El curso político que comienza estos días en Madrid y en Bruselas es clave para el dinero de la Política Agraria Común (PAC) y para los fondos que recibirán los agricultores y ganaderos españoles en concepto de ayudas directas, no durante un año, sino para todo el periodo 2028-34, es decir, siete ejercicios.
Si se cumple el calendario previsto, y si se quiere que el nuevo Marco Financiero entre en vigor el 1 de enero de 2028, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, no los ministros de Agricultura, deberían llegar a un acuerdo sobre el nuevo presupuesto comunitario antes del próximo verano y el dinero de la PAC peligra.
Este hecho se puso de manifiesto durante el pasado curso político, pero, por si se nos había olvidado, nos lo han vuelto a recordar a raíz de la reunión que tuvo lugar el jueves de la semana pasada en Berlín los máximos mandatarios de los países que unos denominan frugales, otros ahorradores, y yo, «tacaños», encabezados por Alemania.
El mensaje ha sido muy claro y doble: por un lado, han dicho que no admiten un aumento de los recursos económicos y financieros de las arcas comunitarias, tal y como ha planteado la Comisión Europea, sino que exigen recortes; por otro, insisten en reorientar los capítulos del gasto en beneficio de la política de defensa, reindustrialización y digitalización de la economía europea, en detrimento de las prioridades actuales, que son la PAC y la política de cohesión.
Más allá de los montantes asignados a cada una de las partidas concretas en las propuestas presentadas por la Comisión Europea y de los ejercicios de «trilerismo» político y presupuestario hechos por von der Leyen y su equipo con posterioridad, anunciando que asignaban más dinero para la PAC, cuando lo único que hacían era adelantar el pago de determinadas cantidades de los años finales del periodo a los del principio, hay que prestar atención a los problemas de fondo del debate presupuestario, tal y como está planteado en estos momentos.
De un lado, el grupo de los «tacaños», con la posición expresada anteriormente; del otro, el grupo de Estados miembros denominados amigos de la cohesión, entre ellos España, que, con algunas diferencias, defienden un aumento de los recursos de las arcas comunitarias y que también se mantengan como ejes prioritarios del presupuesto comunitario 2028-34 el gasto en la PAC y en la política de cohesión.
En una posición intermedia estaría Francia, la principal beneficiaria del dinero de la PAC, pero que, a la vez, desea mantener vigente el llamado eje franco-alemán, que ha sido uno de los motores del funcionamiento de la UE, durante las últimas décadas. Las últimas reuniones ministeriales entre los dos países han puesto de manifiesto las profundas diferencias que existen en este asunto espinoso.
Y, en este contexto, ¿qué ha planteado España y el Gobierno de Pedro Sánchez? Pues, la cuadratura del círculo: que cada Estado miembro aporte más dinero a las arcas comunitarias, incluso más del que propone la Comisión Europea, por lo que habría más recursos y, en ese caso, fondos suficientes para pagar las nuevas prioridades del gasto comunitario (defensa, competitividad, digitalización), sin recortar las actuales (PAC y Cohesión).
Sin embargo, en el contexto actual, conseguir esto es prácticamente imposible. Además, está la incógnita de quién negociará por parte de España en la recta final de este proceso. De momento, es Pedro Sánchez. Pero ¿qué pasará si se retrasan las conversaciones y no llega el acuerdo, mientras en España hay elecciones a finales del invierno y principios de la primavera (sería solo un adelanto técnico) y se forma un gobierno del PP o en coalición con Vox, que protagonizaría la recta final de este proceso negociar? ¿Cuál sería la posición que mantendría?
De estos factores citados anteriormente, a los que se deberían añadir otros, como la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania y el apoyo de la UE a este país, tanto económico, comercial, como en forma de su incorporación a la UE, lo que supondría una dura afrenta a Moscú, depende la cantidad de dinero que llegará a los agricultores y ganaderos españoles en forma de ayudas directas en el periodo 2028-34.
Y otro dato más: la Comisión Europea ha planteado que los fondos de la PAC dejen de ser independientes y que se metan en un saco común, abriendo la posibilidad de hacer transferencias entre los distintos capítulos del gasto, además de proponer su renacionalización. Por todo lo anterior, no es aventurado ni alarmista decir que esta política, tal y como la conocemos actualmente, corre grave peligro.
