Entre techos devorados por las termitas y el laberinto de la burocracia, Ana sobrevive en una casa de Córdoba que pronto dejará de ser suya. En 2020, se le proporcionó de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital y ahora la Administración le solicita la devolución completa del dinero recibido, más de 21.000 euros, por una serie de errores burocráticos por los que tendrá que pagar con el embargo de la única casa en propiedad que posee y en la que vive con su hermana, en condiciones «que no le desea a nadie».
Lo que comenzó como un salvavidas para la cordobesa, terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. A pesar de haber alegado una situación de vulnerabilidad social y haber demostrado tener una discapacidad (al igual que su hermana) las respuestas que ha estado recibiendo por parte de las autoridades pertinentes no la eximen de ninguno de los pagos que se le reclaman, a los que Ana no puede hacer frente por su situación y contexto actuales.
Lo que comenzó como un salvavidas para la cordobesa, terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. A pesar de haber alegado una situación de vulnerabilidad social y haber demostrado tener una discapacidad (al igual que su hermana) las respuestas que ha estado recibiendo por parte de las autoridades pertinentes no la eximen de ninguno de los pagos que se le reclaman, a los que Ana no puede hacer frente por su situación. Además, asegura que la vivienda en la que actualmente cohabita con su hermana, tiene daños estructurales por termitas, lo que complica su habitabilidad. «Nosotras, con discapacidad, vulnerabilidad económica y exclusión social. Y en la casa, el techo está lleno de termitas, está podrido», explica en conversación con LA RAZÓN.
En 2020, la mujer comenzó a recibir el IMV, pero en un error en el cruce de datos de la Seguridad Social se le atribuyó la custodia de su hijo, del que el Estado había tomado la tutela a finales de 2019. Ana no se enteró de esto hasta unos años después, cuando recibió la notificación de que debía devolver todo lo ingresado hasta ese momento, 6.338,94 euros, por un supuesto cobro indebido de la prestación. Ante esto, solicitó que la cuantía se regule en base a la realidad habitacional del inmueble en ese momento, es decir, como persona individual, pero el silencio administrativo volvió a estar presente.
Para suplir la deuda, la administración le requiere el embargo de la que es su única propiedad, un inmueble. Esta casa, herencia de sus padres, es una vivienda unifamiliar de dos plantas que, actualmente, se encuentra en muy malas condiciones de habitabilidad debido a problemas de termitas y de la propia estructura. Por recomendación de su progenitor antes de fallecer, cada una de las hermanas ocupó una de las plantas de la construcción, algo que volvería a traerle problemas después con el intento de conseguir otra prestación social, pues los trabajadores consideraban que vivían en hogares distintos, pese a pertenecer al mismo edificio individual.
Con el fin de volver a evitar problemas y poder cobrar de forma regular la prestación, Ana actualizó en ese momento las personas que residían en la vivienda para incluir a su hermana, la persona con la que convive a día de hoy. Pasado un tiempo, y llegado el año 2024, la Seguridad Social vuelve a enviarle un escrito en el que le reclama no cumplir con los 6 meses mínimos de cohabitación, pues consideraban que no compartían la misma casa. «Me lo reclaman por eso, pero claro, es que antes permitían que estuviera una persona en la parte de abajo y otra en la parte de arriba». Esto ha llevado a que la deuda de Ana se dispare, pues le han cortado la ayuda y vuelven a reclamarle el pago de lo que ha cobrado en estos últimos años.
Como solución a su problema, su hermana tendría que volver a empadronarse y esperar medio año para poder volver a solicitar la prestación, pero la multa no desaparecería. Ahora, el importe total a devolver asciende a los 21.000 euros, cifra que la familia no puede asumir, por lo que la única forma de condonar la deuda será mediante el embargo de su casa. Las habitantes del hogar sienten no tener otra opción, pero Ana aqueja verse en esta situación por un error ajeno: «Me están reclamando veintitantos mil euros, cuando el error es de ellos».
Ante la falta de apoyo de las instituciones, han recurrido a varias organizaciones que se han prestado a brindarles ayuda, pero parece que nada es suficiente para romper el silencio administrativo al que se enfrentan. «Estamos solas, que no nos apoya nadie. Estoy desesperada y no sé qué vamos a hacer».
