El ministro Pablo Bustinduy está impulsando una batería de medidas que buscan revolucionar el consumo: de prohibir la publicidad de combustibles fósiles y de alimentos insanos para niños o el greenwashing a garantizar el derecho a reparar; de impedir subir el precio de la reventa de entradas a exigir que los servicios de atención al cliente respondan antes de tres minutos. Aunque la endiablada aritmética de la legislatura complica la aprobación de algunas de estas normas, los expertos y las asociaciones de consumidores ven positivos los cambios aunque alertan de que algunos pueden ser complejos de implementar, mientras las patronales creen que pueden generar problemas económicos y subir los precios.
Los expertos ven positivos los cambios que impulsa el ministerio de Bustinduy aunque alertan de que algunos pueden ser complejos de implementar, mientras las patronales advierten de problemas económicos
El ministro Pablo Bustinduy está impulsando una batería de medidas que buscan revolucionar el consumo: de prohibir la publicidad de combustibles fósiles y de alimentos insanos para niños o el greenwashing a garantizar el derecho a reparar; de impedir subir el precio de la reventa de entradas a exigir que los servicios de atención al cliente respondan antes de tres minutos. Aunque la endiablada aritmética de la legislatura complica la aprobación de algunas de estas normas, los expertos y las asociaciones de consumidores ven positivos los cambios aunque alertan de que algunos pueden ser complejos de implementar, mientras las patronales creen que pueden generar problemas económicos y subir los precios.
“Las relaciones de consumo son uno de los ámbitos en los que las lógicas de poder están más marcadas por la desigualdad, donde muchos ciudadanos han podido tener la sensación de estar indefensos frente a poderosas multinacionales”, explica a EL PAÍS Bustinduy, titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Estamos tomando medidas para revertir este desequilibrio. Cuando el Gobierno regula y la gente denuncia, el desequilibro se rompe”, continúa.
Hay de todo. La ley de consumo sostenible traspone dos directivas europeas —sobre reparabilidad y ecopostureo—, pero va más allá al hablar de reduflación y reventa de entradas. La ley de servicios de atención a la clientela (SAC) incluye varias mejoras en el sector, se quedó a las puertas del BOE en la legislatura anterior —entonces con Alberto Garzón como ministro— y cosechó un gran consenso que ahora ha perdido. Mientras, los decretos para prohibir la publicidad de alimentos insanos para niños y para regular los comedores de hospitales y residencias serán complejos de convalidar. El único ya aprobado es el decreto que regula los comedores escolares.
Quienes más celebran este impulso son las asociaciones de consumidores. “Hay un ímpetu legislador muy interesante, que hacía mucho que no veíamos en un ministerio con competencias en consumo. Están apostando por un potente desarrollo legislativo pese a los obstáculos de la legislatura”, dice Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Enrique García, de la OCU, coincide: “Son normativas que refuerzan los derechos de los consumidores, como la ley de SAC, que exige responder las reclamaciones antes de 15 días [ahora es un mes] y que al teléfono puedas exigir hablar con una persona y no una máquina”.
José Luis Nueno, titular de la Cátedra Intent HQ de Cambios en el Comportamiento del Consumidor del IESE, considera que estas leyes “crean un marco legislativo moderno, basado en normativa europea, y centrado en la equidad del consumo, aunque su éxito va a depender de cómo se implementen. Hay medidas que pueden ser muy efectivas, como exigir que informen cuando se reduzca la cantidad un producto —la reduflación—, que ya se hizo en Francia, y otras más complejas, como prohibir las alegaciones ecológicas genéricas, que solo funcionará bien si se crea un organismo de verificación independiente”.
Las patronales se quejan de que algunas de estas medidas aumentarán los costes, que pueden repercutir en los consumidores. “Para las pymes, los cambios en los servicios de atención al cliente requerirán planificación, rediseño de procesos e inversiones importantes en refuerzo de plantillas y nuevas tecnologías. Es previsible que algunas empresas repercutan costes en los usuarios”, apunta José García, de la asociación CEX, que aglutina los call centers.
Francisco Hortigüela, presidente de Ametic —patronal de la industria digital—, piensa que las futuras garantías de reparabilidad son positivas, “pero se debería apostar por un modelo similar al de Austria, que usa fondos europeos para impulsar una economía de reparación sin trasladar ningún coste adicional a consumidores o fabricantes”. La norma española no prevé eso, sino que lo paguen los fabricantes, ante lo que Hortigüela preludia “falta de productos en el mercado español, desincentivo a pequeñas marcas y encarecimiento de productos”. Alberto Zapatero, de la patronal de electrodomésticos Applia, añade: “Medidas que afecten solo al fabricante, y que carguen en él únicamente la responsabilidad de financiación de las reparaciones, supondrían un factor más hacia la pérdida de competitividad de nuestras industrias y la continua aceleración de su deslocalización”.
En cuanto a la prohibición de la publicidad de coches contaminantes y combustibles fósiles, Félix García, portavoz de la patronal automovilística Anfac, señala: “¿En qué beneficia al ciudadano prohibir la publicidad de un coche nuevo, aunque sea de gasolina? Hay coches circulando de 20 años que emiten 90 veces más que uno nuevo de gasolina o diesel”. En su opinión, “la apuesta por el vehículo eléctrico se debe hacer convenciendo a los consumidores, todo lo que suena a prohibición genera rechazo”. Repsol prefiere no valorarlo, mientras la Asociación Española de Anunciantes, apunta: “La publicidad tiene un recorrido transversal y todo lo que vaya en contra del derecho de las empresas a informar libremente sobre sus productos y servicios, y contra del derecho de los ciudadanos a recibir información, se opone al derecho a la libertad de información”.
