En plenas vacaciones, a comienzos de agosto, Luliana Radu, de 39 años, recibió una noticia que ha sembrado de inquietud su verano: la Consejería de Educación había decidido no renovar a la profesora del aula TEA (trastorno del espectro autista) a la que acude su hija. “Nos van a meter a una [persona] interina que probablemente no sabe ni siquiera que viene al aula TEA”, lamenta. El centro donde estudia la menor, el colegio Joaquín Blume, en Torrejón de Ardoz, no es el único que enfrenta esta situación, que se replica en una treintena de toda la región, según la Consejería. “Nuestros hijos necesitan estabilidad, continuidad y anticipación”, añade, “la Comunidad no lo está teniendo en cuenta, está perjudicándolos”.
La Consejería de Educación deniega seguir al frente de aulas TEA a una treintena de docentes, que temen ser sustituidos por interinos o funcionarios en prácticas
En plenas vacaciones, a comienzos de agosto, Luliana Radu, de 39 años, recibió una noticia que ha sembrado de inquietud su verano: la Consejería de Educación había decidido no renovar a la profesora del aula TEA (trastorno del espectro autista) a la que acude su hija. “Nos van a meter a una [persona] interina que probablemente no sabe ni siquiera que viene al aula TEA”, lamenta. El centro donde estudia la menor, el colegio Joaquín Blume, en Torrejón de Ardoz, no es el único que enfrenta esta situación, que se replica en una treintena de toda la región, según la Consejería. “Nuestros hijos necesitan estabilidad, continuidad y anticipación”, añade, “la Comunidad no lo está teniendo en cuenta, está perjudicándolos”.
Las aulas TEA son un apoyo para aquellos niños con espectro autista que están matriculados en un centro de educación ordinaria. Ahí, los menores ―en grupos de cinco alumnos como máximo, según la ley― pasan parte de su jornada escolar trabajando con estrategias metodológicas adaptadas a su realidad. Estos espacios específicos llevan funcionando en la Comunidad desde el curso 2001-2002 y el año pasado había más 900 en toda la región, según publica el Gobierno regional.
En este tipo de recursos educativos especializados “la estabilidad de los equipos docentes es un elemento fundamental para garantizar una atención educativa de calidad al alumnado con trastorno del espectro autista”, inciden en el área de Educación de Comisiones Obreras Madrid, que ha enviado un escrito a la Dirección General de Recursos Humanos de la Comunidad sobre estas denegaciones de comisiones de servicios.
“La continuidad de sus profesionales de referencia favorece la estabilidad emocional, los procesos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos educativos consolidados”, agregan. De ahí que un cambio brusco, como es la sustitución de un docente sin previo aviso, pueda generar dificultades. Justamente, esto es lo que inquieta a las familias.
“Para mi hija era un drama ir al colegio y su actual profesora del aula TEA no solo ha conseguido que vaya contenta, sino que ha logrado un cambio espectacular. Se implica mucho, es súper empática”, cuenta Sandra Barragán, de 39 años, madre de dos menores, ambos con autismo. A finales de julio, recibió un correo electrónico de la docente de su hija mayor, de 15 años, diciéndole que lo sentía mucho, pero que acababan de anunciarle que este nuevo año académico no renovaba en el IES Salvador Allende, en Fuenlabrada. “Si esto no se corrige, nos va a costar un disgusto al empezar el curso: ataques de ansiedad, miedo, rechazo a acudir al centro”, continúa.
Desde la Consejería de Educación detallan que para el curso 2026/27 se han solicitado 373 comisiones de servicio para las aulas TEA y que “solo se han denegado 28 (el 7,5%) por no cumplir los requisitos requeridos”. Recalcan haber aplicado “escrupulosamente” la normativa vigente. Sin embargo, hay varios casos que rebaten esa afirmación. Mientras que existen docentes que llevan más de seis años ejerciendo la comisión ―límite máximo para ello― y que siguen en el puesto; otros con menos tiempo han visto cómo se les denegaba.
“Estas aulas llevan 25 años funcionando y no se había aplicado ese límite porque se consideraba que había una especialización. Hay gente que lleva 12 o 14 años y continúa”, explica Beatriz, de 48 años, docente, cuya comisión de servicio ha sido denegada y que prefiere no dar su apellido. Tiene una década de experiencia con alumnos TEA, los últimos seis años ejerciendo en el mismo centro, y lamenta que ahora vaya a ser sustituida por “un interino o un funcionario en prácticas”. Al igual que muchos profesores afectados, critica la decisión de la Comunidad: “No se ha aplicado un criterio homogéneo”.
A Francisco Javier González, de 44 años y profesor en el colegio Carretas de Arganda del Rey, tampoco lo han renovado. “Fundé el aula TEA y llevo una década al frente, formándome en necesidades complejas de comunicación para poder trabajar mejor con los menores”, explica. En junio, dejó su clase con la idea de regresar el 1 de septiembre. El 21 de julio se enteró de la denegación. Asegura que le han confirmado que la Consejería de Educación quiere que las comisiones de servicio desaparezcan y que esas plazas sean ocupadas por personal definitivo. “Me parece una buena medida, pero ¿por qué no lo han comunicado con transparencia y antelación para que se abra un concurso de traslados?“, comenta: “Lo han hecho en pleno verano, sin dejarnos anticipárselo a los chavales, sin que podamos hablar con las familias, sin darnos margen de maniobra”.
Para el sindicato CSIF, la decisión de la Consejería es “una ruptura de los vínculos educativos construidos durante años entre el alumnado, sus familias y los docentes, y una falta de respeto por el esfuerzo e implicación de estos profesionales”. A mediados de julio ya realizaron un comunicado en el que mostraron su “preocupación” por el asunto y pedían “permitir la continuidad de estos docentes”.
Entonces, algunos centros ya habían sido informados de que no se aprobarían las comisiones de servicio demandadas para sus aulas TEA. Ante la movilización de madres, padres y docentes, y la implicación de los sindicatos, la Consejería de Educación cedió. Así ha ocurrido, por ejemplo, en tres centros de Parla ― La Paloma, Clara Campoamor y Miguel Hernández― o en uno de Fuenlabrada (Juan de la Cierva).
Ahora, desde los centros afectados demandan recibir el mismo trato. “Nuestros hijos tienen unos derechos que no se están cumpliendo”, continúa Sandra Barragán. “Ya que lo han hecho mal este año, deberían dejar que estos docentes se incorporen a su puesto de trabajo este curso. Si el año que viene quieren cambiarlos, que lo hagan, pero que permitan a sus alumnos despedirse de ellos y anticipar un cambio tan importante”, incide. Y añade: “Para nosotras, lo fundamental son los niños, pero a la Comunidad de Madrid parece no importarle su bienestar”.
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