La sentencia del Supremo que el miércoles socavó la Ley del Derecho al Voto de 1965 y, con ella, la representación electoral de las minorías en Estados Unidos, tuvo al día siguiente su primera consecuencia con el anuncio de que Luisiana se prepara para posponer la celebración de sus elecciones primarias. Están previstas para mediados de mayo, y eran el primer paso del camino que en ese Estado llevará a la celebración en noviembre de las legislativas de medio mandato (las midterms, en la jerga de Washington). En ellas, el país renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
El presidente de Estados Unidos presiona a los gobernadores republicanos para que cambien los distritos de voto a tiempo para las ‘midterms’ de noviembre
La sentencia del Supremo que el miércoles socavó la Ley del Derecho al Voto de 1965 y, con ella, la representación electoral de las minorías en Estados Unidos, tuvo al día siguiente su primera consecuencia con el anuncio de que Luisiana se prepara para posponer la celebración de sus elecciones primarias. Están previstas para mediados de mayo, y eran el primer paso del camino que en ese Estado llevará a la celebración en noviembre de las legislativas de medio mandato (las midterms, en la jerga de Washington). En ellas, el país renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
El fallo dio la razón a un grupo de votantes blancos que había impugnado el dibujo de un distrito electoral de mayoría negra, el segundo de ese Estado del sur del país con un tercio de población afroamericana. El bloque conservador (6-3) del alto tribunal lo consideró inconstitucional por haber sido diseñado con criterios raciales. A la luz de esa sentencia, de enorme trascendencia, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, declaró este jueves que el mapa actual es ilegal y que, por tanto, no puede usarse en las primarias.
Samuel Alito, el magistrado que escribió la opinión mayoritaria, aclaró en su argumentación que la intención del Supremo es que la sentencia sea de aplicación exclusiva en ese Estado, pero la mayor parte de los análisis dio por hecho que su uso va más allá de esas fronteras. También, que sus efectos cambian las reglas del juego democráticas que han regido en este país desde la era de los derechos civiles de los años sesenta, una de cuyas conquistas fue la promulgación de la ley ahora socavada.
Los analistas aventuraron una carrera de los Estados controlados por los republicanos, especialmente los del sur, a la luz del fallo del Supremo y en vista de que las encuestas consideran altamente probable que los demócratas retomen el control de la Cámara de Representantes. Es la única de la que depende el modo en el que estén dibujadas las circunscripciones de voto. Los senadores se eligen, por el contrario, con el recuento de todos los sufragios emitidos en el Estado.
Así fue. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó este jueves su particular cruzada para traducir esa sentencia en ventaja electoral para el Partido Republicano. En un mensaje en Truth, escribió que había hablado con el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, y que este le había confirmado su intención de trabajar duramente para “corregir los fallos inconstitucionales” de ese Estado. “Esto debería darnos un escaño más [en la Cámara de Representantes], lo que nos ayudará a salvar a nuestro país de los Demócratas de la Izquierda Radical”, escribió el presidente, que en febrero propuso “nacionalizar las elecciones” para evitar que su organización dependa de los Estados; en particular, de los demócratas.
Trump había recibido el miércoles con entusiasmo el fallo del Supremo, que llega a tiempo. El curso del alto tribunal termina a finales de junio o a principios de julio. Sus sentencias se dan a conocer entonces, salvo excepciones. Que su supermayoría conservadora haya decidido publicar esta con antelación indica que querían que la decisión surtiera su efecto antes de las primarias. Las primeras están previstas para el próximo martes en Ohio.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, también dejó claras las intenciones de su partido. “Queremos mapas constitucionales”, declaró este jueves a los periodistas en el Capitolio. “Todos los Estados que tengan mapas inconstitucionales deberían examinarlos con mucha atención, y creo que deberían hacerlo antes de las midterms”.
El fallo del Supremo tumba la sección segunda de la Ley del Derecho al Voto, que impide que el diseño de los distritos electorales (esa práctica tan estadounidense como antidemocrática conocida como gerrymandering) discrimine el poder de decisión en las urnas de los negros, hispanos, nativos estadounidenses y asiáticos, que tradicionalmente han votado demócrata. Hasta este miércoles, era constitucional privilegiar desde las instituciones el derecho de esas minorías para lograr que así se puedan ver reflejadas en los políticos que las representan.
El distrito que está en el origen de la demanda fue aprobado en 2022. Comprende un trozo estrecho y alargado de tierra que va de la capital de Luisiana, Baton Rouge, a otra ciudad, Shreveport, y lo ganó el político afroamericano Cleo Fields. Hasta el fallo del Supremo era uno de los dos distritos de Luisiana que aquí se conocen como de “mayoría minoritaria”, al tratarse de circunscripciones en las que un grupo minoritario en la composición demográfica del conjunto del país, por ejemplo, los afroamericanos, representa más del 50% de la población.
Para el Supremo, es constitucional que los políticos, que tienen el encargo de revisar sus mapas tras la publicación, cada 10 años, del nuevo censo, lo hagan atendiendo a criterios partidistas, pero no que en esa tarea aprovechen para impartir justicia racial. Los seis jueces conservadores se adscriben a la escuela del “color blind”(literalmente, ciego ante el color), ideología extendida en el conservadurismo estadounidense que considera que la mejor manera de fomentar la igualdad es ignorando la raza o la cultura de cada cual.
También defiende que es momento de pasar página de un ajuste que fue necesario a partir de los años sesenta en un país con un terrible pasado esclavista, cuyas heridas aún no se han cerrado, según defienden los movimientos antirracistas.
A partir de ese razonamiento, el Supremo dio hace un par de años un golpe mortal a la discriminación racial positiva en las universidades con una sentencia que anuló los sistemas de selección de las de Harvard y Carolina del Norte. En la práctica, puso fin a décadas en las que se favoreció principalmente a estudiantes negros y latinos con la idea de que los centros educativos debían darles más oportunidades en interés de una sociedad, y de unos centros de poder, más diversos.
La decisión del alto tribunal ha contribuido a recrudecer las hostilidades de lo que en este año electoral ya se conoce como la “guerra del gerrymandering”. Los dos bandos están enfrentados desde el verano pasado, cuando Texas anunció que retocaría su mapa para favorecer a los republicanos en noviembre. Después llegaron las respuestas demócratas desde California o Virginia y las réplicas conservadoras de Florida, Ohio, Misuri o Carolina del Norte.
La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) defendió este jueves ese fuego cruzado como un mal necesario, aunque no esté claro que finalmente dé un resultado de suma cero, con escaños perdidos y ganados por ambos partidos. Tampoco lo está cuánto inclinará en el campo de batalla la balanza del lado republicano la poderosa munición que el Supremo regaló este miércoles a su Ejército.
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