Esta política podría desaparecer tal y como la conocemos. El debate sobre el presupuesto 2028-34 es el principal reto de la UE
El curso político que comienza estos días en Madrid y en Bruselas es clave para el dinero de la Política Agraria Común (PAC) y para los fondos que recibirán los agricultores y ganaderos españoles en concepto de ayudas directas, no durante un año, sino para todo el periodo 2028-34, es decir, siete ejercicios.
Si se cumple el calendario previsto, y si se quiere que el nuevo Marco Financiero entre en vigor el 1 de enero de 2028, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, no los ministros de Agricultura, deberían llegar a un acuerdo sobre el nuevo presupuesto comunitario antes del próximo verano y el dinero de la PAC peligra.
Este hecho se puso de manifiesto durante el pasado curso político, pero, por si se nos había olvidado, nos lo han vuelto a recordar a raíz de la reunión que tuvo lugar el jueves de la semana pasada en Berlín los máximos mandatarios de los países que unos denominan frugales, otros ahorradores, y yo, «tacaños», encabezados por Alemania.
El mensaje ha sido muy claro y doble: por un lado, han dicho que no admiten un aumento de los recursos económicos y financieros de las arcas comunitarias, tal y como ha planteado la Comisión Europea, sino que exigen recortes; por otro, insisten en reorientar los capítulos del gasto en beneficio de la política de defensa, reindustrialización y digitalización de la economía europea, en detrimento de las prioridades actuales, que son la PAC y la política de cohesión.
Más allá de los montantes asignados a cada una de las partidas concretas en las propuestas presentadas por la Comisión Europea y de los ejercicios de «trilerismo» político y presupuestario hechos por von der Leyen y su equipo con posterioridad, anunciando que asignaban más dinero para la PAC, cuando lo único que hacían era adelantar el pago de determinadas cantidades de los años finales del periodo a los del principio, hay que prestar atención a los problemas de fondo del debate presupuestario, tal y como está planteado en estos momentos.
De un lado, el grupo de los «tacaños», con la posición expresada anteriormente; del otro, el grupo de Estados miembros denominados amigos de la cohesión, entre ellos España, que, con algunas diferencias, defienden un aumento de los recursos de las arcas comunitarias y que también se mantengan como ejes prioritarios del presupuesto comunitario 2028-34 el gasto en la PAC y en la política de cohesión.
En una posición intermedia estaría Francia, la principal beneficiaria del dinero de la PAC, pero que, a la vez, desea mantener vigente el llamado eje franco-alemán, que ha sido uno de los motores del funcionamiento de la UE, durante las últimas décadas. Las últimas reuniones ministeriales entre los dos países han puesto de manifiesto las profundas diferencias que existen en este asunto espinoso.
Y, en este contexto, ¿qué ha planteado España y el Gobierno de Pedro Sánchez? Pues, la cuadratura del círculo: que cada Estado miembro aporte más dinero a las arcas comunitarias, incluso más del que propone la Comisión Europea, por lo que habría más recursos y, en ese caso, fondos suficientes para pagar las nuevas prioridades del gasto comunitario (defensa, competitividad, digitalización), sin recortar las actuales (PAC y Cohesión).
Sin embargo, en el contexto actual, conseguir esto es prácticamente imposible. Además, está la incógnita de quién negociará por parte de España en la recta final de este proceso. De momento, es Pedro Sánchez. Pero ¿qué pasará si se retrasan las conversaciones y no llega el acuerdo, mientras en España hay elecciones a finales del invierno y principios de la primavera (sería solo un adelanto técnico) y se forma un gobierno del PP o en coalición con Vox, que protagonizaría la recta final de este proceso negociar? ¿Cuál sería la posición que mantendría?
De estos factores citados anteriormente, a los que se deberían añadir otros, como la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania y el apoyo de la UE a este país, tanto económico, comercial, como en forma de su incorporación a la UE, lo que supondría una dura afrenta a Moscú, depende la cantidad de dinero que llegará a los agricultores y ganaderos españoles en forma de ayudas directas en el periodo 2028-34.
Y otro dato más: la Comisión Europea ha planteado que los fondos de la PAC dejen de ser independientes y que se metan en un saco común, abriendo la posibilidad de hacer transferencias entre los distintos capítulos del gasto, además de proponer su renacionalización. Por todo lo anterior, no es aventurado ni alarmista decir que esta política, tal y como la conocemos actualmente, corre grave peligro.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
