La presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha entregado este miércoles al Congreso una propuesta para desarrollar una parte de la Ley trans, aprobada en 2023, que ha quedado olvidada: el reconocimiento de la identidad de las personas trans de fuera de España. “Esto lleva tres años retrasándose y afecta a más de 60.000 personas trans extranjeras”, ha remarcado Cambrollé a las puertas de la Cámara baja. “Esta falta de normativa dificulta el ejercicio de derechos fundamentales, generando situaciones de inseguridad jurídica y vulnerabilidad administrativa para un colectivo especialmente expuesto a la discriminación”, ha continuado la activista.
La ‘Ley trans’ avala este derecho desde 2023, aunque el reglamento para aplicarlo no ha sido aún desarrollado por el Ejecutivo
La presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha entregado este miércoles al Congreso una propuesta para desarrollar una parte de la Ley trans, aprobada en 2023, que ha quedado olvidada: el reconocimiento de la identidad de las personas trans de fuera de España. “Esto lleva tres años retrasándose y afecta a más de 60.000 personas trans extranjeras”, ha remarcado Cambrollé a las puertas de la Cámara baja. “Esta falta de normativa dificulta el ejercicio de derechos fundamentales, generando situaciones de inseguridad jurídica y vulnerabilidad administrativa para un colectivo especialmente expuesto a la discriminación”, ha continuado la activista.
Para solucionar esta situación, desde la organización que preside han elaborado un desarrollo reglamentario que haga efectiva la ley, y en el que ha colaborado también un equipo de juristas de la Universidad Complutense de Madrid ―la doctora en derecho Patricia Orejudo Prieto de los Mozos y el profesor Carlos Brito Siso, ambos miembros del Instituto de Investigaciones Feministas de esa universidad―. “No nos limitamos a hacer una crítica, sino que realizamos una propuesta seria, avalada por expertos y que puede ahorrar trabajo al Gobierno”, ha detallado la presidenta de Plataforma Trans, que representa a más de una decena de organizaciones de todo el territorio, en conversación con EL PAÍS.
La Ley trans (la 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI) estipula, en el artículo 50.1, que se ha de posibilitar el cambio registral de nombre y sexo en los documentos oficiales que expide el Estado para todas “las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen”. Esa norma representó “un avance histórico en el derecho a la autodeterminación de género”, han reconocido desde Plataforma Trans, “pero ese derecho continúa siendo inaccesible para muchas personas trans migrantes y refugiadas que siguen atrapadas en documentos que niegan su identidad”.
“La Ley trans tiene huecos y uno de ellos es lo que pasa con las personas trans migrantes”, lamentaba Tobías Conza, de 27 años, en una entrevista con este periódico. Es originario de Perú y llegó a España en 2022. Tras obtener la residencia, ha intentado adecuar sus documentos al menos dos veces. Ambas se lo han denegado: “Me siento abandonado, afligido y paralizado. Mi vida ha sido puesta en pausa; me hace recordar que no puedo vivir libremente”.
Ante los retrasos gubernamentales y los problemas que se generan a las personas afectadas, Plataforma Trans ha tomado la iniciativa. Además de enviarle una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarle el asunto, este miércoles se han reunido con varios grupos parlamentarios (PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG, Bildu) en el Congreso. A comienzos de año, Sumar, socio minoritario de la coalición de Gobierno, ya pidió al Ejecutivo mecanismos para solventar esta situación. “PP y Vox no han estado porque ni les habíamos invitado; si quieren recortar y derogar la Ley trans, ¿cómo van a apoyar el desarrollo de la misma?“, ha dicho Cambrollé.
Los grupos se han comprometido a impulsar una Proposición no de Ley para hacer efectiva la propuesta de la organización: “La reunión ha ido muy bien”, ha celebrado su presidenta.
En esa propuesta, que se haría efectiva a través de un Real Decreto, se establecen mecanismos para permitir la rectificación de la identidad en la documentación española cuando esta no sea posible en el país de origen; el reconocimiento en España de los cambios de identidad ya efectuados en otros Estados; la protección reforzada para solicitantes de protección internacional, refugiados o apátridas; o para garantizar la coherencia administrativa y la actualización automática de datos en los distintos sistemas públicos. Además, incluye medidas formativas para asegurar un trato digno a estas personas. “Todo ello refuerza el compromiso de la Administración con la igualdad real y efectiva”, según recoge el texto.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha detallado que es obligación de los Estados garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género de todas las personas, también para extranjeras y refugiadas. De ahí que desde la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+), que representa a 55 organizaciones de defensa de derechos del colectivo de toda España, hayan denunciado que esa falta de reconocimiento “contradice no solo los principios constitucionales de igualdad, dignidad y no discriminación, sino también los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo subrayó en su último informe, publicado en marzo, “la necesidad de un desarrollo reglamentario para facilitar la adecuación de documentos expedidos a personas extranjeras que no pueden realizar la rectificación registral en sus países de origen”.
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