“Soy un fiscal que se inquieta por los ciudadanos. Cualquiera puede recibir un balazo”. El fiscal del Rey en Bruselas, Julien Moinil, no se ha andado con rodeos al denunciar este viernes la preocupante situación de violencia que arrastra la capital belga, donde en lo que va de año se han registrado ya 69 tiroteos ligados al tráfico de drogas, siete de ellos en la última semana. Desde 2025, la cifra ronda los 170 sucesos de ese tipo, a los que hay que sumar dos decenas de explosiones.
El fiscal del Rey advierte de la inseguridad provocada por los múltiples tiroteos ligados a disputas entre bandas de narcotraficantes y reclama más medios
“Soy un fiscal que se inquieta por los ciudadanos. Cualquiera puede recibir un balazo”. El fiscal del Rey en Bruselas, Julien Moinil, no se ha andado con rodeos al denunciar este viernes la preocupante situación de violencia que arrastra la capital belga, donde en lo que va de año se han registrado ya 69 tiroteos ligados al tráfico de drogas, siete de ellos en la última semana. Desde 2025, la cifra ronda los 170 sucesos de ese tipo, a los que hay que sumar dos decenas de explosiones.
De ahí la frustrante sensación de déjà vu. Cada año desde hace al menos dos, Bruselas suma un nuevo récord de violencia vinculada a rivalidades entre bandas narcotraficantes. Y 2026 no tiene visos de cambiar, según ha reconocido en rueda de prensa el alto funcionario judicial, que hace un año intentó declarar la guerra a las bandas que se disputan el territorio de venta de drogas y que no parecen amilanarse ante nada.
Uno de los ataques que más ha impactado en los últimos días es el sufrido el fin de semana pasado en una comisaría de la comuna de Anderlecht, contra la que dos hombres encapuchados dispararon una docena de veces con un arma automática. Aunque no dejó heridos, este incidente ha sido ampliamente denunciado como un acto “inaceptable”, como lo calificó el ministro del Interior, Bernard Quintin. “Fue un ataque directo contra el Estado”, lo ha calificado también Moinil.
Pese a las unánimes condenas políticas, desde entonces Bruselas ha sufrido varios tiroteos más en zonas públicas de la ciudad, incluido uno registrado la tarde del lunes en una plaza de la comuna de Saint-Gilles, que obligó a los comensales de una pizzería aledaña a tirarse al suelo, y que dejó grandes impactos de bala en el asfalto y hasta en la ventana del dormitorio de un vecino. El año pasado, en esa misma comuna, otro tiroteo dejó impactos de bala en una escuela.
“¿Va a acabar esto? No lo creo. ¿Se va a calmar la situación? No. ¿Hay riesgo de que se produzcan más tiroteos? Sí. ¿Es peligroso para los ciudadanos? Sí. El desafío es enorme, ha advertido Moinil, para quien para frenar esta tendencia hacen falta tanto recursos adicionales como una mayor cooperación internacional para detener a los cabecillas de las bandas que se enfrentan en las calles de la capital belga, de poco más de 1,2 millones de habitantes pero que alberga la sede del Consejo Europeo, el Ejecutivo comunitario y la Eurocámara.
“Mientras no neutralicemos a los cabecillas de las redes, que están en el extranjero, esta oleada de violencia va a continuar”, ha subrayado el fiscal, quien hace prácticamente un año hizo una comparecencia similar ante la prensa para reclamar, precisamente, más medios judiciales. Doce meses después, ha denunciado, siguen sin llegar: solo en la policía judicial faltan más de 80 investigadores. También las autoridades locales han reclamado en los pasados días más agentes, una petición que el ministro del Interior se comprometió el miércoles pasado a cumplir.
El fiscal de Bruselas ha criticado además la situación en las prisiones, donde los líderes de las bandas arrestados continúan dirigiendo las operaciones desde sus celdas, así como la dificultad de procesar a la mayoría de los atacantes, muchos de ellos en situación irregular y menores de edad. Pese a todo, Moinil ha defendido los esfuerzos policiales y de la justicia, que desde el año pasado han redundado en la detención y condena de 93 autores materiales o instigadores principales, así como otros 14 menores, sobre todo belgas y franceses reclutados, ha indicado, a través de las redes sociales o a través de alianzas entre redes criminales de los dos países.
En comparación con el número de actos violentos, a menudo perpetrados en lugares públicos y con potentes armas automáticas —como el incidente de febrero de 2025, cuando dos jóvenes salieron de una céntrica estación de metro, dispararon aleatoriamente fusiles tipo Kaláshnikov y luego huyeron otra vez por los túneles subterráneos—, las cifras de víctimas son relativamente bajas: en 2025, año récord hasta ahora, fueron ocho las víctimas mortales y 43 personas más resultaron heridas.
Con todo, como ha dejado claro el fiscal, la población civil no está a salvo. “La violencia relacionada con las drogas en Bruselas puede afectar a cualquiera, incluidas víctimas inocentes”, ha deslizado al tiempo que destacaba el caso de un ciudadano que quedó parapléjico en abril a resultas de un tiroteo en Sint-Joost-ten-Node, en pleno centro de la ciudad. A finales de julio, otro peatón resultó herido en un brazo durante un nuevo tiroteo en la comuna de Molenbeek.
Tras las renovadas alertas y protestas de los últimos días, tanto de autoridades locales como de la propia ciudadanía, el primer ministro, Bart De Wever, recién regresado de sus vacaciones estivales, ha celebrado este viernes una reunión del Comité de Coordinación de Inteligencia y Seguridad (CCRS), el organismo encargado de elaborar propuestas estratégicas y coordinar la aplicación de las prioridades en materia de seguridad establecidas por el Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Este órgano será convocado, a su vez, en los próximos días para tomar decisiones sobre la situación de violencia por el narcotráfico, según ha adelantado el diario Le Soir.
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