Dos docentes del Colegio de Fomento El Vedat de Torrent han declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 1 de la población valenciana en calidad de investigados por el presunto delito de agresión sexual a menores. Ambos han negado cualquier vinculación con los hechos delictivos e incluso conocer a las víctimas, según fuentes judiciales presentes en la declaración.
La Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso, con denuncias de abusos a 11 alumnos de 4 a 7 años, tras criticar la instrucción por no escuchar a los niños
Dos docentes del Colegio de Fomento El Vedat de Torrent han declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 1 de la población valenciana en calidad de investigados por el presunto delito de agresión sexual a menores. Ambos han negado cualquier vinculación con los hechos delictivos e incluso conocer a las víctimas, según fuentes judiciales presentes en la declaración.
Los docentes fueron identificados como los agresores por “alguno/s” de esos menores, de edades comprendidas entre los 4 y 7 años, según señala un auto de la Audiencia Provincial de Valencia, que obligó al juzgado a abrir de nuevo la causa. Las denuncias empezaron a presentarse en diciembre de 2023 por parte de cinco padres de seis alumnos, si bien luego se han ampliando, así como ha aumentado el número de víctimas a 11. Todos ellos eran alumnos de Infantil del conocido colegio, concertado y bilingüe, perteneciente a Fomento de Centros de Enseñanza, entidad vinculada al Opus Dei, organización católica fundada en 1928 por el sacerdote José María Escrivá de Balaguer, canonizado en 2002.
El caso fue archivado en junio de 2025 por el citado juzgado de instrucción al considerar que no existían “indicios suficientes para considerar ni probado la existencia de abuso sexual contra los menores ni tampoco para poder dirigir la causa contra una persona en concreto a la vista de falta de concreción de los datos para poder identificar al supuesto autor”. Sin embargo, un duro auto de la Audiencia Provincial, conocido el pasado abril, ordenaba reabrir el caso y continuar la investigación al apreciar indicios “plurales, concurrentes y claros” de posibles hechos delictivos susceptibles de ser calificados como “agresión sexual a niños”. Los magistrados consideraron que había que poner fin a lo que calificaron de “desafortunada deriva procesal”. “Los niños deben ser oídos”, mandataron.
En el auto de revocación motivado por un recurso presentado contra el archivo, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ordenaba al juzgado practicar diversas declaraciones como testigos, entre ellas las de los dos docentes citados. Pero en el caso de ambos, se incidía en la indicación de que las acusaciones habían solicitado “su declaración como investigadas al haber sido nominativamente identificados por algunos o alguno de los niños, por si deseasen acudir a dicha toma de declaración, asistidos por letrado de su elección o que les sea designado el letrado de oficio para dicha declaración”. “En tal caso, tómese declaración en calidad de investigados”, añadía el tribunal.
Ambos han acudido a declarar este martes por la mañana con sus abogados y se han negado a responder a las preguntas de los letrados de la acusación, si bien finalmente sí han contestado a algunas de las cuestiones al ser formuladas por la jueza, que sustituye a la titular del número 1 de instrucción de Torrent, según fuentes judiciales. Ambos mantienen la condición de investigados tras la declaración, según fuentes del Tribunal Supèrior de Justicia de la Comunidad Valencia.
Los dos docentes, que llevan más de 30 años trabajando en el colegio, han asegurado cada uno en su testifical que no guardan ninguna relación con las presuntas agresiones y que tuvieron conocimiento de las mismas por la reunión del profesorado que convocó la dirección del centro a finales de 2023 o principios de 2024, según fuentes de la acusación familiar. Ambos también han coincidido en que no tenían relación con los alumnos de Infantil porque no impartían clases en ese nivel. La acusación, por su parte, considera que han incurrido en contradicciones que demuestran que conocían a los menores y tenían contacto con ellos.
Las denuncias afectaban, inicialmente, a seis niños. Pero estos mencionaron, además, a otros cinco menores en sus relatos por lo que el número total de presuntas víctimas podría ser 11. Los menores contaron a sus padres episodios de exhibicionismo, tocamientos e, incluso, felaciones. Uno de los denunciantes señaló hace unos meses a este periódico: “Son muchos niños de hasta cuatro clases diferentes que hacen el mismo relato de un mismo adulto con una misma serie de comportamientos muy parecidos entre ellos y la descripción que dan del adulto es muy similar: gordo y calvo con una camisa a cuadros”.
El auto de la Audiencia recoge esos relatos sobre felaciones (“le chupaba la pilila”), “y/o masturbaciones a los niños, masturbaciones del sujeto activo a presencia de tales niños y/o fomento de felaciones y/o masturbaciones entre distintos menores”.
Los familiares consultados manifestaron su satisfacción por la reapertura del caso. La investigación inicial adoleció de falta de rigor y de interés por parte de los órganos competentes, según ha indicado una de las personas denunciantes este martes a este periódico. En tres años, es la primera vez que se interroga en sede judicial a los dos presuntos agresores, ha agregado.
También los padres denunciantes han acudido al juzgado, tras el auto de la Audiencia. El pasado julio fueron citados por la jueza sustituta, así como dos guardias civiles que participaron en la investigación judicial, entre otros. Los agentes apuntaron que los relatos de los menores podrían estar condicionados por los comentarios de los padres y la presión ejercida por algún progenintor, según fuentes de los denunciantes, que hacen hincapié en que apenas se investigó y que no cuentan con la especialización requerida en casos tan delicados y sensibles como el de la agresión sexual a menores.
Uno de los docentes investigados continúa dando clases y otros fue apartado por el colegio, una vez se dio a conocer el caso en los medios de comunicación. El colegio no ha respondido a las llamadas de este periódico.
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