La deuda pública se ha convertido ya en el mayor lastre para las generaciones venideras, después de que haya crecido de forma exponencial desde que Pedro Sánchez accedió al Gobierno tras una moción de censura a Mariano Rajoy, para marcar hoy un nuevo récord histórico en 1,74 billones, un 4,3% más que un año antes, después de sumar 72.322 millones de euros en el último año y 16.213 millones solo respecto a febrero, un 0,9% de ascenso. El alivio en términos porcentuales hasta el 101,6% del PIB, 1,7 puntos porcentuales menos, no oculta la verdadera dimensión del agujero de las finanzas públicas. Los datos oficiales del Banco de España revelan que, desde junio de 2018, primer mes de gobierno de Sánchez, la deuda pública se ha incrementado en 724.000 millones de euros, lo que significa que cada español ha sumado a su mochila deudora 14.626 euros en poco más de ocho años.
En el caso de la deuda pública per cápita por años completos –la que corresponde al importe que resulta de repartir la deuda del Estado entre la población—, esta ha pasado desde los 25.774 euros por habitante del cierre de 2018 hasta los 34.259 euros en diciembre de 2025, un incremento que roza los 9.000 euros que estaría obligado a aportar cada español para poder pagarla. Es decir, que cada ciudadano ha asumido una carga fiscal por habitante de casi 6.600 euros, unos 2.300 euros adicionales por persona en el periodo del Gobierno de coalición PSOE-Sumar.
El mayor volumen de deuda corresponde al Estado –el que depende directamente del Gobierno central–, con 1,59 billones, lo que representa el 91,4% del total, un 1% por encima de febrero y equivalente a 16.100 millones más, que se traduce en un aumento del 4,7%, que son 71.327 millones en términos interanuales, alcanzando ya el 92,9% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 33.621 millones (2% del PIB), que representa una disminución del 5,8% respecto al mismo dato del año anterior.
En términos relativos, el Ejecutivo espera que este año la ratio de deuda pública se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo de la barrera del 100% un año antes, ya que estaba fijado para final de esta legislatura. Sin embargo, el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo presentado en Bruselas recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, pero no especifica cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas, marcado en 2040. Un objetivo que expertos y analistas consultados dudan de que se alcance al presente ritmo.
La Seguridad Social apenas redujo su deuda en tres millones respecto al mes precedente, hasta los 136.178 millones, pero en términos interanuales la incrementó en 10.004 millones (+7,9%), equivalente al 8% del PIB. Según el supervisor bancario, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario, principalmente provocado por el deficitario sistema de pensiones, que no es capaz de autofinanciarse pese al incremento exponencial de las cotizaciones del trabajo.
Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 346.849 millones de euros, un máximo histórico, equivalente a un 20,3% del PIB, con una variación interanual del 2,6%. Por su parte, las corporaciones locales registraron el menor montante de deuda de todas las administraciones, con 20.723 millones en el tercer mes del año. En este caso, a diferencia del Estado y las comunidades autónomas, los ayuntamientos redujeron la deuda respecto a febrero en 106 millones, un 0,5%.
El agujero ha aumentado en 72.300 millones de euros en un año. Cada español debe 14.626 euros más que en 2018. La Seguridad Social suma 136.178 millones de pasivo. La deuda se modera al 101,6% del PIB en marzo, pero alcanza un máximo de 1,74 billones
La deuda pública se ha convertido ya en el mayor lastre para las generaciones venideras, después de que haya crecido de forma exponencial desde que Pedro Sánchez accedió al Gobierno tras una moción de censura a Mariano Rajoy, para marcar hoy un nuevo récord histórico en 1,74 billones, un 4,3% más que un año antes, después de sumar 72.322 millones de euros en el último año y 16.213 millones solo respecto a febrero, un 0,9% de ascenso. El alivio en términos porcentuales hasta el 101,6% del PIB, 1,7 puntos porcentuales menos, no oculta la verdadera dimensión del agujero de las finanzas públicas. Los datos oficiales del Banco de España revelan que, desde junio de 2018, primer mes de gobierno de Sánchez, la deuda pública se ha incrementado en 724.000 millones de euros, lo que significa que cada español ha sumado a su mochila deudora 14.626 euros en poco más de ocho años.
En el caso de la deuda pública per cápita por años completos –la que corresponde al importe que resulta de repartir la deuda del Estado entre la población—, esta ha pasado desde los 25.774 euros por habitante del cierre de 2018 hasta los 34.259 euros en diciembre de 2025, un incremento que roza los 9.000 euros que estaría obligado a aportar cada español para poder pagarla. Es decir, que cada ciudadano ha asumido una carga fiscal por habitante de casi 6.600 euros, unos 2.300 euros adicionales por persona en el periodo del Gobierno de coalición PSOE-Sumar.
El mayor volumen de deuda corresponde al Estado –el que depende directamente del Gobierno central–, con 1,59 billones, lo que representa el 91,4% del total, un 1% por encima de febrero y equivalente a 16.100 millones más, que se traduce en un aumento del 4,7%, que son 71.327 millones en términos interanuales, alcanzando ya el 92,9% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 33.621 millones (2% del PIB), que representa una disminución del 5,8% respecto al mismo dato del año anterior.
En términos relativos, el Ejecutivo espera que este año la ratio de deuda pública se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo de la barrera del 100% un año antes, ya que estaba fijado para final de esta legislatura. Sin embargo, el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo presentado en Bruselas recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, pero no especifica cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas, marcado en 2040. Un objetivo que expertos y analistas consultados dudan de que se alcance al presente ritmo.
La Seguridad Social apenas redujo su deuda en tres millones respecto al mes precedente, hasta los 136.178 millones, pero en términos interanuales la incrementó en 10.004 millones (+7,9%), equivalente al 8% del PIB. Según el supervisor bancario, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario, principalmente provocado por el deficitario sistema de pensiones, que no es capaz de autofinanciarse pese al incremento exponencial de las cotizaciones del trabajo.
Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 346.849 millones de euros, un máximo histórico, equivalente a un 20,3% del PIB, con una variación interanual del 2,6%. Por su parte, las corporaciones locales registraron el menor montante de deuda de todas las administraciones, con 20.723 millones en el tercer mes del año. En este caso, a diferencia del Estado y las comunidades autónomas, los ayuntamientos redujeron la deuda respecto a febrero en 106 millones, un 0,5%.
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