El engaño del paro oculto demuestra que los sindicatos UGT y CCOO hace mucho que dejaron de defender a los trabajadores para convertirse en aparatos de propaganda del PSOE y la ultraizquierda. No olvidemos que, en un documento llamado “los errores de la reforma laboral de 2012 para la juventud de hoy”, UGT denunciaba a los fijos discontinuos como mecanismo de precariedad institucional, CCOO decía en 2016-17 que los fijos discontinuos sustituyen «temporalidad por parcialidad indefinida como fórmula de flexibilidad» y “desempleo oculto”. Pues bien, en enero de 2019, la cifra de demandantes de empleo “con relación laboral” era de 280.389. En septiembre de 2026, la cifra es de 802.600, casi el triple. Los sindicatos UGT y CCOO, callados.
Durante ocho años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vendido una historia de éxito laboral basada en récords de afiliación, una reforma laboral presentada como histórica y subidas del salario mínimo anunciadas como conquistas sociales. Durante esos mismos ocho años, CCOO y UGT han acompañado el relato sin una sola huelga general. La realidad que reflejan los datos es muy distinta. España sigue siendo el farolillo rojo del empleo en Europa, y quienes deberían haberlo denunciado han preferido cobrar y callar.
El punto de partida es el desempleo. España cerró 2025 con una tasa de paro del 10,5%, frente al 6% de la media europea, según el estudio «España, farolillo rojo del empleo en Europa», de Diego Sánchez de la Cruz para el Instituto Juan de Mariana. La última Encuesta de Población Activa del INE sitúa la tasa en el 10,18% en el tercer trimestre de 2026, 31 centésimas más que en el trimestre anterior, con 2.591.100 parados. En octubre, el paro registrado subió en 43.128 personas según los datos del Ministerio de Trabajo, lo que supone el mayor aumento en ese mes desde 2020, y en términos desestacionalizados creció en 9.405 personas. La caída interanual se ha reducido a solo 21.133 desempleados.
Fracaso estadístico
El primer fracaso es estadístico. La reforma laboral de 2021 multiplicó los contratos fijos discontinuos, y cuando estos trabajadores están sin actividad no cuentan como parados. El informe del Instituto Juan de Mariana calcula que en septiembre de 2026 había 802.600 demandantes de empleo con relación laboral excluidos del paro registrado. Entre 2019 y 2025, el paro oficial bajó en 755.000 personas, pero al incorporar a este colectivo la mejora se queda en apenas 163.000, casi un 80% menos. Buena parte de la supuesta transformación del mercado laboral ha consistido en cambiar la etiqueta de los desempleados, y los sindicatos que presumen de defender a los trabajadores han aplaudido el cambio de nombre.
Fracaso salarial
El segundo fracaso es salarial. Desde 2018, el salario mínimo ha pasado de 736 a 1.221 euros mensuales, un 66% más. En términos reales, el SMI ha aumentado un 29%, mientras que el salario modal, el que cobra un mayor número de trabajadores, ha caído un 18,5%. El mínimo de 2026 ya supera el salario más frecuente de 2024. El informe estima que estas subidas han destruido o impedido crear hasta 238.000 empleos. El Gobierno ha convertido el salario mínimo en el salario de referencia de millones de españoles mientras la inflación, los impuestos y las cotizaciones erosionaban la renta disponible de la clase media trabajadora. Los salarios de convenio, que negocian precisamente CCOO y UGT, perdieron un 5,4% de poder adquisitivo entre 2021 y 2025, sin que las centrales movieran un dedo.
Fracaso estructural
El tercer fracaso es estructural. España ocupa el último lugar, el 27 de 27, en el Índice de Flexibilidad Laboral de la Unión Europea, con una puntuación de 1,9 sobre 10 frente a una media comunitaria de 5,21. Un mercado de trabajo rígido castiga sobre todo a quienes están fuera, que son los jóvenes, los parados de larga duración y los trabajadores menos cualificados. La alternativa es evidente. Converger con la tasa de paro media europea supondría 1,1 millones de ocupados más y una mejora presupuestaria equivalente al 1,2% del PIB sin subir un solo impuesto.
Fracaso por el absentismo
El cuarto fracaso es el absentismo. Cada día faltan a su puesto de trabajo 1,6 millones de asalariados, de los cuales 1,2 millones están de baja médica, con un coste económico estimado de hasta 129.000 millones de euros, el 8,1% del PIB. Es un problema que afecta a la productividad, a las cuentas de la Seguridad Social y a la competitividad de las pymes, y que el Gobierno ha preferido ignorar para no incomodar a sus socios sindicales.
