La abogada especializada en incapacidad permanente y negligencias médicas, Marina Alaminos, ha advertido en innumerables ocasiones de la tendencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social a denegar el reconocimiento de un grado de incapacidad a pesar de que el trabajador presente limitaciones que le impiden llevar a cabo su actividad laboral, como le ocurrió a uno de sus clientes.
Andrés acudió a su bufete de abogados después de que el INSS rechazara su solicitud de incapacidad permanente. Profesor de autoescuela de profesión, su jornada laboral se basaba en estar atento a todos los elementos que sus alumnos aún no eran capaces de detectar. El paso repentino de un peatón por la calzada o un semáforo que cambiaba en último momento, debía estar pendiente de todo para evitar accidentes y corregir a sus estudiantes.
Sin embargo, como explica Alaminos, un día sufrió un desprendimiento de retina. A pesar de que los médicos decidieron intervenirle, este episodio le provocó la pérdida de la visión de uno de sus ojos. Y, «de repente, todo aquello que llevaba años haciendo de forma automática empezó a ser diferente», aseguró la abogada. Pues, aunque logró adaptar su rutina personal, las tareas que llevaba a cabo en su jornada le resultaban imposibles.
El INSS le denegó la incapacidad
Debido a esto, decidió coger la baja médica, con la intención de enfocarse en su recuperación y tratar de recuperar parte de su visión. Aunque durante los tratamientos su ojo empezó a responder y volvió un poco de su visión, esta no era suficiente para volver a meterse en el asiento del copiloto y volver a estar pendiente de todos los peligros para los que sus alumnos no estaban preparados para responder.
En sus informes médicos aparecía reflejada la reducida capacidad visual con la que tenía que convivir Andrés y, según explica la letrada, estaba claro que no podía volver a su trabajo y «permitirse no ver algo a tiempo». Por ello, decidió agotar el período máximo de su baja, dejándole la responsabilidad al INSS de valorar su caso y otorgarle la incapacidad permanente. Sin embargo, y para sorpresa del trabajador, la decisión fue negativa.
Fue entonces cuando decidió acudir a una abogada especializada, Marina Alaminos, para que evaluara su caso y presentara una reclamación ante la entidad. Cuando la letrada estudió el caso, comprendió que lo que necesitaba era la incapacidad permanente total. «El problema no era únicamente que Andrés hubiera perdido visión, sino qué exigía su profesión», aseguró. Pues la actividad laboral de su cliente requería de «capacidad visual y reacción constante y Andrés ya no podía garantizarla».
Volver al trabajo suponía un riesgo para su seguridad y la de sus alumnos
En la reclamación, el equipo de abogados alegó que el INSS no había prestado atención a las necesidades de su puesto laboral, las cuales resultaban incompatibles con la pérdida visual que presentaba su cliente. A pesar de ello, la entidad se mantuvo firme en su decisión y volvió a denegar la solicitud. Fue entonces cuando decidieron acudir al Juzgado de lo Social.
En el juicio, Alaminos decidió centrarse en las limitaciones de su cliente. No trataba de demostrar que este no podría volver a trabajar, sino que «podía desenvolverse en muchas actividades, pero eso no significaba que pudiera ejercer como profesor de autoescuela», pues ahí ya no solo ponía en riesgo su propia seguridad, sino también la de sus alumnos y el resto de conductores y peatones.
La jueza le otorgó una pensión del 55% de la base reguladora
La jueza comprendió que la pérdida de visión de Andrés no le permitía volver a llevar a cabo su actividad laboral habitual sin poner en riesgo la integridad de sus alumnos y del resto de usuarios de la vía pública. Por ello decidió reconocerle la incapacidad permanente total para su profesión como profesor de autoescuela, con su correspondiente pensión del 55% de la base reguladora.
Pues, como recuerda la abogada, «desenvolverte en tu vida cotidiana no significa necesariamente que puedas volver a tu profesión«. Una incapacidad permanente total se otorga cuando el trabajador presenta limitaciones, a causa de una enfermedad o accidente, que le inhabilitan para llevar a cabo su actividad laboral habitual, pero no le impiden realizar otro trabajo acorde a su situación.