Un error con la custodia de su hijo y la residencia de su hermana han llevado a esta mujer de Córdoba estar a punto de perder la vivienda que heredó de su padre
Entre techos devorados por las termitas y el laberinto de la burocracia, Ana sobrevive en una casa de Córdoba que pronto dejará de ser suya. En 2020, se le proporcionó de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital y ahora la Administración le solicita la devolución completa del dinero recibido, más de 21.000 euros, por una serie de errores burocráticos por los que tendrá que pagar con el embargo de la única casa en propiedad que posee y en la que vive con su hermana, en condiciones «que no le desea a nadie».
Lo que comenzó como un salvavidas para la cordobesa, terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. A pesar de haber alegado una situación de vulnerabilidad social y haber demostrado tener una discapacidad (al igual que su hermana) las respuestas que ha estado recibiendo por parte de las autoridades pertinentes no la eximen de ninguno de los pagos que se le reclaman, a los que Ana no puede hacer frente por su situación y contexto actuales.
Lo que comenzó como un salvavidas para la cordobesa, terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. A pesar de haber alegado una situación de vulnerabilidad social y haber demostrado tener una discapacidad (al igual que su hermana) las respuestas que ha estado recibiendo por parte de las autoridades pertinentes no la eximen de ninguno de los pagos que se le reclaman, a los que Ana no puede hacer frente por su situación. Además, asegura que la vivienda en la que actualmente cohabita con su hermana, tiene daños estructurales por termitas, lo que complica su habitabilidad. «Nosotras, con discapacidad, vulnerabilidad económica y exclusión social. Y en la casa, el techo está lleno de termitas, está podrido», explica en conversación con LA RAZÓN.
En 2020, la mujer comenzó a recibir el IMV, pero en un error en el cruce de datos de la Seguridad Social se le atribuyó la custodia de su hijo, del que el Estado había tomado la tutela a finales de 2019. Ana no se enteró de esto hasta unos años después, cuando recibió la notificación de que debía devolver todo lo ingresado hasta ese momento, 6.338,94 euros, por un supuesto cobro indebido de la prestación. Ante esto, solicitó que la cuantía se regule en base a la realidad habitacional del inmueble en ese momento, es decir, como persona individual, pero el silencio administrativo volvió a estar presente.
Para suplir la deuda, la administración le requiere el embargo de la que es su única propiedad, un inmueble. Esta casa, herencia de sus padres, es una vivienda unifamiliar de dos plantas que, actualmente, se encuentra en muy malas condiciones de habitabilidad debido a problemas de termitas y de la propia estructura. Por recomendación de su progenitor antes de fallecer, cada una de las hermanas ocupó una de las plantas de la construcción, algo que volvería a traerle problemas después con el intento de conseguir otra prestación social, pues los trabajadores consideraban que vivían en hogares distintos, pese a pertenecer al mismo edificio individual.
Con el fin de volver a evitar problemas y poder cobrar de forma regular la prestación, Ana actualizó en ese momento las personas que residían en la vivienda para incluir a su hermana, la persona con la que convive a día de hoy. Pasado un tiempo, y llegado el año 2024, la Seguridad Social vuelve a enviarle un escrito en el que le reclama no cumplir con los 6 meses mínimos de cohabitación, pues consideraban que no compartían la misma casa. «Me lo reclaman por eso, pero claro, es que antes permitían que estuviera una persona en la parte de abajo y otra en la parte de arriba». Esto ha llevado a que la deuda de Ana se dispare, pues le han cortado la ayuda y vuelven a reclamarle el pago de lo que ha cobrado en estos últimos años.
Como solución a su problema, su hermana tendría que volver a empadronarse y esperar medio año para poder volver a solicitar la prestación, pero la multa no desaparecería. Ahora, el importe total a devolver asciende a los 21.000 euros, cifra que la familia no puede asumir, por lo que la única forma de condonar la deuda será mediante el embargo de su casa. Las habitantes del hogar sienten no tener otra opción, pero Ana aqueja verse en esta situación por un error ajeno: «Me están reclamando veintitantos mil euros, cuando el error es de ellos».
Ante la falta de apoyo de las instituciones, han recurrido a varias organizaciones que se han prestado a brindarles ayuda, pero parece que nada es suficiente para romper el silencio administrativo al que se enfrentan. «Estamos solas, que no nos apoya nadie. Estoy desesperada y no sé qué vamos a hacer».
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