Un trabajador por cuenta propia que cambie de software de facturación puede necesitar consultar las facturas emitidas durante años, lo que plantea qué hacer con la aplicación anterior cuando empiecen a aplicarse los nuevos requisitos técnicos, pues conservar los datos no equivale a poder seguir utilizando la herramienta para expedir documentos.
La Ley General Tributaria contempla una sanción fija de 50.000 euros por ejercicio por la posesión de determinados sistemas que incumplan las exigencias legales, y la Agencia Tributaria ha precisado que, en el caso de un programa antiguo, el riesgo depende de si mantiene la capacidad de facturar una vez que el contribuyente esté obligado a usar un sistema adaptado.
Instalar una solución nueva no resuelve por sí solo la situación del programa anterior, ya que, si este continúa operativo para expedir facturas después de la fecha aplicable, su mera posesión puede dar lugar a la infracción, incluso aunque el negocio afirme que ya no lo utiliza habitualmente.
La diferencia entre conservar datos y poder facturar
La aclaración figura en las preguntas frecuentes de la Agencia Tributaria sobre los sistemas informáticos de facturación, donde, ante la consulta de si debe eliminarse el programa usado hasta 2026 para guardar el histórico, Hacienda responde «No necesariamente» y permite mantenerlo si puede acreditarse que ya no sirve para emitir facturas y se emplea exclusivamente para conservar o consultar las anteriores.
La Administración señala dos formas de impedir nuevas emisiones, desinstalar el programa o modificarlo de manera que esa función quede inutilizada a partir de una fecha, y considera aconsejable exportar los registros históricos para evitar depender del software antiguo y facilitar que se pueda prescindir de la aplicación anterior.
Según explicó el medio especializado Autónomos y Emprendedores al informar de esta respuesta, la preocupación de muchos negocios era tener que borrar años de información al sustituir su herramienta de facturación, pero la contestación de la Agencia separa expresamente el archivo de facturas pasadas de la posibilidad técnica de emitir otras nuevas, que es la condición decisiva para valorar la posesión del programa.
La FAQ oficial advierte de que, si se detecta un sistema no adaptado que conserve esa capacidad tras el inicio de la obligación, «con su mera tenencia se estaría cometiendo la infracción», aunque añade que una eventual sanción exige valorar antes el comportamiento y la responsabilidad del obligado, por lo que el importe no se impone de forma automática al encontrar un programa instalado.
Plazos y alternativas para el cambio
El calendario que publica actualmente la Agencia Tributaria fija el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados, incluidos los autónomos que desarrollan actividades económicas y tributan por IRPF, y hasta la fecha que corresponda la propia FAQ permite seguir facturando con un sistema antiguo no adaptado durante el periodo previo de pruebas.
La obligación se refiere a los sistemas informáticos utilizados para expedir facturas, incluidas las simplificadas, por quienes están sujetos al reglamento, y sus registros deben reunir garantías de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, mientras que la modalidad denominada VERI*FACTU remite además los registros a la Agencia Tributaria al emitir cada factura, aunque existe otra que no hace ese envío inmediato.
Para quien necesite cambiar de herramienta, Hacienda plantea consultar al fabricante por una versión actualizada, contratar un sistema adaptado de otro proveedor o utilizar su aplicación gratuita si cubre las necesidades del negocio, y en cualquiera de esas opciones el histórico puede conservarse, aunque conviene separar su consulta de una aplicación antigua capaz de continuar emitiendo facturas cuando venza el plazo legal.
Los negocios podrán conservar sus facturas anteriores, pero tendrán que acreditar que el programa con el que las emitieron ya no permite crear otras nuevas cuando les alcance la obligación
Un trabajador por cuenta propia que cambie de software de facturación puede necesitar consultar las facturas emitidas durante años, lo que plantea qué hacer con la aplicación anterior cuando empiecen a aplicarse los nuevos requisitos técnicos, pues conservar los datos no equivale a poder seguir utilizando la herramienta para expedir documentos.
La Ley General Tributaria contempla una sanción fija de 50.000 euros por ejercicio por la posesión de determinados sistemas que incumplan las exigencias legales, y la Agencia Tributaria ha precisado que, en el caso de un programa antiguo, el riesgo depende de si mantiene la capacidad de facturar una vez que el contribuyente esté obligado a usar un sistema adaptado.
Instalar una solución nueva no resuelve por sí solo la situación del programa anterior, ya que, si este continúa operativo para expedir facturas después de la fecha aplicable, su mera posesión puede dar lugar a la infracción, incluso aunque el negocio afirme que ya no lo utiliza habitualmente.
La diferencia entre conservar datos y poder facturar
La aclaración figura en las preguntas frecuentes de la Agencia Tributaria sobre los sistemas informáticos de facturación, donde, ante la consulta de si debe eliminarse el programa usado hasta 2026 para guardar el histórico, Hacienda responde «No necesariamente» y permite mantenerlo si puede acreditarse que ya no sirve para emitir facturas y se emplea exclusivamente para conservar o consultar las anteriores.
La Administración señala dos formas de impedir nuevas emisiones, desinstalar el programa o modificarlo de manera que esa función quede inutilizada a partir de una fecha, y considera aconsejable exportar los registros históricos para evitar depender del software antiguo y facilitar que se pueda prescindir de la aplicación anterior.
Según explicó el medio especializado Autónomos y Emprendedores al informar de esta respuesta, la preocupación de muchos negocios era tener que borrar años de información al sustituir su herramienta de facturación, pero la contestación de la Agencia separa expresamente el archivo de facturas pasadas de la posibilidad técnica de emitir otras nuevas, que es la condición decisiva para valorar la posesión del programa.
La FAQ oficial advierte de que, si se detecta un sistema no adaptado que conserve esa capacidad tras el inicio de la obligación, «con su mera tenencia se estaría cometiendo la infracción», aunque añade que una eventual sanción exige valorar antes el comportamiento y la responsabilidad del obligado, por lo que el importe no se impone de forma automática al encontrar un programa instalado.
Plazos y alternativas para el cambio
El calendario que publica actualmente la Agencia Tributaria fija el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados, incluidos los autónomos que desarrollan actividades económicas y tributan por IRPF, y hasta la fecha que corresponda la propia FAQ permite seguir facturando con un sistema antiguo no adaptado durante el periodo previo de pruebas.
La obligación se refiere a los sistemas informáticos utilizados para expedir facturas, incluidas las simplificadas, por quienes están sujetos al reglamento, y sus registros deben reunir garantías de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, mientras que la modalidad denominada VERI*FACTU remite además los registros a la Agencia Tributaria al emitir cada factura, aunque existe otra que no hace ese envío inmediato.
Para quien necesite cambiar de herramienta, Hacienda plantea consultar al fabricante por una versión actualizada, contratar un sistema adaptado de otro proveedor o utilizar su aplicación gratuita si cubre las necesidades del negocio, y en cualquiera de esas opciones el histórico puede conservarse, aunque conviene separar su consulta de una aplicación antigua capaz de continuar emitiendo facturas cuando venza el plazo legal.
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