El Gobierno sigue empeñado en seguir la ruta del decretazo para aprobar reformas que se habían quedado enquistadas en el Parlamento y ha aprobado una minireforma laboral sobre transparencia salarial, que pretende reforzar el derecho de información de los trabajadores sobre su contrato y mejorar la detección de la brecha retributiva de género y los mecanismos para su reparación. «Se acabó el secreto salarial en las empresas», ha espetado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su habitual tono desafiante cuando presenta nuevas medidas impulsadas por si Departamento. Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que ha explicado que la norma incluye «por primera vez la indemnidad expresa» que protege a los trabajadores frente a represalias derivadas de reclamar sus derechos laborales. Además, eleva sanciones a las empresas que no informen de datos esenciales de los contratos de su plantilla y se incluye la prohibición de preguntar el sueldo previo en entrevistas
Para llevarlo a cabo, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para transponer las directivas europeas de condiciones laborales transparentes y previsibles y de transparencia retributiva, por el que se endurece el régimen sancionador por incumplimientos de obligaciones en contratos y planes laborales, por falta de igualdad o por no facilitar a los solicitantes de empleo la información exigida. Los incumplimientos de la empresa podrán sancionarse con hasta 7.500 euros por trabajador, frente al límite máximo actual de 750 euros.
Esta norma reconoce el derecho de los trabajadores a conocer los criterios que se utilizan para determinar las retribuciones y los niveles retributivos aplicables a los distintos puestos de trabajo o categorías profesionales. Además, las empresas de más de 50 empleados deberán informar de los criterios de progresividad retributiva. Los trabajadores tendrán el derecho a solicitar y recibir por escrito, en el plazo máximo de dos meses, información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, en los grupos, categorías o niveles retributivos de las personas trabajadoras que realicen su mismo trabajo o uno de igual valor. La reforma extiende las exigencias de transparencia a la fase de acceso al empleo, con el fin de prevenir posibles situaciones de discriminación y contribuir a reducir las brechas estructurales de género.
La norma, que deberá ser convalidada en la Diputación Permanente del Congreso, modifica la Ley de Sanciones e Infracciones en el Orden Social (LISOS) para que pasen a considerarse infracciones muy graves las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción ante una reclamación extrajudicial o judicial, así como la solicitud de datos prohibidos o personales en procesos de intermediación o colocación y las decisiones constitutivas de discriminación en el acceso al empleo.
Las empresas podrían pagar hasta 7.500 euros por trabajador. La ministra Díaz, en su línea: «Se acabó el secreto salarial en las empresas»
El Gobierno sigue empeñado en seguir la ruta del decretazo para aprobar reformas que se habían quedado enquistadas en el Parlamento y ha aprobado una minireforma laboral sobre transparencia salarial, que pretende reforzar el derecho de información de los trabajadores sobre su contrato y mejorar la detección de la brecha retributiva de género y los mecanismos para su reparación. «Se acabó el secreto salarial en las empresas», ha espetado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su habitual tono desafiante cuando presenta nuevas medidas impulsadas por si Departamento. Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que ha explicado que la norma incluye «por primera vez la indemnidad expresa» que protege a los trabajadores frente a represalias derivadas de reclamar sus derechos laborales. Además, eleva sanciones a las empresas que no informen de datos esenciales de los contratos de su plantilla y se incluye la prohibición de preguntar el sueldo previo en entrevistas
Para llevarlo a cabo, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para transponer las directivas europeas de condiciones laborales transparentes y previsibles y de transparencia retributiva, por el que se endurece el régimen sancionador por incumplimientos de obligaciones en contratos y planes laborales, por falta de igualdad o por no facilitar a los solicitantes de empleo la información exigida. Los incumplimientos de la empresa podrán sancionarse con hasta 7.500 euros por trabajador, frente al límite máximo actual de 750 euros.
Esta norma reconoce el derecho de los trabajadores a conocer los criterios que se utilizan para determinar las retribuciones y los niveles retributivos aplicables a los distintos puestos de trabajo o categorías profesionales. Además, las empresas de más de 50 empleados deberán informar de los criterios de progresividad retributiva. Los trabajadores tendrán el derecho a solicitar y recibir por escrito, en el plazo máximo de dos meses, información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, en los grupos, categorías o niveles retributivos de las personas trabajadoras que realicen su mismo trabajo o uno de igual valor. La reforma extiende las exigencias de transparencia a la fase de acceso al empleo, con el fin de prevenir posibles situaciones de discriminación y contribuir a reducir las brechas estructurales de género.
La norma, que deberá ser convalidada en la Diputación Permanente del Congreso, modifica la Ley de Sanciones e Infracciones en el Orden Social (LISOS) para que pasen a considerarse infracciones muy graves las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción ante una reclamación extrajudicial o judicial, así como la solicitud de datos prohibidos o personales en procesos de intermediación o colocación y las decisiones constitutivas de discriminación en el acceso al empleo.
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