La posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales está más ‘caliente’ que nunca. La derogación de los decretos de vivienda en el el Congreso de los Diputados ha provocado que el futuro de España pueda pasar por una convocatoria adelantada el próximo 29 de noviembre de 2026.
Pero, ¿quién sabe? Pedro Sánchez ya reflexionó un fin de semana entero por el caso Begoña; y ahora mismo está haciendo lo mismo, reflexionar. ¿La respuesta? Solo él la conoce (por el momento).
Entre las iniciativas propuestas por Moncloa se encontraban la proposición de ley que busca eliminar los coeficientes reductores para quienes hayan cotizado durante más de 40 años, una medida que acaba de superar uno de los primeros trámites parlamentarios.
Ese es un escenario que preocupa especialmente a quienes esperan que esta modificación pueda cambiar el cálculo de sus futuras pensiones. Por ello, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz Cuenca se ha adelantado y ha explicado en uno de sus últimos vídeos qué ocurriría con esta iniciativa si finalmente se produce una disolución de las Cortes.
La proposición fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 22 de septiembre y comenzó después su recorrido parlamentario.
«En el horizonte político empieza a sonar con fuerza la posibilidad de un adelanto electoral y las consecuencias de la disolución de las Cortes Generales», señala Muñoz Cuenca.
La proposición para eliminar los recortes a las pensiones todavía tiene por delante buena parte de su recorrido parlamentario
La iniciativa se encuentra ahora en la Comisión de Trabajo, Economía Social e Inclusión, después de haber superado la toma en consideración. Según explica el funcionario, en este momento está abierto el plazo para que los grupos presenten enmiendas a la totalidad y al articulado, por lo que todavía quedan diferentes pasos antes de que el texto pueda completar su tramitación. El Reglamento del Congreso establece que, una vez tomada en consideración una proposición de ley, la Mesa acuerda su envío a la comisión competente y la apertura del correspondiente plazo de enmiendas.
Muñoz Cuenca pone precisamente el foco en ese momento de la tramitación. A su juicio, el tiempo puede convertirse en un factor determinante si finalmente se produce una convocatoria electoral.
«Ahora estamos en una etapa crucial», explica antes de advertir de que los grupos pueden utilizar el periodo de enmiendas para introducir cambios en el texto o incluso prolongar los plazos de tramitación.
Una disolución de las Cortes supondría la caducidad de esta iniciativa y obligaría a empezar de nuevo
La advertencia más importante del funcionario llega cuando analiza qué ocurriría si Sánchez decidiera convocar elecciones y se disolvieran las Cortes Generales antes de que la proposición completase su recorrido. «La respuesta técnica es tajante. La ley decae», afirma Muñoz Cuenca. El Reglamento del Congreso establece que, una vez disuelto el Congreso o terminado su mandato, caducan los asuntos que estén pendientes de examen y resolución por la Cámara.
En el caso de esta proposición, por tanto, el hecho de haber superado la toma en consideración no significaría que la siguiente legislatura tuviera que continuar automáticamente desde el punto en el que se hubiera quedado. «No existe la herencia entre legislatura», sostiene el funcionario. Por ello, si la iniciativa desapareciera con la disolución, habría que volver a presentar una nueva proposición en la siguiente Cámara y afrontar de nuevo los trámites parlamentarios correspondientes.
Muñoz Cuenca calcula que este escenario podría retrasar la aprobación de la medida entre uno y dos años más, aunque el tiempo dependería de la nueva tramitación y de las circunstancias de la siguiente legislatura. El Congreso recoge que las iniciativas en tramitación caducan con la disolución, mientras que existen excepciones específicas para determinados tipos de iniciativas, como las de iniciativa legislativa popular o algunas procedentes de parlamentos autonómicos.
La iniciativa todavía debe completar varios trámites parlamentarios y una disolución de las Cortes obligaría a comenzar de nuevo su recorrido
La posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales está más ‘caliente’ que nunca. La derogación de los decretos de vivienda en el el Congreso de los Diputados ha provocado que el futuro de España pueda pasar por una convocatoria adelantada el próximo 29 de noviembre de 2026.
Pero, ¿quién sabe? Pedro Sánchez ya reflexionó un fin de semana entero por el caso Begoña; y ahora mismo está haciendo lo mismo, reflexionar. ¿La respuesta? Solo él la conoce (por el momento).
Entre las iniciativas propuestas por Moncloa se encontraban la proposición de ley que busca eliminar los coeficientes reductores para quienes hayan cotizado durante más de 40 años, una medida que acaba de superar uno de los primeros trámites parlamentarios.
Ese es un escenario que preocupa especialmente a quienes esperan que esta modificación pueda cambiar el cálculo de sus futuras pensiones. Por ello, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz Cuenca se ha adelantado y ha explicado en uno de sus últimos vídeos qué ocurriría con esta iniciativa si finalmente se produce una disolución de las Cortes.
La proposición fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 22 de septiembre y comenzó después su recorrido parlamentario.
«En el horizonte político empieza a sonar con fuerza la posibilidad de un adelanto electoral y las consecuencias de la disolución de las Cortes Generales», señala Muñoz Cuenca.
La proposición para eliminar los recortes a las pensiones todavía tiene por delante buena parte de su recorrido parlamentario
La iniciativa se encuentra ahora en la Comisión de Trabajo, Economía Social e Inclusión, después de haber superado la toma en consideración. Según explica el funcionario, en este momento está abierto el plazo para que los grupos presenten enmiendas a la totalidad y al articulado, por lo que todavía quedan diferentes pasos antes de que el texto pueda completar su tramitación. El Reglamento del Congreso establece que, una vez tomada en consideración una proposición de ley, la Mesa acuerda su envío a la comisión competente y la apertura del correspondiente plazo de enmiendas.
Muñoz Cuenca pone precisamente el foco en ese momento de la tramitación. A su juicio, el tiempo puede convertirse en un factor determinante si finalmente se produce una convocatoria electoral.
«Ahora estamos en una etapa crucial», explica antes de advertir de que los grupos pueden utilizar el periodo de enmiendas para introducir cambios en el texto o incluso prolongar los plazos de tramitación.
Una disolución de las Cortes supondría la caducidad de esta iniciativa y obligaría a empezar de nuevo
La advertencia más importante del funcionario llega cuando analiza qué ocurriría si Sánchez decidiera convocar elecciones y se disolvieran las Cortes Generales antes de que la proposición completase su recorrido. «La respuesta técnica es tajante. La ley decae», afirma Muñoz Cuenca. El Reglamento del Congreso establece que, una vez disuelto el Congreso o terminado su mandato, caducan los asuntos que estén pendientes de examen y resolución por la Cámara.
En el caso de esta proposición, por tanto, el hecho de haber superado la toma en consideración no significaría que la siguiente legislatura tuviera que continuar automáticamente desde el punto en el que se hubiera quedado. «No existe la herencia entre legislatura», sostiene el funcionario. Por ello, si la iniciativa desapareciera con la disolución, habría que volver a presentar una nueva proposición en la siguiente Cámara y afrontar de nuevo los trámites parlamentarios correspondientes.
Muñoz Cuenca calcula que este escenario podría retrasar la aprobación de la medida entre uno y dos años más, aunque el tiempo dependería de la nueva tramitación y de las circunstancias de la siguiente legislatura. El Congreso recoge que las iniciativas en tramitación caducan con la disolución, mientras que existen excepciones específicas para determinados tipos de iniciativas, como las de iniciativa legislativa popular o algunas procedentes de parlamentos autonómicos.
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