De entre los múltiples frentes que el sector de la construcción tiene abiertos en estos momentos, el del abuso de medios propios por parte de las administraciones públicas para ejecutar obras públicas es uno de los que más preocupan al sector. En determinadas circunstancias, como una actuación de emergencia por una catástrofe natural como la dana, las administraciones recurren a lo que se denomina medios propios, compañías controladas también por la administración –Tragsa es la más conocida– y a las que pueden adjudicar los trabajos de forma directa y sin licitación. El proceso agiliza así los plazos, pero a costa de menos controles.
Ocurre, según denuncian las empresas, que en los últimos tiempos, el recurso a estos medios ha crecido de forma a su juicio injustificada, como ha denunciado la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en sendas cartas que envió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio de Hacienda que entonces dirigía María Jesús Montero a principios de año.
En las misivas, la CNC reclamaba a Moncloa medidas para poner coto al uso del recurso en situaciones que no lo justifiquen sin recibir respuesta alguna. Pero ahora, a la patronal constructora se le ha abierto una ventana de oportunidad para cambiar las cosas, y no menor, en Bruselas.
Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal española, acaba de ser nombrado vicepresidente de la Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC) para el periodo 2026-2028, según ha sabido este periódico.
Su nombramiento no es un paso menor ya que, desde esa nueva responsabilidad que ahora asume, liderará la posición de la FIEC en la negociación de la propuesta de reglamento europeo sobre contratación pública que modificará la normativa vigente.
El documento, ahora en fase de negociación entre el Parlamento y el Consejo Europeo, será de obligado cumplimiento en los países miembros. Y es por ello que la CNC lo considera como la bala de plata con la que puede lograr acotar el uso de medios propios.
Como explican fuentes al tanto del asunto, el objetivo que la FIEC se ha marcado no es la prohibición de este tipo de recursos, que consideran útiles y necesarios en determinadas circunstancias, sino que no se usen de forma generalizada. Para ello, consideran que se debe definir de forma específica qué es un medio propio y acotar su uso a aquellos que realmente tengan poder de decisión y control sobre el medio. Es decir, que no ocurra como ahora, que hay administraciones que tiran de Tragsa cuando sólo tienen un 0,01% de su capital siendo el Ministerio de Agricultura, que tiene el 51% de sus acciones, el que realmente tiene su control.
La CNC no es la única que ha puesto el foco en los medios propios. También lo han hecho el Tribunal de Cuentas español y europeo, la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la CNMC.
El Tribunal de Cuentas, como publicó LA RAZÓN, detectó deficiencias e irregularidades en los expedientes analizados de la compañía Tragsa de los años 2021 y 2022. Su homólogo europeo, por su parte, ha detectado que el volumen de adjudicaciones directas de contratos públicos sin licitación previa es comparativamente más elevado en España que en el resto de la UE, el 18,2% frente a la media del 15,8% de media.
El reglamento europeo también aborda otras cuestiones sensibles ahora mismo para el negocio de la construcción como la baja concurrencia empresarial a las licitaciones o la falta de un mecanismo para revisar los precios de los contratos tras la escalada de costes por las tensiones inflacionistas.
La propuesta de reglamento recoge la posibilidad de que se puedan introducir herramientas para compensar los incrementos de costes, pero el objetivo de la FIEC es que sea obligatorio.
Aunque las expectativas de la construcción son elevadas, los frutos de la negociación no se recogerán hasta dentro de un tiempo. El calendario previsto apunta a que esté aprobado a finales de 2027 y que después haya un periodo de «vacatio legis» de dos años.
Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal CNC, liderará la negociación del nuevo reglamento de contratación comunitario desde su nuevo cargo de vicepresidente de los constructores europeos
De entre los múltiples frentes que el sector de la construcción tiene abiertos en estos momentos, el del abuso de medios propios por parte de las administraciones públicas para ejecutar obras públicas es uno de los que más preocupan al sector. En determinadas circunstancias, como una actuación de emergencia por una catástrofe natural como la dana, las administraciones recurren a lo que se denomina medios propios, compañías controladas también por la administración –Tragsa es la más conocida– y a las que pueden adjudicar los trabajos de forma directa y sin licitación. El proceso agiliza así los plazos, pero a costa de menos controles.
Ocurre, según denuncian las empresas, que en los últimos tiempos, el recurso a estos medios ha crecido de forma a su juicio injustificada, como ha denunciado la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en sendas cartas que envió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio de Hacienda que entonces dirigía María Jesús Montero a principios de año.
En las misivas, la CNC reclamaba a Moncloa medidas para poner coto al uso del recurso en situaciones que no lo justifiquen sin recibir respuesta alguna. Pero ahora, a la patronal constructora se le ha abierto una ventana de oportunidad para cambiar las cosas, y no menor, en Bruselas.
Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal española, acaba de ser nombrado vicepresidente de la Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC) para el periodo 2026-2028, según ha sabido este periódico.
Su nombramiento no es un paso menor ya que, desde esa nueva responsabilidad que ahora asume, liderará la posición de la FIEC en la negociación de la propuesta de reglamento europeo sobre contratación pública que modificará la normativa vigente.
El documento, ahora en fase de negociación entre el Parlamento y el Consejo Europeo, será de obligado cumplimiento en los países miembros. Y es por ello que la CNC lo considera como la bala de plata con la que puede lograr acotar el uso de medios propios.
Como explican fuentes al tanto del asunto, el objetivo que la FIEC se ha marcado no es la prohibición de este tipo de recursos, que consideran útiles y necesarios en determinadas circunstancias, sino que no se usen de forma generalizada. Para ello, consideran que se debe definir de forma específica qué es un medio propio y acotar su uso a aquellos que realmente tengan poder de decisión y control sobre el medio. Es decir, que no ocurra como ahora, que hay administraciones que tiran de Tragsa cuando sólo tienen un 0,01% de su capital siendo el Ministerio de Agricultura, que tiene el 51% de sus acciones, el que realmente tiene su control.
La CNC no es la única que ha puesto el foco en los medios propios. También lo han hecho el Tribunal de Cuentas español y europeo, la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la CNMC.
El Tribunal de Cuentas, como publicó LA RAZÓN, detectó deficiencias e irregularidades en los expedientes analizados de la compañía Tragsa de los años 2021 y 2022. Su homólogo europeo, por su parte, ha detectado que el volumen de adjudicaciones directas de contratos públicos sin licitación previa es comparativamente más elevado en España que en el resto de la UE, el 18,2% frente a la media del 15,8% de media.
El reglamento europeo también aborda otras cuestiones sensibles ahora mismo para el negocio de la construcción como la baja concurrencia empresarial a las licitaciones o la falta de un mecanismo para revisar los precios de los contratos tras la escalada de costes por las tensiones inflacionistas.
La propuesta de reglamento recoge la posibilidad de que se puedan introducir herramientas para compensar los incrementos de costes, pero el objetivo de la FIEC es que sea obligatorio.
Aunque las expectativas de la construcción son elevadas, los frutos de la negociación no se recogerán hasta dentro de un tiempo. El calendario previsto apunta a que esté aprobado a finales de 2027 y que después haya un periodo de «vacatio legis» de dos años.
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