Seguir de baja durante meses sin saber qué ocurrirá después puede convertirse en una situación de gran incertidumbre para cualquier trabajador. Víctor Arpa, abogado laboralista, ha explicado el caso de uno de sus clientes, un camionero que sufrió una hemorragia cerebral y quedó con importantes secuelas.
Su despacho decidió no esperar a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tomara la iniciativa y solicitó directamente el reconocimiento de una incapacidad permanente, o eso es, por lo menos, lo que ha asegurado Arpa.
El trabajador quedó con alteraciones de sensibilidad, problemas visuales y dificultades de memoria después de la hemorragia. Según relata Arpa, su cliente continuaba en situación de incapacidad temporal, pero el despacho detectó que esas secuelas eran crónicas y que no existía un tratamiento curativo que le permitiera recuperar la capacidad necesaria para volver a conducir camiones.
De una baja médica a una pensión por incapacidad permanente
La legislación permite que el procedimiento para reconocer una incapacidad permanente se inicie no solo de oficio, sino también a instancia del propio trabajador o de su representante legal. De esta forma, no es necesario que el interesado espere siempre a que el INSS inicie el expediente por su cuenta.
En este caso, el despacho decidió presentar la solicitud antes de que el INSS iniciara el procedimiento. «Solicitamos nosotros la incapacidad, sin esperar a que el INSS iniciara el procedimiento», explica Arpa. El resultado fue el reconocimiento de una incapacidad permanente total, que lleva aparejada una pensión contributiva y permite al trabajador dejar de desempeñar su profesión habitual cuando sus limitaciones le impiden realizar las tareas fundamentales de ese trabajo.
La cuantía de una incapacidad permanente total se calcula aplicando, con carácter general, el 55% de la base reguladora. Ese porcentaje puede incrementarse en un 20% a partir de los 55 años cuando concurren determinadas circunstancias, mientras que la incapacidad permanente absoluta, que inhabilita para cualquier profesión u oficio, supone el 100% de la base reguladora.
El despacho reclama ahora una incapacidad permanente absoluta
Pero el caso no termina con el reconocimiento de esa incapacidad total. Arpa asegura que su despacho continuará reclamando porque considera que las secuelas del camionero podrían justificar una incapacidad permanente absoluta, que supondría, de reconocerse, una pensión equivalente al 100% de la base reguladora.
Al fin y al cabo, «hay trabajadores que pasan cerca de dos años de baja con incertidumbre», señala. Por eso, desde su despacho defienden realizar un seguimiento de cada caso para valorar cuándo puede ser conveniente solicitar una incapacidad permanente y evitar demoras innecesarias.
El trabajador quedó con alteraciones de sensibilidad, problemas de visión y dificultades de memoria que le impedían retomar su profesión habitual
Seguir de baja durante meses sin saber qué ocurrirá después puede convertirse en una situación de gran incertidumbre para cualquier trabajador. Víctor Arpa, abogado laboralista, ha explicado el caso de uno de sus clientes, un camionero que sufrió una hemorragia cerebral y quedó con importantes secuelas.
Su despacho decidió no esperar a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tomara la iniciativa y solicitó directamente el reconocimiento de una incapacidad permanente, o eso es, por lo menos, lo que ha asegurado Arpa.
El trabajador quedó con alteraciones de sensibilidad, problemas visuales y dificultades de memoria después de la hemorragia. Según relata Arpa, su cliente continuaba en situación de incapacidad temporal, pero el despacho detectó que esas secuelas eran crónicas y que no existía un tratamiento curativo que le permitiera recuperar la capacidad necesaria para volver a conducir camiones.
De una baja médica a una pensión por incapacidad permanente
La legislación permite que el procedimiento para reconocer una incapacidad permanente se inicie no solo de oficio, sino también a instancia del propio trabajador o de su representante legal. De esta forma, no es necesario que el interesado espere siempre a que el INSS inicie el expediente por su cuenta.
En este caso, el despacho decidió presentar la solicitud antes de que el INSS iniciara el procedimiento. «Solicitamos nosotros la incapacidad, sin esperar a que el INSS iniciara el procedimiento», explica Arpa. El resultado fue el reconocimiento de una incapacidad permanente total, que lleva aparejada una pensión contributiva y permite al trabajador dejar de desempeñar su profesión habitual cuando sus limitaciones le impiden realizar las tareas fundamentales de ese trabajo.
La cuantía de una incapacidad permanente total se calcula aplicando, con carácter general, el 55% de la base reguladora. Ese porcentaje puede incrementarse en un 20% a partir de los 55 años cuando concurren determinadas circunstancias, mientras que la incapacidad permanente absoluta, que inhabilita para cualquier profesión u oficio, supone el 100% de la base reguladora.
El despacho reclama ahora una incapacidad permanente absoluta
Pero el caso no termina con el reconocimiento de esa incapacidad total. Arpa asegura que su despacho continuará reclamando porque considera que las secuelas del camionero podrían justificar una incapacidad permanente absoluta, que supondría, de reconocerse, una pensión equivalente al 100% de la base reguladora.
Al fin y al cabo, «hay trabajadores que pasan cerca de dos años de baja con incertidumbre», señala. Por eso, desde su despacho defienden realizar un seguimiento de cada caso para valorar cuándo puede ser conveniente solicitar una incapacidad permanente y evitar demoras innecesarias.
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