Las bajas por incapacidad temporal han dejado de ser una «cuestión coyuntural» para convertirse en una «tendencia estructural» impulsada por el incremento de los procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes, que ha propiciado que el porcentaje de bajas sobre trabajadores protegidos en el Régimen General haya pasado del 3,41% en 2019 al 5,81% en 2025, lo que supone un espectacular incremento del 70,43%. Solo en 2025, los procesos iniciados crecieron un 14,4%, hasta alcanzar 926.394, mientras que los procesos activos superaron los 1,24 millones al cierre del pasado ejercicio.
Así lo ha constatado el Consejo General de Graduados Sociales (CGGS) en el informe «Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad», que sitúa la tasa equivalente de absentismo en el 5,21% en 2025 y confirma una incidencia mensual media de 40,89 procesos por cada 1.000 trabajadores, una cifra que «refleja la intensidad del fenómeno y su peso creciente en la organización del trabajo», apunta el estudio.
Con estas cifras, los costes directos e indirectos generados por estas bajas se han disparado para las empresas en los últimos siete años, con un fuerte impacto en la economía de las pymes, «donde una o dos bajas simultáneas pueden comprometer la actividad diaria». Los costes directos –detallados como complementos salariales– se ven superados por los costes indirectos –pérdida de productividad, sobrecarga de trabajo en la plantilla presente, desmotivación y la pérdida temporal del conocimiento implícito no sustituible–.
«Las pymes muestran una vulnerabilidad crítica, ya que una o dos bajas simultáneas comprometen gravemente sus niveles de servicio y viabilidad operativa», señala el informe, que pone incluso en duda la sostenibilidad del sistema público de prevención, ya que el gasto en IT en España superó los 16.500 millones de euros ya en 2024, el último dato oficial contabilizado por la Airef. Según el Tribunal de Cuentas, en lo que va de 2026 la Seguridad Social arrastra un patrimonio neto negativo de 106.138,7 millones de euros, acumulando un déficit estructural que se ha duplicado desde 2019, lo que «compromete la estabilidad financiera del Estado, que sostiene el sistema mediante préstamos directos sin vencimiento».
En una perspectiva comparada por la OCDE –en su informe de abril 2026–, España registra 4,9 semanas de baja por empleado al año, situándose como el tercer país de la UE con más ausencias. En países del entorno como Alemania o Países Bajos las bajas estabilizan sus métricas entre las 2,5 y 3,5 semanas anuales. «El verdadero impulsor del gasto no es la duración de las bajas –que bajó levemente a 39,29 días de media en el Régimen General– sino la alta frecuencia con la que se inician. Los autónomos, en contraste, tienen menos bajas pero de mucha mayor duración (101,83 días de media)».
En este contexto, el estudio plantea que la respuesta no debe centrarse en recortar prestaciones, sino en «mejorar el control, la reincorporación y la prevención». Entre las líneas de actuación propuestas, figuran los «modelos de reincorporación progresiva tras bajas de larga duración, la coordinación entre INSS, servicios públicos de salud, mutuas y prevención empresarial, y el refuerzo de políticas de prevención con enfoque de edad». El informe identifica como uno de los factores de mayor peso para que se hayan disparado el absentismo el envejecimiento de la población trabajadora, con un aumento de 1,5 millones de afiliados de entre 50 y 64 años entre 2019 y 2025, y un crecimiento del 160,35% en el grupo de mayores de 64 años. En este sentido, el informe apunta que «la prolongación de la vida laboral implica necesariamente que un mayor número de trabajadores desarrollen su actividad profesional en edades donde determinadas contingencias de salud presentan una mayor incidencia y donde los procesos de recuperación suelen ser más complejos».
También señala como causas directas de este incremento exponencial el «impacto de los cambios normativos e institucionales, la digitalización de las bajas, la ampliación de permisos de conciliación y la saturación de la atención primaria, con esperas medias de 17,5 días». A ello se suma la generalización de complementos convencionales de incapacidad temporal que, en algunos sectores, alcanzan el 100% del salario real desde el primer día o desde la primera baja del año.
El documento destaca que entre el 65% y el 70% del absentismo estructural se concentra en tres grandes grupos de patologías: osteomusculares, trastornos mentales y neoplásicas. En particular, las patologías osteomusculares representan el 45,5% del total de personas en baja, mientras que la salud mental y los riesgos psicosociales suponen el 20,3%.
Para los analistas del CGGS, el absentismo «debe abordarse como un reto técnico, integral y preventivo, alejándolo de la confrontación entre fraude y recorte de derechos». Así, en línea con lo que propone la OCDE, coinciden en que no se deben recortar las prestaciones, sino «gestionar mejor el control, la reincorporación y la prevención» bajo tres líneas de reforma: primero, modelos de reincorporación progresiva con bajas parciales, para superar la dicotomía binaria actual de alta o baja absoluta; segundo, mayor coordinación institucional para integrar la información de forma transparente y ágil entre el INSS, los servicios públicos de salud (centros de atención primaria), las mutuas colaboradoras y los servicios de prevención empresariales; y tercero, más prevención con el enfoque de edad.
