El entorno político de Pedro Sánchez acumula 126 imputados y cuatro condenados: su hermano, su exnúmero dos, Koldo y el fiscal general del Estado, nada menos. Estos casos revelan un patrón preocupante en su relación con el poder judicial. Pedro Sánchez afirma que su Gobierno es contundente con la corrupción. Si por contundencia se entiende atacar a jueces y periodistas que la investigan, pagar los abogados de los condenados y, además, presentarse como víctimas, entonces sí: es muy contundente.
El sanchismo ha pasado de la célebre fórmula de “acatamos la sentencia, aunque no la compartimos” a ir directa y frontalmente contra el Poder Judicial, acusando de “lawfare” a todo aquel que no hace lo que a Sánchez le interesa y señalando personalmente a jueces y magistrados. Para el sanchismo, si les juzga un juez, mal; si les juzgan varios, peor; y si es un jurado popular, todavía peor. Debe ser que el problema no es quién juzga, sino que exista una justicia independiente. La realidad es que el sanchismo se comporta como una secta autocrática que solo utiliza las palabras democracia y justicia como propaganda, cuando lo que intenta imponer es autocracia y pleitesía.
Pedro Sánchez y su corte de propagandistas solo aceptan la Justicia cuando investiga, imputa y condena al adversario político. Este ataque diario por parte del PSOE y de sus medios afines a los jueces no solo erosiona la confianza de los ciudadanos, sino que supone una agresión directa al Estado de derecho, al cuestionar sistemáticamente la independencia judicial y la legitimidad de las resoluciones cuando afectan al sanchismo.
Resulta curioso: el sanchismo ataca a los jueces por no ser independientes y, al mismo tiempo, celebra que ese mismo poder judicial solo inhabilite al hermano del presidente. La sentencia de David Sánchez se convierte, así, en una cosa y la contraria. Por un lado, el sanchismo sostiene que es una vergüenza y que se le condena por sus ideas; por otro, asegura que la propia sentencia niega el tráfico de influencias. Es decir, la resolución es modélica para lo que les interesa e intolerable para lo que no encaja en su narrativa propagandística.
El mismo juez al que elevaron a los altares por archivar la causa contra los instigadores de “Rodea el Congreso”, por investigar la posible financiación ilegal del PP y a la familia Pujol, se convierte de pronto en un peligroso “facha con toga” que utiliza la ley para hacer política cuando se investiga el entorno de Sánchez. Sánchez no quiere Justicia ni prensa independiente; quiere adhesión incondicional y reverencia. Se ha convertido en el único presidente de un país que, ante la evidencia de la condena a su número dos y a su hermano, no solo no dimite, sino que además lanza al CIS y a sus medios afines a demoler el Estado de derecho, atacando a los jueces, señalándolos y utilizando la misma estrategia de todos los autócratas.
Primero dice que todos son inocentes y que hablará la justicia; después, sostiene que la justicia va contra ellos; y, finalmente, recurre al indulto o espera que la mayoría próxima al socialismo en el Tribunal Constitucional lo cambie todo. En realidad, con esa estrategia lo que demuestran es que quienes de verdad desean el «lawfare» son los socialistas. En lugar de asumir responsabilidades políticas, el sanchismo ha optado por construir un relato de victimismo permanente. Cada imputación o condena cercana al poder se presenta como una conspiración, una “persecución judicial” o una muestra de “lawfare”, nunca como el resultado de un sistema judicial que actúa con arreglo a la ley.
Este relato tiene dos objetivos: blindar políticamente al líder y deslegitimar preventivamente cualquier actuación judicial que pueda perjudicar al proyecto sanchista.
El mensaje implícito es inquietante: si investigan a los suyos, la culpa no es de los hechos, sino de los jueces. En una democracia sana, los responsables políticos dimiten o se apartan ante imputaciones graves para no contaminar las instituciones. En el sanchismo, en cambio, se ha invertido la carga moral. El problema no son los corruptos, sino los jueces que se atreven a investigarlos; el escándalo no es el delito, sino el magistrado; la afrenta no es la conducta, sino el procedimiento.
Esta inversión de la carga moral es letal para el Estado de derecho, porque rompe la premisa básica de la democracia. La Justicia independiente está para poner límites al abuso de poder, no para validarlo. En una democracia, nadie está por encima de la ley. En una autocracia, nadie cuestiona al líder político. Cuando el poder político transmite que el sistema judicial es sospechoso por hacer su trabajo, se abre la puerta a justificar el asalto a tribunales, fiscales y procedimientos.
