El Gobierno interpuso el pasado lunes un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la orden firmada por Emilio Viciana, consejero regional de Educación, por la que se autoriza a que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) abra un centro adscrito a la Universidad Complutense. Es la primera vez que un colegio profesional imparte títulos oficiales en España. El Ministerio de Ciencia, que comanda el recurso a través de Abogacía del Estado, considera que “la docencia debe estar en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”, según ha podido saber este diario de fuentes del departamento.
El Ejecutivo, enfrentado al ICAM por la condena al fiscal general, considera que se desvirtúa la docencia si se deja en manos de los gremios profesionales
El Gobierno interpuso el pasado lunes un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la orden firmada por Emilio Viciana, consejero regional de Educación, por la que se autoriza a que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) abra un centro adscrito a la Universidad Complutense. Es la primera vez que un colegio profesional imparte títulos oficiales en España. El Ministerio de Ciencia, que comanda el recurso a través de Abogacía del Estado, considera que “la docencia debe estar en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”, según ha podido saber este diario de fuentes del departamento.
Previsiblemente, el ministerio de Diana Morant hubiese puesto el recurso a esta adscripción si se hubiera abierto en cualquier otra comunidad, ya que abre un escenario inaudito en el país. Pero a nadie se le escapa el total enfrentamiento del Gobierno con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y desde hace unos meses también con el ICAM, que denunció al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
El ICAM se personó en la causa del fiscal general en marzo de 2024 y Ayuso autorizó la adscripción del centro, en pleno juicio, el 11 de noviembre. El colegio se indignó con la noticia avanzada por la Cadena SER: “El ICAM rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de ‘pago de servicios’ en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario”.
La interposición del recurso se limita a señalar cuál es el acto o disposición objeto de requerimiento y a solicitar que se tenga por interpuesto, pero no se conoce aún la motivación de la demanda. Las fuentes del ministerio recuerdan que impartir docencia oficial no es la función de los colegios profesionales. Estas asociaciones sí que dan tradicionalmente cursillos de formación. Como las jornadas remuneradas por el ICAM a las que acudieron como ponentes el presidente y dos jueces del tribunal que condenó al fiscal los días que deliberaban su fallo.
El Gobierno cree que la creación del centro va en contra de los estatutos del colegio. Así lo cree también la Fundación para el Conocimiento Madri+d, que vela por la calidad del sistema universitario madrileño, a quien la irrupción de la ICAM no le convenció y así se lo hizo saber por escrito a Viciana: va “en contra de sus propios estatutos”.
Estas pegas explican que la Abogacía General de Madrid emitiese en mayo de 2024 un informe a petición de la consejería en el que se concluía: “Un colegio profesional puede ser titular de un centro adscrito (…) siempre que sus estatutos contemplen expresamente la actividad docente”. Así que, forzado por la Abogacía General, el ICAM cambió en nueve meses sus estatutos para poder impartir el grado. Según su interpretación, el colegio estaba ya habilitando para formar en másteres.
Conflicto de intereses
Madri+d, pese a los cambios en los estatutos, siguió percibiendo “conflicto de intereses con las otras universidades” e insistió por escrito. El Gobierno cree también que esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de Derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense.
El ministerio, además, teme que si otros colegios actúan de la misma forma, se “ceda la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales” y de esta manera se desmantele la universidad pública. El centro del ICAM está dirigido por el exdecano de la Complutense, Ricardo Alonso, que orquestó desde dentro de la facultad la creación del centro para luego cambiar de lado.
La Academia no entiende por qué la Complutense, a quien Ayuso ha concedido un crédito de 34,5 millones para poder seguir abriendo cada día, se ha creado esta competencia en casa. El ICAM sondeó antes sin éxito a la Universidad Autónoma, según relatan tres fuentes a este diario. Y el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció el 9 de diciembre que presentaría un recurso. “Es una puerta falsa para formalizar universidades en ámbitos que no lo son”, afirmó en un acto en el que compartía protagonismo con su homólogo en la UCM, Joaquín Goyache, que mostró su gran sorpresa. “Es un error dar ese paso”, porque hay que ser “prudentes” y “coherentes” en una “cuestión compleja” en un momento en el que Madrid ha llegado a las 14 universidades.
Para el ministerio, según las fuentes consultadas, esta adscripción “sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”. El ICAM cobrará entre 4.000 (los posgrados en modalidad híbrida) y 5.800 euros por sus tres másteres: Acceso a las profesiones de la abogacía y la procura, Derecho de la construcción y Reestructuraciones e insolvencias. Unas tarifas mucho más bajas que las del mercado privado.
Según la previsión del ICAM, comenzarán con 210 matrículas de posgrado, sin cubrir todas las plazas, pero llegarán a los 500 inscritos en cuatro años. Y, junto a los de grado en Derecho, alcanzarán los 1.100 inscritos. La Consejería de Educación planteó dudas de su viabilidad económica a los cuatro años en un informe.
Este lunes, el mismo día que el Gobierno central, también el PSE madrileño recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM contra la orden del consejero que autoriza la adscripción del centro. Había presentado el recurso el pasado diciembre. “Entendemos que se conculca la legislación universitaria estatal y autonómica, los estatutos de la propia Universidad Complutense, y, sobre todo, la legislación sobre colegios profesionales, pues estos no están habilitados para impartir enseñanzas regladas limitando su función educativa a la formación de sus colegiados y a actividades culturales generales”, señalaron en una nota.
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