En España el automóvil es la gallina de los huevos de oro para el Estado pues lo grava cuando se compra, cuando se matricula, cuando consume combustible, cuando se asegura, cuando cambia de propietario, cuando pasa por el taller y durante buena parte de su vida útil a través de impuestos como el IVTM, el paso por la ITV y si, además, su conductor comete una infracción, la maquinaria recaudatoria encuentra una última oportunidad.
Uno podría pensar que, después de semejante entusiasmo contributivo, las carreteras estarían como para rodar sobre terciopelo, pero la realidad, desgraciadamente, tiene más baches. La AEC estima que el 52% de la red analizada presenta deterioros graves o muy graves, que cerca de 34.000 kilómetros necesitan una reconstrucción urgente y que el déficit acumulado de conservación alcanza los 13.491 millones de euros lo que equivale a 34 euros por cada 100 generados fiscalmente por el automóvil. En otras palabras, es difícil encontrar una demostración más clara de que no mantener una infraestructura no significa ahorrar dinero sino trasladar la factura al futuro y esperar pacientemente a que sea mayor.
Y aquí, la aritmética no genera dudas, pues en 2025, la fiscalidad asociada al automóvil aportó 41.995 millones de euros a las arcas públicas, según ANFAC. A eso se añaden los 500 millones de euros ingresados por la DGT en multas, teóricamente destinados a seguridad vial donde no aplica la reparación de carreteras, implicando que se sanciona por circular incorrectamente por una infraestructura cuyo mantenimiento presenta serias deficiencias.
Y tampoco estamos solos pagando la factura pues los fondos europeos han movilizado 900 millones de euros para 150 actuaciones en carreteras estatales, destinadas a seguridad, sostenibilidad, digitalización y modernización. Pero lo único que vemos es que cada vez hay más radares y dispositivos preparados para recaudar. Aplazar el mantenimiento multiplica el gasto a futuro porque un firme que hoy puede rehabilitarse mañana tendrá que reconstruirse que es mucho más caro y, mientras tanto, aumenta el consumo, el desgaste del vehículo, los costes logísticos y el riesgo de accidentes.
Hemos conseguido convertir el automóvil en una excelente máquina recaudatoria mientras dejamos depreciar la infraestructura que permite utilizarlo. Para las arcas públicas es genial, pero para las suspensiones es terrible.
La infraestructura no para de deteriorarse pese a los ingresos y el 52% de la red presenta graves deterioros
En España el automóvil es la gallina de los huevos de oro para el Estado pues lo grava cuando se compra, cuando se matricula, cuando consume combustible, cuando se asegura, cuando cambia de propietario, cuando pasa por el taller y durante buena parte de su vida útil a través de impuestos como el IVTM, el paso por la ITV y si, además, su conductor comete una infracción, la maquinaria recaudatoria encuentra una última oportunidad.
Uno podría pensar que, después de semejante entusiasmo contributivo, las carreteras estarían como para rodar sobre terciopelo, pero la realidad, desgraciadamente, tiene más baches. La AEC estima que el 52% de la red analizada presenta deterioros graves o muy graves, que cerca de 34.000 kilómetros necesitan una reconstrucción urgente y que el déficit acumulado de conservación alcanza los 13.491 millones de euros lo que equivale a 34 euros por cada 100 generados fiscalmente por el automóvil. En otras palabras, es difícil encontrar una demostración más clara de que no mantener una infraestructura no significa ahorrar dinero sino trasladar la factura al futuro y esperar pacientemente a que sea mayor.
Y aquí, la aritmética no genera dudas, pues en 2025, la fiscalidad asociada al automóvil aportó 41.995 millones de euros a las arcas públicas, según ANFAC. A eso se añaden los 500 millones de euros ingresados por la DGT en multas, teóricamente destinados a seguridad vial donde no aplica la reparación de carreteras, implicando que se sanciona por circular incorrectamente por una infraestructura cuyo mantenimiento presenta serias deficiencias.
Y tampoco estamos solos pagando la factura pues los fondos europeos han movilizado 900 millones de euros para 150 actuaciones en carreteras estatales, destinadas a seguridad, sostenibilidad, digitalización y modernización. Pero lo único que vemos es que cada vez hay más radares y dispositivos preparados para recaudar. Aplazar el mantenimiento multiplica el gasto a futuro porque un firme que hoy puede rehabilitarse mañana tendrá que reconstruirse que es mucho más caro y, mientras tanto, aumenta el consumo, el desgaste del vehículo, los costes logísticos y el riesgo de accidentes.
Hemos conseguido convertir el automóvil en una excelente máquina recaudatoria mientras dejamos depreciar la infraestructura que permite utilizarlo. Para las arcas públicas es genial, pero para las suspensiones es terrible.
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