Ante este balance, cabría esperar que los sindicatos fueran la primera voz crítica. No lo han sido, y los números explican por qué. CCOO y UGT recibieron, junto con sus organizaciones, 106,1 millones de euros de dinero público en 2025, y desde 2022 acumulan 511,6 millones, el 86% de todas las subvenciones a sindicatos en ese periodo. Las aportaciones del Ministerio de Trabajo han pasado de 8,9 a 32 millones anuales desde 2020, un 260% más, y por esta vía las centrales reciben con Sánchez un 70% más que con Rajoy. El Estado les cede además 505 pisos y locales valorados en unos 400 millones de euros y paga su IBI, mientras el Plan de Recuperación destina otros 98,2 millones de fondos europeos a rehabilitar 42 edificios del patrimonio sindical. Solo los 68 edificios completos cedidos suman 173.149 metros cuadrados, que podrían convertirse en unas 1.850 viviendas asequibles en plena crisis de la vivienda.
El coste de las horas sindicales
A ello se suma el coste de la representación sindical en las empresas. Las horas sindicales de los 320.882 delegados existentes equivalen al trabajo de 44.000 empleados a tiempo completo, con un coste anual cercano a los 1.900 millones de euros. Y todo ello para unas organizaciones que solo tienen afiliado a uno de cada diez asalariados y que dependen de las subvenciones para el 35% de los ingresos de la confederación de CCOO y el 43% de los de UGT. Un sindicato que obtiene casi la mitad de sus ingresos del presupuesto público difícilmente va a enfrentarse al Gobierno que firma las transferencias.
Por eso su primera huelga general conjunta desde 2012 no llegó cuando el paro efectivo se estancaba, ni cuando el salario modal se hundía, ni cuando España caía al último puesto europeo en flexibilidad laboral. Llegó dos semanas antes de unas elecciones generales. Eso no es defensa de los trabajadores, sino tacticismo político al servicio de quien les financia. El fracaso de las políticas de empleo de Sánchez tiene responsables, y los que han callado durante ocho años a cambio de dinero público también forman parte de él.
UGT y CC OO no han levantado la voz ni una vez en ocho años. Hace mucho ya que dejaron de defender a los trabajadores y se convirtieron en aparatos de propaganda del PSOE y la ultraizquierda
El engaño del paro oculto demuestra que los sindicatos UGT y CCOO hace mucho que dejaron de defender a los trabajadores para convertirse en aparatos de propaganda del PSOE y la ultraizquierda. No olvidemos que, en un documento llamado “los errores de la reforma laboral de 2012 para la juventud de hoy”, UGT denunciaba a los fijos discontinuos como mecanismo de precariedad institucional, CCOO decía en 2016-17 que los fijos discontinuos sustituyen «temporalidad por parcialidad indefinida como fórmula de flexibilidad» y “desempleo oculto”. Pues bien, en enero de 2019, la cifra de demandantes de empleo “con relación laboral” era de 280.389. En septiembre de 2026, la cifra es de 802.600, casi el triple. Los sindicatos UGT y CCOO, callados.
Durante ocho años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vendido una historia de éxito laboral basada en récords de afiliación, una reforma laboral presentada como histórica y subidas del salario mínimo anunciadas como conquistas sociales. Durante esos mismos ocho años, CCOO y UGT han acompañado el relato sin una sola huelga general. La realidad que reflejan los datos es muy distinta. España sigue siendo el farolillo rojo del empleo en Europa, y quienes deberían haberlo denunciado han preferido cobrar y callar.
El punto de partida es el desempleo. España cerró 2025 con una tasa de paro del 10,5%, frente al 6% de la media europea, según el estudio «España, farolillo rojo del empleo en Europa», de Diego Sánchez de la Cruz para el Instituto Juan de Mariana. La última Encuesta de Población Activa del INE sitúa la tasa en el 10,18% en el tercer trimestre de 2026, 31 centésimas más que en el trimestre anterior, con 2.591.100 parados. En octubre, el paro registrado subió en 43.128 personas según los datos del Ministerio de Trabajo, lo que supone el mayor aumento en ese mes desde 2020, y en términos desestacionalizados creció en 9.405 personas. La caída interanual se ha reducido a solo 21.133 desempleados.