El ataque del sanchismo es muy claro. Señala a jueces concretos, cuestiona sus motivaciones, filtra datos y siembra dudas sobre su imparcialidad. El objetivo es amedrentar y enviar un mensaje de autocensura al resto de la carrera judicial. Al mismo tiempo, por la vía normativa y legislativa, se lleva a cabo un proceso de captura institucional. El sanchismo intenta colonizar órganos de gobierno, fiscalías clave y tribunales con perfiles afines o dóciles, reduciendo los contrapesos y reforzando la dependencia del poder político. Para ello promueve cambios normativos, reformas procesales o penales e incluso amnistías de facto, con el fin de borrar responsabilidades o neutralizar causas judiciales.
Eso es el sanchismo: primero se demoniza al juez, luego se ocupa la institución y, finalmente, se modifica la ley a la medida de los intereses del poder. Un Estado de derecho exige algo tan básico como el respeto a las resoluciones judiciales, gusten o no. El sanchismo, sin embargo, ha reemplazado ese principio por la obediencia al relato oficial. El socialismo solo respeta plenamente las decisiones judiciales cuando se alinean con la conveniencia política del Gobierno; cuando sucede lo contrario, se relativizan, se cuestionan o se reescriben desde la propaganda.
El problema es que la oposición cree que todo esto solo ocurre después de unas elecciones. No hace falta abolir formalmente la Justicia para vaciarla de contenido. El sanchismo ya ha instaurado los pilares de un sistema autocrático, intentando convertir la justicia en un decorado, en una estructura formal que en la práctica queda subordinada al interés del líder. Si lo que está haciendo Sánchez lo hubiera hecho Orbán, habría caído todo el peso de la Unión Europea sobre su Gobierno. Pero como Sánchez disfraza su toma de poder total de “progresismo”, entonces no pasa nada.
Lo vemos cada día. La lealtad al líder se sitúa por encima de la lealtad a la ley, y ese es el principio del fin de la democracia. Pero, eso sí, no gobierna la derecha.
En el sanchismo se ha invertido la carga moral. El problema para el sanchismo no son los corruptos, sino los jueces que se atreven a investigar
El entorno político de Pedro Sánchez acumula 126 imputados y cuatro condenados: su hermano, su exnúmero dos, Koldo y el fiscal general del Estado, nada menos. Estos casos revelan un patrón preocupante en su relación con el poder judicial. Pedro Sánchez afirma que su Gobierno es contundente con la corrupción. Si por contundencia se entiende atacar a jueces y periodistas que la investigan, pagar los abogados de los condenados y, además, presentarse como víctimas, entonces sí: es muy contundente.
El sanchismo ha pasado de la célebre fórmula de “acatamos la sentencia, aunque no la compartimos” a ir directa y frontalmente contra el Poder Judicial, acusando de “lawfare” a todo aquel que no hace lo que a Sánchez le interesa y señalando personalmente a jueces y magistrados. Para el sanchismo, si les juzga un juez, mal; si les juzgan varios, peor; y si es un jurado popular, todavía peor. Debe ser que el problema no es quién juzga, sino que exista una justicia independiente. La realidad es que el sanchismo se comporta como una secta autocrática que solo utiliza las palabras democracia y justicia como propaganda, cuando lo que intenta imponer es autocracia y pleitesía.
Pedro Sánchez y su corte de propagandistas solo aceptan la Justicia cuando investiga, imputa y condena al adversario político. Este ataque diario por parte del PSOE y de sus medios afines a los jueces no solo erosiona la confianza de los ciudadanos, sino que supone una agresión directa al Estado de derecho, al cuestionar sistemáticamente la independencia judicial y la legitimidad de las resoluciones cuando afectan al sanchismo.
Resulta curioso: el sanchismo ataca a los jueces por no ser independientes y, al mismo tiempo, celebra que ese mismo poder judicial solo inhabilite al hermano del presidente. La sentencia de David Sánchez se convierte, así, en una cosa y la contraria. Por un lado, el sanchismo sostiene que es una vergüenza y que se le condena por sus ideas; por otro, asegura que la propia sentencia niega el tráfico de influencias. Es decir, la resolución es modélica para lo que les interesa e intolerable para lo que no encaja en su narrativa propagandística.
