Miles de personas desalojadas, como en los incendios de Ávila y Madrid, o atrapadas por las llamas, como en Los Gallardos (Almería) en julio, son la expresión extrema de un patrón que se repite en toda España: población asentada en la frontera entre el tejido urbano y grandes masas de vegetación que le sirven de combustible al fuego. Al menos 8.567.434 habitantes, el 18% de la población total, viven a menos de 400 metros de una de esas manchas forestales o en contacto directo con ellas, según el análisis realizado por EL PAÍS. Esa es la distancia que las normativas autonómicas consideran el área de influencia de un incendio: la franja en la que el fuego puede propagarse hasta las viviendas y donde deben aplicarse medidas de prevención.
Metodología
Para estimar cuánta población vive en zonas expuestas al peligro de incendio forestal, EL PAÍS ha cruzado la rejilla de población de 100 metros elaborada por Goerlich y Mollá para la Fundación BBVA y el Ivie, basada en el censo de 2021, con el Mapa Forestal de España de máxima actualidad disponible. La rejilla permite estimar la población residente en celdas de una hectárea y compararla con la localización de pastos, matorral y bosque capaces de alimentar un incendio forestal.
Para cada celda habitada se calculó si estaba dentro de una zona de vegetación combustible o a qué distancias se encontraba de una gran masa forestal continua. El escenario principal considera expuesta a la población situada dentro de vegetación combustible o a 400 metros o menos de una mancha combustible de al menos 500 hectáreas. También se calcularon escenarios alternativos de 100 y 2.400 metros para comprobar la sensibilidad del resultado.
Para aproximar mejor el estado actual del combustible, se descontaron las celdas situadas dentro de perímetros de incendios registrados por EFFIS/Copernicus entre 2022 y 2026. Se escogió ese periodo porque recoge los incendios recientes con más capacidad de alterar la vegetación disponible, sin excluir áreas quemadas hace más tiempo donde el combustible puede haberse recuperado parcialmente.
El resultado mide exposición física, no probabilidad de incendio ni riesgo individual. No incorpora meteorología diaria, viento, pendiente, estado de las viviendas ni medidas locales de prevención. Los cálculos espaciales y las agregaciones se realizaron con software R a partir de fuentes públicas.
Un análisis de EL PAÍS permite identificar dónde reside más población a menos de 400 metros de grandes masas de vegetación combustible. Intervenir en esa frontera urbano-forestal es clave para responder ante el fuego
Miles de personas desalojadas, como en los incendios de Ávila y Madrid, o atrapadas por las llamas, como en Los Gallardos (Almería) en julio, son la expresión extrema de un patrón que se repite en toda España: población asentada en la frontera entre el tejido urbano y grandes masas de vegetación que le sirven de combustible al fuego. Al menos 8.567.434 habitantes, el 18% de la población total, viven a menos de 400 metros de una de esas manchas forestales o en contacto directo con ellas, según el análisis realizado por EL PAÍS. Esa es la distancia que las normativas autonómicas consideran el área de influencia de un incendio: la franja en la que el fuego puede propagarse hasta las viviendas y donde deben aplicarse medidas de prevención.
Un mapa como este ofrece una radiografía permanente de la exposición de la población y del territorio. “Muestra dónde un incendio, cuando se produce, tiene más posibilidades de convertirse en una catástrofe humana y territorial”, resume Alfonso Fernández Manso, catedrático de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de León.
En España no existe una herramienta equivalente, pese a que numerosos expertos llevan años reclamando la identificación de las zonas más vulnerables y distintas normativas exigen hacerlo para orientar la prevención frente a unos incendios cada vez más agresivos e intensos. La propia Ley de Montes obliga al Ministerio para la Transición Ecológica a elaborar un mapa nacional de las zonas de mayor riesgo de incendio. Algo que, por el momento, sigue pendiente.
La cartografía elaborada por EL PAÍS no muestra un peligro puntual ni incorpora variables como la meteorología o la pendiente del terreno, sino que mide algo más básico y verificable: dónde vive la gente cerca o dentro de zonas con vegetación capaz de alimentar un gran incendio.