Los procesos activos por incapacidad temporal superaron los 1,24 millones en 2025, con 4,9 semanas de baja por empleado al año
Las bajas por incapacidad temporal han dejado de ser una «cuestión coyuntural» para convertirse en una «tendencia estructural» impulsada por el incremento de los procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes, que ha propiciado que el porcentaje de bajas sobre trabajadores protegidos en el Régimen General haya pasado del 3,41% en 2019 al 5,81% en 2025, lo que supone un espectacular incremento del 70,43%. Solo en 2025, los procesos iniciados crecieron un 14,4%, hasta alcanzar 926.394, mientras que los procesos activos superaron los 1,24 millones al cierre del pasado ejercicio.
Así lo ha constatado el Consejo General de Graduados Sociales (CGGS) en el informe «Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad», que sitúa la tasa equivalente de absentismo en el 5,21% en 2025 y confirma una incidencia mensual media de 40,89 procesos por cada 1.000 trabajadores, una cifra que «refleja la intensidad del fenómeno y su peso creciente en la organización del trabajo», apunta el estudio.
Con estas cifras, los costes directos e indirectos generados por estas bajas se han disparado para las empresas en los últimos siete años, con un fuerte impacto en la economía de las pymes, «donde una o dos bajas simultáneas pueden comprometer la actividad diaria». Los costes directos –detallados como complementos salariales– se ven superados por los costes indirectos –pérdida de productividad, sobrecarga de trabajo en la plantilla presente, desmotivación y la pérdida temporal del conocimiento implícito no sustituible–.
«Las pymes muestran una vulnerabilidad crítica, ya que una o dos bajas simultáneas comprometen gravemente sus niveles de servicio y viabilidad operativa», señala el informe, que pone incluso en duda la sostenibilidad del sistema público de prevención, ya que el gasto en IT en España superó los 16.500 millones de euros ya en 2024, el último dato oficial contabilizado por la Airef. Según el Tribunal de Cuentas, en lo que va de 2026 la Seguridad Social arrastra un patrimonio neto negativo de 106.138,7 millones de euros, acumulando un déficit estructural que se ha duplicado desde 2019, lo que «compromete la estabilidad financiera del Estado, que sostiene el sistema mediante préstamos directos sin vencimiento».
En una perspectiva comparada por la OCDE –en su informe de abril 2026–, España registra 4,9 semanas de baja por empleado al año, situándose como el tercer país de la UE con más ausencias. En países del entorno como Alemania o Países Bajos las bajas estabilizan sus métricas entre las 2,5 y 3,5 semanas anuales. «El verdadero impulsor del gasto no es la duración de las bajas –que bajó levemente a 39,29 días de media en el Régimen General– sino la alta frecuencia con la que se inician. Los autónomos, en contraste, tienen menos bajas pero de mucha mayor duración (101,83 días de media)».
En este contexto, el estudio plantea que la respuesta no debe centrarse en recortar prestaciones, sino en «mejorar el control, la reincorporación y la prevención». Entre las líneas de actuación propuestas, figuran los «modelos de reincorporación progresiva tras bajas de larga duración, la coordinación entre INSS, servicios públicos de salud, mutuas y prevención empresarial, y el refuerzo de políticas de prevención con enfoque de edad». El informe identifica como uno de los factores de mayor peso para que se hayan disparado el absentismo el envejecimiento de la población trabajadora, con un aumento de 1,5 millones de afiliados de entre 50 y 64 años entre 2019 y 2025, y un crecimiento del 160,35% en el grupo de mayores de 64 años. En este sentido, el informe apunta que «la prolongación de la vida laboral implica necesariamente que un mayor número de trabajadores desarrollen su actividad profesional en edades donde determinadas contingencias de salud presentan una mayor incidencia y donde los procesos de recuperación suelen ser más complejos».
También señala como causas directas de este incremento exponencial el «impacto de los cambios normativos e institucionales, la digitalización de las bajas, la ampliación de permisos de conciliación y la saturación de la atención primaria, con esperas medias de 17,5 días». A ello se suma la generalización de complementos convencionales de incapacidad temporal que, en algunos sectores, alcanzan el 100% del salario real desde el primer día o desde la primera baja del año.
El documento destaca que entre el 65% y el 70% del absentismo estructural se concentra en tres grandes grupos de patologías: osteomusculares, trastornos mentales y neoplásicas. En particular, las patologías osteomusculares representan el 45,5% del total de personas en baja, mientras que la salud mental y los riesgos psicosociales suponen el 20,3%.
Para los analistas del CGGS, el absentismo «debe abordarse como un reto técnico, integral y preventivo, alejándolo de la confrontación entre fraude y recorte de derechos». Así, en línea con lo que propone la OCDE, coinciden en que no se deben recortar las prestaciones, sino «gestionar mejor el control, la reincorporación y la prevención» bajo tres líneas de reforma: primero, modelos de reincorporación progresiva con bajas parciales, para superar la dicotomía binaria actual de alta o baja absoluta; segundo, mayor coordinación institucional para integrar la información de forma transparente y ágil entre el INSS, los servicios públicos de salud (centros de atención primaria), las mutuas colaboradoras y los servicios de prevención empresariales; y tercero, más prevención con el enfoque de edad.
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