El ministro responde: “Somos plenamente conscientes del impacto en la estructura de algunas empresas, pero aspiramos a que tenga resultados visibles en la mejora de la protección de los consumidores. No se puede plantear que garantizar derechos básicos o acabar con prácticas abusivas sea un lujo”. Y añade: “Si un modelo de negocio se basa en prácticas lesivas de los derechos de los consumidores, no me importa cómo de rentable pueda llegar a ser: ese modelo de negocio no tiene cabida en una democracia”. El portavoz de la OCU tercia: “Tener clientes cuesta dinero. No se puede plantear un negocio que genere beneficios por incumplimientos de la ley que perjudican a los consumidores”.
El ministerio defiende que todas sus propuestas son posibles técnicamente, aunque algunas plantean dudas, como apunta Nueno: “Canadá reguló la publicidad del miedo, como pretende España, pero es difícil de controlar. Y obligar a avisar de la renovación automática de servicios digitales puede generar una incomodidad en usuarios satisfechos”. Netflix prefiere no valorar este cambio, mientras la Asociación de Medios de Información (AMI) —que aglutina un millón de suscriptores— señala: “A diferencia de otros servicios digitales donde las renovaciones digitales están diseñadas para el consumo irreflexivo, la suscripción a medios es un acto consciente. No debería generar problemas. Pero será clave que se desarrolle de forma técnicamente viable y con seguridad jurídica”.
Otro tanto pasa con la prohibición de subir el precio en la reventa de entradas más allá del IPC. “Hay que regularlo, veremos si lo consigue”, dice el portavoz de la OCU. Ticketmaster difiere: “Tenemos una plataforma de intercambio de entradas donde se puede subir el precio un 20%, pero tiene costes técnicos, humanos y financieros que deben cubrirse. Si no podemos aplicar gastos de gestión, se pone en riesgo y aumentará el fraude, porque los vendedores se irán a plataformas inseguras”. Viagogo, especializada en reventa, dice que quiere trabajar con el Gobierno para asegurar que esta modalidad sea “segura, transparente y fiable”.
Cambios en la alimentación
Varios de los cambios tienen que ver con la alimentación: los decretos para regular los comedores escolares y hospitalarios —con más frutas, verduras y legumbres y menos fritos— y la prohibición de la publicidad de alimentos insanos para niños. “Son reformas necesarias y muy interesantes para los consumidores, sobre todo porque se lanza el mensaje de que las instituciones entienden que hay un problema con los alimentos insanos, tanto en los comedores como en la publicidad, y que la autorregulación publicitaria no ha funcionado”, resume la nutricionista y divulgadora Beatriz Robles.
Food Service España, patronal de la restauración colectiva —sirven cada día 4,1 millones de menús—, apunta: “Valoramos positivamente el impulso normativo que se está dando en torno a la alimentación saludable, sostenible y de calidad. Las empresas de restauración colectiva han venido aplicando estándares nutricionales y de calidad muy similares a los que ya recogen el decreto aprobado y el futuro. No prevemos grandes dificultades de adaptación”. Lo mismo opina la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra): “Hace ya 20 años que asumimos voluntariamente no comercializar bebidas refrescantes en los colegios”.
El también nutricionista Juan Revenga opina: “Estos cambios son positivos, pero si luego no hay organismos que sancionen a los incumplidores se quedarán en papel mojado. Lo fundamental es regular la publicidad de alimentos insanos para niños, y eso no está claro que vaya a salir, porque la industria se opone con fuerza desde hace años”. Pone como ejemplo los países nórdicos, donde han eliminado de la parrilla publicitaria, pero también de Youtube y las redes sociales, ese tipo de anuncios.
En la pasada legislatura, Agricultura —alentada por la industria— maniobró para no aprobar el decreto de publicidad de alimentos insanos. La patronal alimentaria FIAB prefiere no entrar en polémicas: “Los cambios normativos deben surgir de la evidencia científica y del diálogo con los sectores, y requieren de un tiempo suficiente de adaptación”. Otra asociación que reúne a fabricantes y distribuidores, Aecoc, tercia: “Lo lógico no es tanto tratar de imponer los cambios desde la regulación, sino invertir en información y formación a la ciudadanía. El de la alimentación es ya un sector muy regulado y está sufriendo una avalancha normativa, sobre todo en cuanto a sostenibilidad, que resulta difícil de asumir”.
Coincide Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, que reúne al 90% de los supermercados: “Hay 3.600 normas que afectan a cada supermercado, un exceso de regulación que nos supone un coste. Cada tienda puede tener 15.000 productos distintos, si se nos pide controlar a nosotros las alegaciones ambientales o la reduflación puede ser complicado y suponer más costes. Pedimos que no se haga recaer toda la normativa en el eslabón final de la cadena”.
Bustinduy responde: “El ministerio tiene la obligación de escuchar a los sectores, pero eso no implica ni obedecer ni renunciar a regular, sino hacerlo con firmeza y voluntad de transformación”. El portavoz de Facua resume: “Consumo está pisando el acelerador y queriendo hacer muchas cosas. Es el modelo a imitar para futuras legislaturas”.
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