Impedir el desahucio de Maricarmen puede salir muy caro para los activistas que trataron de impedirlo y se enfrentaron a las Fuerzas del Orden. La sanción por haber sido identificado ante su vivienda podría rondar los 125.000 euros. Así lo refleja la ley de protección de la seguridad ciudadana, que se aplicaría por intentar parar el lanzamiento. En el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada de su casa del madrileño distrito de Retiro el pasado 23 de septiembre, la Policía Nacional identificó a 209 personas, lo que podría suponer para ellas la citada propuesta de multa.
Valeria Racú, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha denunciado el incremento de la represión policial y los obstáculos al derecho de protesta, como se vio en el caso del desahucio de Maricarmen , y ha pedido derogar lo que denomina «ley mordaza» para evitar estas multas, después de que se produjeran 20 partes de lesiones por «agresión» policial -aunque ha obviado los policías que resultaron lesionados-. «No podemos normalizar este nivel de represión y sobre todo no podemos criminalizar el derecho a huelga y el derecho a protesta. Pero además lo más importante aquí es dejar claro que no vamos a permitir que sus palos y sus golpes quiten el foco de las respuestas importantes».
Racú ha vuelto a lanzar sus proclamas en defensa de la huelga general del 11 de noviembre, en la que asegura que también se exigirá la derogación de la ‘ley mordaza’. «Basta de criminalizar la protesta, la huelga y la defensa de los derechos públicos».
La Policía identificó a 209 personas. El Sindicato de Inquilinas exige que se derogue la ley que permite esas multas, lanza proclamas en favor de la huelga general y acusa a la Policía de «brutalidad»
Impedir el desahucio de Maricarmen puede salir muy caro para los activistas que trataron de impedirlo y se enfrentaron a las Fuerzas del Orden. La sanción por haber sido identificado ante su vivienda podría rondar los 125.000 euros. Así lo refleja la ley de protección de la seguridad ciudadana, que se aplicaría por intentar parar el lanzamiento. En el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada de su casa del madrileño distrito de Retiro el pasado 23 de septiembre, la Policía Nacional identificó a 209 personas, lo que podría suponer para ellas la citada propuesta de multa.
Valeria Racú, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha denunciado el incremento de la represión policial y los obstáculos al derecho de protesta, como se vio en el caso del desahucio de Maricarmen , y ha pedido derogar lo que denomina «ley mordaza» para evitar estas multas, después de que se produjeran 20 partes de lesiones por «agresión» policial -aunque ha obviado los policías que resultaron lesionados-. «No podemos normalizar este nivel de represión y sobre todo no podemos criminalizar el derecho a huelga y el derecho a protesta. Pero además lo más importante aquí es dejar claro que no vamos a permitir que sus palos y sus golpes quiten el foco de las respuestas importantes».
Racú ha vuelto a lanzar sus proclamas en defensa de la huelga general del 11 de noviembre, en la que asegura que también se exigirá la derogación de la ‘ley mordaza’. «Basta de criminalizar la protesta, la huelga y la defensa de los derechos públicos».
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