Aunque no tuvieron la misma repercusión mediática que en las repúblicas bálticas, en los estertores de la Unión Soviética, a finales de los ochenta, decenas de miles de personas se manifestaron en Georgia a favor de los cambios políticos y la independencia del país. Un trozo del muro de Berlín recuerda aquella lucha en un céntrico parque de la capital, Tbilisi. De aquella pulsión brotó una de las sociedades civiles más robustas y vibrantes de las antiguas repúblicas soviéticas. Sin embargo, ahora parece cosa del pasado. “La represión del Gobierno actual [encabezado por Irakli Kobakhidze] ha destrozado nuestra sociedad civil”, se lamenta Tamta Mikeladze, directora del Centro para la Justicia Social (CJS), una de las ONG más potentes del país caucásico.
Un paquete de leyes inspirado en las del Kremlin y adoptado por el Gobierno limita las acciones de ONG e inhibe las movilizaciones ciudadanas
Aunque no tuvieron la misma repercusión mediática que en las repúblicas bálticas, en los estertores de la Unión Soviética, a finales de los ochenta, decenas de miles de personas se manifestaron en Georgia a favor de los cambios políticos y la independencia del país. Un trozo del muro de Berlín recuerda aquella lucha en un céntrico parque de la capital, Tbilisi. De aquella pulsión brotó una de las sociedades civiles más robustas y vibrantes de las antiguas repúblicas soviéticas. Sin embargo, ahora parece cosa del pasado. “La represión del Gobierno actual [encabezado por Irakli Kobakhidze] ha destrozado nuestra sociedad civil”, se lamenta Tamta Mikeladze, directora del Centro para la Justicia Social (CJS), una de las ONG más potentes del país caucásico.
El punto de inflexión tuvo lugar en invierno de 2024, tras la victoria de Sueño Georgiano,el conservador partido de Kobakhidze, en unas elecciones que la oposición denunció como fraudulentas. El Gobierno, dirigido en la sombra por el magnate Bidzina Ivanishvili, poseedor de una fortuna estimada en más del 20% del PIB del país, aprobó un paquete de leyes de asociaciones inspiradas en las vigentes en Rusia que limitan severamente el margen de maniobra de las ONG, sobre todo aquellas que reciben algún tipo de financiación extranjera.
Entre otras medidas, la nueva legislación obliga a todas ellas a registrarse como “agentes extranjeros” y tan solo pueden recibir fondos con el improbable visto bueno del Gobierno. Cualquier incumplimiento se castigaría con duras sanciones de hasta seis años de cárcel.
Para un país pequeño (3,5 millones de habitantes), una economía débil y sin tradición de mecenazgo, las leyes representan poco menos que una sentencia de muerte. “La sociedad civil se enfrenta a un peligro existencial. Estas leyes represivas pretenden silenciarla, poner fin a su independencia. Se inscriben en un proyecto autoritario que está erosionando gravemente las instituciones democráticas y el Estado de derecho”, denuncia Mikeladze, que sitúa a Sueño Georgiano en la ola populista que está haciendo retroceder los derechos civiles y políticos en buena parte del mundo.
Más de un año y medio después de la aprobación de dichas leyes, muchas ONG se han visto obligadas a reducir sus actividades a la mínima expresión, cuando no a cerrar sus puertas. Según un reciente estudio del CJS, en el que han participado más de un centenar de asociaciones, tan solo el 7% declararon que seguían funcionando de la misma forma que antes de la reforma legal.
Además, hasta un 96% aseguran padecer una “seria escasez de recursos” y un 39% no tiene ningún tipo de financiación. “Las que continúan, han tenido que reducir sus plantillas de forma drástica y echar mano de voluntarios”, explica la directora del centro. El propio CJS antes disponía de una treintena de trabajadores, pero ahora se sostiene, sobre todo, gracias a un puñado de voluntarios.
No obstante, la sociedad georgiana está demostrando una admirable resiliencia en la defensa de los valores democráticos. Desde las últimas elecciones legislativas, cada día se han celebrado manifestaciones antigubernamentales frente al Parlamento. La semana pasada, el movimiento superó el hito de 600 días consecutivos de movilizaciones antigubernamentales frente a ese edificio. Ahora bien, el precio ha sido muy elevado, pues el Gobierno no ha escatimado todo tipo de violencias y artimañas para sofocarlas. De acuerdo con el proyecto de monitoreo Orbit, la cifra de presos políticos se acerca a los 60, y entre ellos figuran perfiles muy diferentes: políticos, periodistas, intelectuales, estudiantes…
El pasado sábado, un millar de personas participaron en otra marcha que recorrió las calles del centro y desembocó, como siempre, en el Parlamento. “Al principio éramos decenas de miles de personas, pero mucha gente dejó de venir sobre todo por miedo a la represión”, comentaba durante la protesta Ketevan Khuskivadze, presidenta de la Sociedad de Hispanistas de Georgia. Ella misma la sufrió en sus carnes. El pasado mes de noviembre, fue arrestada violentamente y, tras tres días en el calabozo, fue procesada por “insultar” a un policía.
“Todo el proceso fue una farsa, incluido el juicio. Me impusieron una pena de 5.000 lari [unos 1.700 euros], que equivalen a varios meses de salario. Una pena parecida te puede caer por cortar el tráfico o simplemente por estar de pie en mitad de la acera”, recuerda la académica. Se calcula que centenares de personas han sido víctimas de estas medidas disuasorias. En el caso de los activistas más aguerridos, la combinación de multas puede llegar a sumar hasta 90.000 laris. Natalie, estudiante, cree que esta política ha sido efectiva: “Tengo compañeros que ya no vienen porque tienen miedo de arruinar a sus padres con las multas, o incluso de que los expulsen de sus empleos por tener un hijo arrestado”.
El desencadenante de las primeras protestas, en 2023, fue el primer anuncio de la llamada “ley rusa de asociaciones”. Posteriormente, se fueron añadiendo otras causas, como el fraude electoral, o la decisión de detener el proceso de integración en la UE, una ambición que apoya el 70% de la población. De hecho, entre un mar de banderas georgianas, en la movilización también había varias de la UE y de Ucrania. Ahora bien, al ser preguntados, la gran mayoría de manifestantes señalaba que su mayor motivo de enojo era la alianza entre Sueño Georgiana y la Rusia de Putin. “Es indignante que el Gobierno sea una marioneta rusa. ¡Ellos ocupan el 20% de nuestro territorio!”, proclama Lali, una joven desempleada que sostenía un cartel con un cerdo pintado con los colores de la bandera rusa y que rezaba “Fuera los ocupantes”.
Eleonora Tafuro, directora del Centro del Cáucaso y Asia Central en el think tank italiano ISPI, matiza la etiqueta de prorruso de Tbilisi: “Es una simplificación. Sueño Georgiano solo busca la mejor manera de mantenerse en el poder. Respecto a Ucrania, ha buscado un equilibrio, votando en la ONU en contra de la ocupación rusa, pero sin aplicar sanciones a Moscú”. Ante la realidad de un régimen híbrido que se va consolidando a nivel interno, Mikeladze ve en el panorama internacional un rayo de esperanza: “A nivel geopolítico, el régimen es débil. No cuenta con ningún patrón fuerte y la economía va mal. De momento, nos toca resistir y adaptarnos”.
Feed MRSS-S Noticias
