijado en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, el informe advierte a partir de ahora la política fiscal debe «absorber mayores necesidades de gasto vinculadas a defensa, transición climática, envejecimiento demográfico y digitalización de la economía», lo que afectaría negativamente a continuar reduciendo déficit y deuda en los próximos ejercicios.
En términos estructurales -ajustados de ciclo y de factores atípicos-, el Banco de España estima que pese a la mejora de los ingresos año a año, el desequilibrio de las cuentas públicas españolas por culpa del crecimiento del gasto se mantendría aún próximo a los niveles medios registrados en los años anteriores al desencadenamiento de la pandemia, situándose en torno al 3 % del PIB. Desde entonces, se ha producido un aumento importante tanto de los ingresos como de los gastos, en porcentaje del PIB, pero que no ha rebajado la deuda en términos nominales, que se ha situado en récord histórico, 1,74 billones.
El informe señala que las bases de los impuestos han crecido por encima del PIB, con una evolución estrechamente vinculada al ciclo económico y con un incremento de los tipos efectivos del IRPF debido al efecto de la «progresividad en frío resultante de no actualizar plenamente los parámetros al ritmo al que han crecido las rentas de los hogares o la inflación», lo cual habría aportado 1,2 puntos al crecimiento de la ratio de ingresos. Por esta razón, el supervisor bancario afea que «en ausencia de medidas destinadas a revertir el aumento registrado en los tipos medios efectivos, su efecto sería estructural y, mientras no se produzcan nuevas actualizaciones, los tipos medios efectivos seguirían incrementándose». La tercera para que ha propiciado ese récord de ingreso ha llegado por el incremento de las cotizaciones sociales, el impuesto temporal a los bancos y la limitación a la compensación de pérdidas de filiales en el cálculo de la base imponible del impuesto sobre Sociedades.
Para el Banco de España, en ausencia de una estrategia de medio plazo de la política fiscal, «resulta incierto cómo se financiarán estas nuevas presiones de gasto y, por tanto, qué efecto tendrán sobre la dinámica de la deuda pública, lo que refuerza la conveniencia de avanzar en la planificación a medio plazo de la política fiscal». En este sentido, el informe critica que «la falta de una estrategia fiscal lo suficientemente detallada a medio plazo dificulta anticipar con claridad los mecanismos de financiación de las nuevas presiones de gasto», en la medida en que no está plenamente definido si se abordarán mediante un aumento de los ingresos -por ejemplo, vía impuestos- o a través de un mayor recurso al endeudamiento. «Esta indefinición introduce cierto grado de incertidumbre sobre la evolución futura del déficit y la
deuda pública, lo que subraya la importancia de seguir avanzando hacia una planificación fiscal más estructurada y orientada al medio plazo». Además, indica que «hay que tener en cuenta que en las fases expansivas las previsiones de medio plazo de la deuda pública tienden a presentar un sesgo de infraestimación»..
En cuanto al mercado de trabajo, este mantuvo un comportamiento dinámico, prolongando la fase expansiva de los últimos años. Según apunta el informe, la tasa de desempleo se situó por debajo del 10% a finales de 2025 por primera vez desde 2008. Este ciclo expansivo volvió a caracterizarse por los elevados flujos de entrada de inmigrantes, que explicarían en torno a la mitad del avance observado en el PIB y más de dos tercios del aumento del empleo en los últimos años. Sin embargo, el director de Economía del Banco de España advierte de que la tasa de paro «se está reduciendo a un ritmo insuficiente» y continúa siendo «elevada» en comparación con el resto de la UE, sobre todo entre el colectivo de jóvenes, entre los que el desempleo se sitúa en el 23% en España, muy por encima de lo observado en Alemania (6,5%) y Países Bajos (8,6%), además de mantenerse «diferencias significativas entre comunidades autónomas y por grupos de edad».
El informe también muestra sus dudas con la reciente reforma de los subsidios por desempleo, de la que indica que aunque «apunta en la dirección correcta, requeriría algunos ajustes» -por ejemplo, en el subsidio permanente para mayores de 52 años-, con el fin de «equilibrar la protección de rentas de los desempleados con la provisión de incentivos a la búsqueda activa de empleo».
Especial atención pone el informe con el problema de la vivienda, señalando que los problemas de acceso a compra o alquiler se transmiten al conjunto de la economía a través de «canales que afectan a la situación macroeconómica y a la distribución de la renta y la riqueza de los hogares. El crecimiento diferencial entre los precios de la vivienda y la renta de los hogares condiciona el acceso al crédito hipotecario, las decisiones de consumo y la capacidad de ahorro de los hogares, que realizan un mayor esfuerzo para acceder a una vivienda». Por ello, la persistencia de elevados esfuerzos para acceder a una vivienda «genera un aumento de los hogares en situación de vulnerabilidad social y modifica la distribución intergeneracional de la riqueza».
Por otro lado, el Banco de España también avisa sobre la «persistencia de importantes ineficiencias asociadas al entorno regulatorio. La complejidad y la fragmentación regulatoria entre los diferentes niveles de la Administración generan costes de cumplimiento elevados, dificultan la expansión geográfica de las empresas y se asocian a una elevada heterogeneidad regional en las métricas de eficiencia asignativa».
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