El Gobierno ha autorizado Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, tres años más de lo previsto, con los mismos argumentos que hasta anteayer despachaba como propaganda del lobby atómico: crisis en Oriente Medio, volatilidad del gas, exposición de nuestro sistema eléctrico a los vaivenes internacionales. La rectificación es acertada, pero el discurso que la acompaña no lo es, ya que se nos vende como una «prórroga limitada» mientras que se insiste en que el resto del calendario no se toca: Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II y Trillo en 2035. Se acepta que la premisa del protocolo de 2019 ha saltado por los aires y se mantiene intacta la conclusión. Ahí está la farsa.
Greenpeace cifra en 3.831 millones el sobrecoste de la prórroga y sostiene que el 96,4% de lo que produce Almaraz podría sustituirse ya por renovables. Ese «ya» es lo que está por demostrar y no parece fácil de asumir en el corto plazo. Sin embargo, las matemáticas no engañan en 2025 la nuclear generó el 19% de nuestra electricidad; las renovables, el 55,5%. Tenemos que seguir apostando por ellas, y dotarlas de un marco jurídico estable y no voluble en función de la ideología del gobierno. Pero el sol se pone y el viento amaina, y mientras el almacenamiento no esté resuelto a escala de sistema, alguien tiene que sostener la base y aportar inercia. El apagón de abril de 2025 recordó que un sistema sin margen es frágil. Hoy ese alguien es la nuclear o es el gas. No hay tercera opción.
Queda la pregunta incómoda: ¿es esto una prórroga o una permanencia a plazos? El cierre de 2030 no lo ejecutará este Gobierno, sino uno que todavía no ha sido elegido, y el PP ya ha pedido cancelar el calendario entero. Cuando el horizonte de un parque de siete gigavatios depende del resultado de unas elecciones, ningún operador invierte en mantenimiento a largo plazo y ningún inversor descuenta nada. La incertidumbre regulatoria también tiene precio, y lo pagamos todos.
Francia lo ha entendido: seis nuevos reactores EPR2, con opción a otros ocho, y una apuesta explícita por combinar nuclear y renovables. Podrá discutirse el coste; el horizonte, no. Es una política de Estado, pensada en décadas, no en legislaturas.
España necesita eso: un calendario decidido por criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, revisable con los datos en la mano, y no por un acuerdo de 2019 firmado en un mundo energético que ya no existe. Que el Consejo de Seguridad Nuclear diga si un reactor puede operar; que los economistas digamos cuánto cuesta cerrarlo antes de tiempo. Almaraz seguirá funcionando hasta 2030. Celebrémoslo. Pero no es una excepción: es la primera grieta en un cierre que no se sostiene ni técnica ni económicamente.
Álvaro Hidalgo Vega. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UCLM y presidente de la Fundación Weber.
España necesita una política de Estado pensada en décadas, no en legislaturas
El Gobierno ha autorizado Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, tres años más de lo previsto, con los mismos argumentos que hasta anteayer despachaba como propaganda del lobby atómico: crisis en Oriente Medio, volatilidad del gas, exposición de nuestro sistema eléctrico a los vaivenes internacionales. La rectificación es acertada, pero el discurso que la acompaña no lo es, ya que se nos vende como una «prórroga limitada» mientras que se insiste en que el resto del calendario no se toca: Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II y Trillo en 2035. Se acepta que la premisa del protocolo de 2019 ha saltado por los aires y se mantiene intacta la conclusión. Ahí está la farsa.
Greenpeace cifra en 3.831 millones el sobrecoste de la prórroga y sostiene que el 96,4% de lo que produce Almaraz podría sustituirse ya por renovables. Ese «ya» es lo que está por demostrar y no parece fácil de asumir en el corto plazo. Sin embargo, las matemáticas no engañan en 2025 la nuclear generó el 19% de nuestra electricidad; las renovables, el 55,5%. Tenemos que seguir apostando por ellas, y dotarlas de un marco jurídico estable y no voluble en función de la ideología del gobierno. Pero el sol se pone y el viento amaina, y mientras el almacenamiento no esté resuelto a escala de sistema, alguien tiene que sostener la base y aportar inercia. El apagón de abril de 2025 recordó que un sistema sin margen es frágil. Hoy ese alguien es la nuclear o es el gas. No hay tercera opción.
Queda la pregunta incómoda: ¿es esto una prórroga o una permanencia a plazos? El cierre de 2030 no lo ejecutará este Gobierno, sino uno que todavía no ha sido elegido, y el PP ya ha pedido cancelar el calendario entero. Cuando el horizonte de un parque de siete gigavatios depende del resultado de unas elecciones, ningún operador invierte en mantenimiento a largo plazo y ningún inversor descuenta nada. La incertidumbre regulatoria también tiene precio, y lo pagamos todos.
Francia lo ha entendido: seis nuevos reactores EPR2, con opción a otros ocho, y una apuesta explícita por combinar nuclear y renovables. Podrá discutirse el coste; el horizonte, no. Es una política de Estado, pensada en décadas, no en legislaturas.
España necesita eso: un calendario decidido por criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, revisable con los datos en la mano, y no por un acuerdo de 2019 firmado en un mundo energético que ya no existe. Que el Consejo de Seguridad Nuclear diga si un reactor puede operar; que los economistas digamos cuánto cuesta cerrarlo antes de tiempo. Almaraz seguirá funcionando hasta 2030. Celebrémoslo. Pero no es una excepción: es la primera grieta en un cierre que no se sostiene ni técnica ni económicamente.
Álvaro Hidalgo Vega. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UCLM y presidente de la Fundación Weber.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
