La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama el refuerzo urgente de los consulados de España en Latinoamérica ante el riesgo de colapso por las decenas de miles de solicitudes registradas para obtener la nacionalidad española, en el marco de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (2,5 millones de solicitudes).
Según datos recabados por CSIF en las embajadas con mayor volumen de trabajo, la plantilla es la siguiente: México (114, de los cuales 18 son funcionarios), Argentina (200, 20 funcionarios, respectivamente) y Cuba (65, 18 funcionarios). Los expedientes de nacionalización siempre los ficha el cónsul.
Esta circunstancia ha provocado que se esté estudiando recabar el apoyo de personal externo de empresas públicas como Ineco, en el caso de Argentina, o la empresa cubana Palco, dependiente del gobierno del país (por la que se deben tramitar todas las contrataciones de personal local por parte de España). Algo similar está sucediendo en España con Tragsa/Tragsatec para ayudar en el proceso de regularización de personas extranjeras.
Por este motivo, CSIF reclama adaptar las plantillas al volumen de trabajo con empleados públicos, con el fin de dar seguridad jurídica al tratamiento de los datos personales, así como a los funcionarios actualmente encargados de resolver los expedientes y que se van a ver superados. En cambio, el sindicato rechaza la opción de «derivar la gestión a empresas públicas o a empresas de terceros países, ante la inseguridad jurídica en el tratamiento de los datos personales».
«La legislación española establece que el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales está reservado exclusivamente a los funcionarios de carrera. Este principio garantiza la objetividad, imparcialidad y profesionalidad en la actuación de la Administración, cuestión que puede verse conculcada con la atribución de estas potestades públicas a terceros», insiste el sindicato.
«En definitiva, reclamamos que se dote de los medios suficientes al personal en el Exterior y que se les permita ejercer su labor al margen del debate y el enfrentamiento político que ha suscitado la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Los empleados públicos son profesionales a los que hay que proteger y salvaguardar su independencia», añade el sindicato en un comunicado.
El sindicato rechaza derivar la gestión a empresas públicas o a empresas de terceros países, ante la inseguridad jurídica en el tratamiento de los datos personales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama el refuerzo urgente de los consulados de España en Latinoamérica ante el riesgo de colapso por las decenas de miles de solicitudes registradas para obtener la nacionalidad española, en el marco de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (2,5 millones de solicitudes).
Según datos recabados por CSIF en las embajadas con mayor volumen de trabajo, la plantilla es la siguiente: México (114, de los cuales 18 son funcionarios), Argentina (200, 20 funcionarios, respectivamente) y Cuba (65, 18 funcionarios). Los expedientes de nacionalización siempre los ficha el cónsul.
Esta circunstancia ha provocado que se esté estudiando recabar el apoyo de personal externo de empresas públicas como Ineco, en el caso de Argentina, o la empresa cubana Palco, dependiente del gobierno del país (por la que se deben tramitar todas las contrataciones de personal local por parte de España). Algo similar está sucediendo en España con Tragsa/Tragsatec para ayudar en el proceso de regularización de personas extranjeras.
Por este motivo, CSIF reclama adaptar las plantillas al volumen de trabajo con empleados públicos, con el fin de dar seguridad jurídica al tratamiento de los datos personales, así como a los funcionarios actualmente encargados de resolver los expedientes y que se van a ver superados. En cambio, el sindicato rechaza la opción de «derivar la gestión a empresas públicas o a empresas de terceros países, ante la inseguridad jurídica en el tratamiento de los datos personales».
«La legislación española establece que el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales está reservado exclusivamente a los funcionarios de carrera. Este principio garantiza la objetividad, imparcialidad y profesionalidad en la actuación de la Administración, cuestión que puede verse conculcada con la atribución de estas potestades públicas a terceros», insiste el sindicato.
«En definitiva, reclamamos que se dote de los medios suficientes al personal en el Exterior y que se les permita ejercer su labor al margen del debate y el enfrentamiento político que ha suscitado la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Los empleados públicos son profesionales a los que hay que proteger y salvaguardar su independencia», añade el sindicato en un comunicado.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