El INSS no tuvo en cuenta la incompatibilidad de su pérdida de visión con sus tareas habituales como instructor de conducción y el riesgo que esto suponía tanto para su cliente como para el resto de usuarios de la vía pública
La abogada especializada en incapacidad permanente y negligencias médicas, Marina Alaminos, ha advertido en innumerables ocasiones de la tendencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social a denegar el reconocimiento de un grado de incapacidad a pesar de que el trabajador presente limitaciones que le impiden llevar a cabo su actividad laboral, como le ocurrió a uno de sus clientes.
Andrés acudió a su bufete de abogados después de que el INSS rechazara su solicitud de incapacidad permanente. Profesor de autoescuela de profesión, su jornada laboral se basaba en estar atento a todos los elementos que sus alumnos aún no eran capaces de detectar. El paso repentino de un peatón por la calzada o un semáforo que cambiaba en último momento, debía estar pendiente de todo para evitar accidentes y corregir a sus estudiantes.
Sin embargo, como explica Alaminos, un día sufrió un desprendimiento de retina. A pesar de que los médicos decidieron intervenirle, este episodio le provocó la pérdida de la visión de uno de sus ojos. Y, «de repente, todo aquello que llevaba años haciendo de forma automática empezó a ser diferente», aseguró la abogada. Pues, aunque logró adaptar su rutina personal, las tareas que llevaba a cabo en su jornada le resultaban imposibles.
El INSS le denegó la incapacidad
Debido a esto, decidió coger la baja médica, con la intención de enfocarse en su recuperación y tratar de recuperar parte de su visión. Aunque durante los tratamientos su ojo empezó a responder y volvió un poco de su visión, esta no era suficiente para volver a meterse en el asiento del copiloto y volver a estar pendiente de todos los peligros para los que sus alumnos no estaban preparados para responder.
En sus informes médicos aparecía reflejada la reducida capacidad visual con la que tenía que convivir Andrés y, según explica la letrada, estaba claro que no podía volver a su trabajo y «permitirse no ver algo a tiempo». Por ello, decidió agotar el período máximo de su baja, dejándole la responsabilidad al INSS de valorar su caso y otorgarle la incapacidad permanente. Sin embargo, y para sorpresa del trabajador, la decisión fue negativa.
Fue entonces cuando decidió acudir a una abogada especializada, Marina Alaminos, para que evaluara su caso y presentara una reclamación ante la entidad. Cuando la letrada estudió el caso, comprendió que lo que necesitaba era la incapacidad permanente total. «El problema no era únicamente que Andrés hubiera perdido visión, sino qué exigía su profesión», aseguró. Pues la actividad laboral de su cliente requería de «capacidad visual y reacción constante y Andrés ya no podía garantizarla».
Volver al trabajo suponía un riesgo para su seguridad y la de sus alumnos
En la reclamación, el equipo de abogados alegó que el INSS no había prestado atención a las necesidades de su puesto laboral, las cuales resultaban incompatibles con la pérdida visual que presentaba su cliente. A pesar de ello, la entidad se mantuvo firme en su decisión y volvió a denegar la solicitud. Fue entonces cuando decidieron acudir al Juzgado de lo Social.
En el juicio, Alaminos decidió centrarse en las limitaciones de su cliente. No trataba de demostrar que este no podría volver a trabajar, sino que «podía desenvolverse en muchas actividades, pero eso no significaba que pudiera ejercer como profesor de autoescuela», pues ahí ya no solo ponía en riesgo su propia seguridad, sino también la de sus alumnos y el resto de conductores y peatones.
La jueza le otorgó una pensión del 55% de la base reguladora
La jueza comprendió que la pérdida de visión de Andrés no le permitía volver a llevar a cabo su actividad laboral habitual sin poner en riesgo la integridad de sus alumnos y del resto de usuarios de la vía pública. Por ello decidió reconocerle la incapacidad permanente total para su profesión como profesor de autoescuela, con su correspondiente pensión del 55% de la base reguladora.
Pues, como recuerda la abogada, «desenvolverte en tu vida cotidiana no significa necesariamente que puedas volver a tu profesión«. Una incapacidad permanente total se otorga cuando el trabajador presenta limitaciones, a causa de una enfermedad o accidente, que le inhabilitan para llevar a cabo su actividad laboral habitual, pero no le impiden realizar otro trabajo acorde a su situación.
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