El mismo juez al que elevaron a los altares por archivar la causa contra los instigadores de “Rodea el Congreso”, por investigar la posible financiación ilegal del PP y a la familia Pujol, se convierte de pronto en un peligroso “facha con toga” que utiliza la ley para hacer política cuando se investiga el entorno de Sánchez. Sánchez no quiere Justicia ni prensa independiente; quiere adhesión incondicional y reverencia. Se ha convertido en el único presidente de un país que, ante la evidencia de la condena a su número dos y a su hermano, no solo no dimite, sino que además lanza al CIS y a sus medios afines a demoler el Estado de derecho, atacando a los jueces, señalándolos y utilizando la misma estrategia de todos los autócratas.
Primero dice que todos son inocentes y que hablará la justicia; después, sostiene que la justicia va contra ellos; y, finalmente, recurre al indulto o espera que la mayoría próxima al socialismo en el Tribunal Constitucional lo cambie todo. En realidad, con esa estrategia lo que demuestran es que quienes de verdad desean el «lawfare» son los socialistas. En lugar de asumir responsabilidades políticas, el sanchismo ha optado por construir un relato de victimismo permanente. Cada imputación o condena cercana al poder se presenta como una conspiración, una “persecución judicial” o una muestra de “lawfare”, nunca como el resultado de un sistema judicial que actúa con arreglo a la ley.
Este relato tiene dos objetivos: blindar políticamente al líder y deslegitimar preventivamente cualquier actuación judicial que pueda perjudicar al proyecto sanchista.
El mensaje implícito es inquietante: si investigan a los suyos, la culpa no es de los hechos, sino de los jueces. En una democracia sana, los responsables políticos dimiten o se apartan ante imputaciones graves para no contaminar las instituciones. En el sanchismo, en cambio, se ha invertido la carga moral. El problema no son los corruptos, sino los jueces que se atreven a investigarlos; el escándalo no es el delito, sino el magistrado; la afrenta no es la conducta, sino el procedimiento.
Esta inversión de la carga moral es letal para el Estado de derecho, porque rompe la premisa básica de la democracia. La Justicia independiente está para poner límites al abuso de poder, no para validarlo. En una democracia, nadie está por encima de la ley. En una autocracia, nadie cuestiona al líder político. Cuando el poder político transmite que el sistema judicial es sospechoso por hacer su trabajo, se abre la puerta a justificar el asalto a tribunales, fiscales y procedimientos.
El ataque del sanchismo es muy claro. Señala a jueces concretos, cuestiona sus motivaciones, filtra datos y siembra dudas sobre su imparcialidad. El objetivo es amedrentar y enviar un mensaje de autocensura al resto de la carrera judicial. Al mismo tiempo, por la vía normativa y legislativa, se lleva a cabo un proceso de captura institucional. El sanchismo intenta colonizar órganos de gobierno, fiscalías clave y tribunales con perfiles afines o dóciles, reduciendo los contrapesos y reforzando la dependencia del poder político. Para ello promueve cambios normativos, reformas procesales o penales e incluso amnistías de facto, con el fin de borrar responsabilidades o neutralizar causas judiciales.
Eso es el sanchismo: primero se demoniza al juez, luego se ocupa la institución y, finalmente, se modifica la ley a la medida de los intereses del poder. Un Estado de derecho exige algo tan básico como el respeto a las resoluciones judiciales, gusten o no. El sanchismo, sin embargo, ha reemplazado ese principio por la obediencia al relato oficial. El socialismo solo respeta plenamente las decisiones judiciales cuando se alinean con la conveniencia política del Gobierno; cuando sucede lo contrario, se relativizan, se cuestionan o se reescriben desde la propaganda.
El problema es que la oposición cree que todo esto solo ocurre después de unas elecciones. No hace falta abolir formalmente la Justicia para vaciarla de contenido. El sanchismo ya ha instaurado los pilares de un sistema autocrático, intentando convertir la justicia en un decorado, en una estructura formal que en la práctica queda subordinada al interés del líder. Si lo que está haciendo Sánchez lo hubiera hecho Orbán, habría caído todo el peso de la Unión Europea sobre su Gobierno. Pero como Sánchez disfraza su toma de poder total de “progresismo”, entonces no pasa nada.
Lo vemos cada día. La lealtad al líder se sitúa por encima de la lealtad a la ley, y ese es el principio del fin de la democracia. Pero, eso sí, no gobierna la derecha.
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