Fracaso estadístico
El primer fracaso es estadístico. La reforma laboral de 2021 multiplicó los contratos fijos discontinuos, y cuando estos trabajadores están sin actividad no cuentan como parados. El informe del Instituto Juan de Mariana calcula que en septiembre de 2026 había 802.600 demandantes de empleo con relación laboral excluidos del paro registrado. Entre 2019 y 2025, el paro oficial bajó en 755.000 personas, pero al incorporar a este colectivo la mejora se queda en apenas 163.000, casi un 80% menos. Buena parte de la supuesta transformación del mercado laboral ha consistido en cambiar la etiqueta de los desempleados, y los sindicatos que presumen de defender a los trabajadores han aplaudido el cambio de nombre.
Fracaso salarial
El segundo fracaso es salarial. Desde 2018, el salario mínimo ha pasado de 736 a 1.221 euros mensuales, un 66% más. En términos reales, el SMI ha aumentado un 29%, mientras que el salario modal, el que cobra un mayor número de trabajadores, ha caído un 18,5%. El mínimo de 2026 ya supera el salario más frecuente de 2024. El informe estima que estas subidas han destruido o impedido crear hasta 238.000 empleos. El Gobierno ha convertido el salario mínimo en el salario de referencia de millones de españoles mientras la inflación, los impuestos y las cotizaciones erosionaban la renta disponible de la clase media trabajadora. Los salarios de convenio, que negocian precisamente CCOO y UGT, perdieron un 5,4% de poder adquisitivo entre 2021 y 2025, sin que las centrales movieran un dedo.
Fracaso estructural
El tercer fracaso es estructural. España ocupa el último lugar, el 27 de 27, en el Índice de Flexibilidad Laboral de la Unión Europea, con una puntuación de 1,9 sobre 10 frente a una media comunitaria de 5,21. Un mercado de trabajo rígido castiga sobre todo a quienes están fuera, que son los jóvenes, los parados de larga duración y los trabajadores menos cualificados. La alternativa es evidente. Converger con la tasa de paro media europea supondría 1,1 millones de ocupados más y una mejora presupuestaria equivalente al 1,2% del PIB sin subir un solo impuesto.
Fracaso por el absentismo
El cuarto fracaso es el absentismo. Cada día faltan a su puesto de trabajo 1,6 millones de asalariados, de los cuales 1,2 millones están de baja médica, con un coste económico estimado de hasta 129.000 millones de euros, el 8,1% del PIB. Es un problema que afecta a la productividad, a las cuentas de la Seguridad Social y a la competitividad de las pymes, y que el Gobierno ha preferido ignorar para no incomodar a sus socios sindicales.
Ante este balance, cabría esperar que los sindicatos fueran la primera voz crítica. No lo han sido, y los números explican por qué. CCOO y UGT recibieron, junto con sus organizaciones, 106,1 millones de euros de dinero público en 2025, y desde 2022 acumulan 511,6 millones, el 86% de todas las subvenciones a sindicatos en ese periodo. Las aportaciones del Ministerio de Trabajo han pasado de 8,9 a 32 millones anuales desde 2020, un 260% más, y por esta vía las centrales reciben con Sánchez un 70% más que con Rajoy. El Estado les cede además 505 pisos y locales valorados en unos 400 millones de euros y paga su IBI, mientras el Plan de Recuperación destina otros 98,2 millones de fondos europeos a rehabilitar 42 edificios del patrimonio sindical. Solo los 68 edificios completos cedidos suman 173.149 metros cuadrados, que podrían convertirse en unas 1.850 viviendas asequibles en plena crisis de la vivienda.
El coste de las horas sindicales
A ello se suma el coste de la representación sindical en las empresas. Las horas sindicales de los 320.882 delegados existentes equivalen al trabajo de 44.000 empleados a tiempo completo, con un coste anual cercano a los 1.900 millones de euros. Y todo ello para unas organizaciones que solo tienen afiliado a uno de cada diez asalariados y que dependen de las subvenciones para el 35% de los ingresos de la confederación de CCOO y el 43% de los de UGT. Un sindicato que obtiene casi la mitad de sus ingresos del presupuesto público difícilmente va a enfrentarse al Gobierno que firma las transferencias.
Por eso su primera huelga general conjunta desde 2012 no llegó cuando el paro efectivo se estancaba, ni cuando el salario modal se hundía, ni cuando España caía al último puesto europeo en flexibilidad laboral. Llegó dos semanas antes de unas elecciones generales. Eso no es defensa de los trabajadores, sino tacticismo político al servicio de quien les financia. El fracaso de las políticas de empleo de Sánchez tiene responsables, y los que han callado durante ocho años a cambio de dinero público también forman parte de él.
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