Para medir hasta dónde llega esa frontera y elaborar un mapa propio, EL PAÍS ha cruzado los datos de población distribuida en celdas de 100 por 100 metros (una hectárea) con el Mapa Forestal de España, que identifica dónde hay vegetación capaz de alimentar un gran incendio. El análisis solo tiene en cuenta las manchas forestales continuas de al menos 500 hectáreas.
Si se amplía el límite hasta los 2.400 metros, la distancia que organismos internacionales emplean como referencia amplia para la interfaz urbano-forestal, la población expuesta alcanza los 27,8 millones, más de la mitad del país. En el extremo opuesto, 2.792.540 personas viven a menos de 100 metros de esas grandes manchas de combustible, casi el 6% del total.
EL PAÍS ha utilizado como medida de referencia los 400 metros porque así lo indican las normativas autonómicas y las de algunos países europeos, como Portugal e Italia, que sí cuentan con mapas de exposición al fuego públicos y accesibles.
El incendio de Los Gallardos, en Almería, que se declaró el 9 de julio de este año, en el que murieron 14 personas, concentraba todos los elementos para que se produjera un desastre semejante: población pegada a zonas de vegetación combustible, orografía abrupta, núcleos diseminados y accesos limitados. No es el único municipio con ese perfil. En toda España, como en el resto del mundo, hay miles de casos de viviendas y urbanizaciones mezcladas con el bosque o con alguna de sus caras expuestas a él. No es ilegal, pero existen obligaciones de protección que en muchos casos no se cumplen, bien por desconocimiento, falta de recursos o desidia de las administraciones.
Algunos casos resultan especialmente llamativos. En Eibar (Gipuzkoa), el 100% de sus 27.405 habitantes está en esa situación; en Alcoy (Alicante), lo está casi el 85% de sus 58.707 residentes; en Mieres (Asturias), el 78,9% de sus 36.975 vecinos están en contacto con el combustible forestal; y en Arona (Tenerife), la expansión urbanística del sur de la isla ha situado a 48.940 personas a menos de 400 metros del monte, casi el 59% de la población. El riesgo deja de ser una estadística en lugares como Navaluenga (Ávila), donde el 70% de los vecinos afectados por los recientes incendios residía en zonas de alta exposición al fuego.
El problema de los incendios comienza mucho antes de la extinción e incluso antes de las labores de prevención. Esa interfaz es el resultado de décadas de crecimiento urbano sin planificación: de cómo se ocupa el territorio, dónde se construye, qué distancia separa una casa del monte y por qué vía se sale de ella.
“La expansión de viviendas en entornos forestales ha incrementado nuestra exposición al riesgo”, señala Francisco Martín Azcárate, profesor del Departamento de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid. “Cada vez hay más personas, viviendas y bienes expuestos, también porque el paisaje que los rodea ha cambiado profundamente. En pocas décadas hemos pasado de paisajes muy abiertos, intensamente aprovechados por la agricultura y la ganadería, a otros con mayor continuidad de la vegetación, más biomasa acumulada y más capacidad para sostener incendios de gran intensidad”, explica.
Todo ello, en un contexto de cambio climático que propicia fuegos cada vez más grandes y devastadores, y temperaturas cada vez más extremas que, como se vio en Ávila y Madrid, dificultan la extinción.
Por eso muchos expertos creen que la respuesta inmediata y asumible al nuevo escenario de incendios está precisamente en la gestión de esa interfaz antes que en el rediseño completo del paisaje, más complejo y a largo plazo. “Si conseguimos que los paisajes de los entornos urbanos ardan con menor severidad, la protección de pueblos y urbanizaciones y las labores de extinción serán mucho más eficaces”, resume Martín Azcárate.
¿Son los ciudadanos conscientes del peligro? “En general, no”, contesta Javier Madrigal, coordinador de riesgos forestales del CSIC. Existen ejemplos de buenas prácticas, pero “hay una gran cantidad de ayuntamientos y comunidades de propietarios donde hay mucho por hacer; se necesita, además de recursos, formación en materia de emergencias; es un tema cultural que se debería enseñar en los colegios”, aclara.
En ese escudo antiincendios, cada uno juega un papel. El Estado fija el marco común; las comunidades autónomas planifican, previenen y coordinan la extinción; y los ayuntamientos convierten esas políticas en medidas concretas sobre el terreno. A los propietarios de parcelas y viviendas que se encuentran en esa franja de contacto con zonas de monte, les corresponde mantenerlas preparadas para minimizar el efecto del fuego. Existen guías de autoprotección, “pero falta difusión”, puntualiza Madrigal. Tampoco hay “un código técnico de edificación que obligue a que en una zona expuesta a riesgo de incendio la construcción deba ser de determinada manera”.
La autoprotección también está en lo que podrían parecer detalles: evitar los populares setos de arizónica —conocidos como las autopistas del fuego—, limpiar canalones y tejados, proteger la chimenea y cerrar bien ventanas y persianas. Todo para impedir la entrada de pavesas incandescentes. “Si la estructura de la casa no prende, debería resistir bien, sobre todo si no hay combustible pegado a la vivienda”, explica.
Incluso conociendo el riesgo y tomando precauciones, el fuego puede arrasar, porque llega desde zonas cercanas que no están mantenidas. A Emilia López, presidenta de la comunidad de propietarios de El Encinar del Alberche, una urbanización de 1.700 parcelas en Villa del Prado, la primera localidad madrileña afectada por el incendio que llegó desde Toledo, no se le pasa la indignación. Asegura que ellos sabían “que podía pasar” y que el fuego aparecería en el pinar que pertenece a Castilla-La Mancha, como ocurrió. Cuentan con un plan de protección, pero “tenemos que rogar para que hagan cortafuegos”. En su urbanización hay 200 casas afectadas y se han quemado 40.
El mapa público a la espera
Un mapa público como el que la ley pide al ministerio indicaría qué zonas pueden arder. “España dispone de información suficiente para construir una primera cartografía estatal, pero nadie tiene hoy el mandato efectivo de integrar esas fuentes, establecer una metodología única, validar los resultados, mantenerlos actualizados y publicarlos en un sistema nacional de interoperabilidad”, lamenta Alfonso Fernández Manso, de la Universidad de León.
Lo que sí existe son mapas diarios de peligro de incendios forestales, que publica AEMET y cuya metodología se ha reforzado este año y ya permite identificar las zonas con mayor probabilidad de sufrir incendios forestales: muestra un peligro coyuntural, que cambia en días u horas, matizan desde el ministerio.
Los mapas de exposición estructural tendrían otra función, más profunda, defiende Fernández Manso: “Tener esa capa cambia decisiones muy concretas: permite dirigir los desbroces a donde de verdad reducen daños y priorizar por viviendas y personas protegidas, no por hectáreas. En urbanismo, ayuda a decidir dónde no debe seguir creciendo la urbanización dispersa, porque actuar vivienda a vivienda es insuficiente. Y en protección civil permite mejorar los planes de evacuación y avisar a cada núcleo de su exposición concreta, en vez de recomendaciones genéricas para toda una provincia”.
Metodología
Para estimar cuánta población vive en zonas expuestas al peligro de incendio forestal, EL PAÍS ha cruzado la rejilla de población de 100 metros elaborada por Goerlich y Mollá para la Fundación BBVA y el Ivie, basada en el censo de 2021, con el Mapa Forestal de España de máxima actualidad disponible. La rejilla permite estimar la población residente en celdas de una hectárea y compararla con la localización de pastos, matorral y bosque capaces de alimentar un incendio forestal.
Para cada celda habitada se calculó si estaba dentro de una zona de vegetación combustible o a qué distancias se encontraba de una gran masa forestal continua. El escenario principal considera expuesta a la población situada dentro de vegetación combustible o a 400 metros o menos de una mancha combustible de al menos 500 hectáreas. También se calcularon escenarios alternativos de 100 y 2.400 metros para comprobar la sensibilidad del resultado.
Para aproximar mejor el estado actual del combustible, se descontaron las celdas situadas dentro de perímetros de incendios registrados por EFFIS/Copernicus entre 2022 y 2026. Se escogió ese periodo porque recoge los incendios recientes con más capacidad de alterar la vegetación disponible, sin excluir áreas quemadas hace más tiempo donde el combustible puede haberse recuperado parcialmente.
El resultado mide exposición física, no probabilidad de incendio ni riesgo individual. No incorpora meteorología diaria, viento, pendiente, estado de las viviendas ni medidas locales de prevención. Los cálculos espaciales y las agregaciones se realizaron con software R a partir de fuentes públicas.
Feed MRSS-S Noticias
