La directora ejecutiva de MSF en EEUU exige transparencia e información al Gobierno de Trump y califica de «injustificables» sus planes para destruir anticonceptivos por valor de 9,7 millones de dólares Leer La directora ejecutiva de MSF en EEUU exige transparencia e información al Gobierno de Trump y califica de «injustificables» sus planes para destruir anticonceptivos por valor de 9,7 millones de dólares Leer
El plan del gobierno de Estados Unidos para destruir anticonceptivos por valor de 9,7 millones de dólares es un acto perjudicial e insensato que pone en riesgo la salud y la vida de mujeres y adolescentes. Según publican estos días diversos medios, estos suministros ya estaban adquiridos y listos para ser enviados a regiones frágiles o en conflicto. Sin embargo, los planes de la actual Administración parecen ser otros.
Los anticonceptivos son productos de salud que salvan vidas. En MSF vemos cada día cómo resulta clave que las mujeres y adolescentes puedan tomar libremente decisiones sobre su salud, al elegir prevenir o retrasar un embarazo, y las consecuencias peligrosas que conlleva el no poder hacerlo. No olvidemos que cuando un embarazo no es deseado, puede incrementarse enormemente el riesgo de sufrir complicaciones, lesiones muy graves o incluso la muerte materna.
Según Naciones Unidas, hay unos 164 millones de mujeres y adolescentes que desean retrasar o evitar un embarazo y que no utilizan ningún método moderno de anticoncepción por falta de acceso. Los planes del Gobierno de EE. UU. de incinerar anticonceptivos por millones de dólares solo puede calificarse de acto intencionadamente irresponsable y dañino contra mujeres y adolescentes de todo el mundo. Es una decisión que atenta contra su salud, su autonomía y su capacidad de autodeterminación.
Los anticonceptivos -incluidos implantes, pastillas anticonceptivas, inyecciones e dispositivos intrauterinos (DIU)- fueron adquiridos con dinero de los contribuyentes estadounidenses para los programas de planificación familiar y salud reproductiva (PF/SR) de USAID, que fueron suspendidos tras la decisión del Gobierno estadounidense de retirar su financiamiento a comienzos de este año.
La retirada de la financiación a los programas de PF/SR de USAID está desestabilizando el sistema global de estos servicios. EE. UU. era el mayor donante bilateral de PF/SR a nivel mundial, con una contribución de 607,5 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2024. Este cambio pone en riesgo los avances logrados durante años en la mejora de la salud de mujeres y niñas en todo el mundo.
Cuando hablo con colegas que están trabajando en lugares afectados por conflictos, brotes epidémicos, desastres naturales o humanos, o con aquellos que atienden a personas que están excluidos del sistema de salud, me confiesan que están muy preocupados. En esas situaciones, el acceso a anticonceptivos ya es de por sí limitado, pero, además, en países como Sudán, Nigeria o Mozambique, que dependían de suministros financiados por USAID, el riesgo de sufrir rupturas en la cadena de abastecimiento es ahora mucho mayor que hace unos meses.
Según las informaciones que se han conocido estos días, los anticonceptivos que la Administración estadounidense pretende eliminar están almacenados en Bélgica y serán destruidos de forma inminente, a pesar de que aún están en buen estado y sin caducar. La fecha de expiración más próxima es en 2027, y muchos de ellos no vencerán hasta 2031.
Además de estos suministros que están en Bélgica, se estima que hay anticonceptivos por un valor de 40 millones de dólares retenidos en distintos puntos de la cadena mundial de suministro sanitario. Suministros, por cierto, que han sido también pagados por los contribuyentes de los EE.UU. Los informes publicados también indican que hay otro almacén con anticonceptivos adquiridos por USAID en Emiratos Árabes Unidos, aunque aún se desconoce qué pretende hacer el Gobierno estadounidense con ellos.
En MSF queremos exigir transparencia al Gobierno de EEUU sobre el alcance y naturaleza de todos estos productos almacenados, originalmente destinados a servir como ayuda humanitaria en distintos lugares del mundo, y exigimos que se informe acerca de cuáles podrían ser destruidos y los criterios utilizados para justificar su eliminación. Es inconcebible pensar que estos productos sanitarios serán incinerados cuando existe una demanda global tan urgente.
Pero esto no es todo; hay más: los informes estiman que destruir los anticonceptivos costará al menos 167.000 dólares adicionales, debido al traslado del almacén en el que están en Bélgica a una planta de incineración especializada en Francia. Y, dado que muchos de estos productos contienen hormonas activas, deben ser incinerados dos veces para garantizar su destrucción segura. Esto, una vez más, no nos parece un uso eficiente ni responsable de los fondos públicos.
Hay organizaciones, como MSI Reproductive Choices y sus socios, que se ofrecieron a cubrir los costes de envío y distribución de estos productos para su uso en los países donde estaba previsto que hubieran llegado, pero el gobierno estadounidense rechazó dichas ofertas.
Y desde MSF, estamos también a disposición del Gobierno de EEUU para ayudar a identificar alternativas viables e innovadoras con las que evitar la quema y destrucción de estos suministros anticonceptivos. En última instancia, lo más sensato sería hacerlos llegar lo antes posible a los Ministerios de Salud de los países que los necesitan.
En cualquier caso, este tipo de acciones ya no es algo que nos pille por sorpresa. Esta inminente destrucción de anticonceptivos es solo el último de una serie de actos del Gobierno de EEUU que agravan la emergencia sanitaria mundial y que empezaron con la suspensión repentina a principios de año, de suspender miles de millones de dólares en asistencia internacional.
Para muestra, un botón: este mismo mes, el Gobierno estadounidense se vio obligado a incinerar 500 toneladas de ayuda alimentaria de emergencia. La fecha de caducidad de los productos se había alcanzado debido a su decisión de mantener bloqueada la entrega de esta ayuda durante varios meses. Esta destrucción de alimentos ocurre mientras niños y niñas mueren de desnutrición en Sudán, Gaza, Nigeria y muchos otros países.
Más ejemplos: el Gobierno de EEUU permitió recientemente que caducaran cerca de 800.000 vacunas contra la mpox, ya comprometidas con otros países, mientras los casos siguen aumentando a nivel global. En Sierra Leona, sin ir más lejos, hay declarada una emergencia nacional desde el pasado mes de enero y en apenas seis meses ya se han registrado cerca de 5.000 casos y 40 muertes.
Permítanme insistir en este hecho: destruir insumos médicos valiosos, ya pagados por los contribuyentes, no ayuda a combatir el despilfarro ni a mejorar la eficiencia. Tan solo restringe, aún más, la capacidad de los gobiernos locales y de las organizaciones de ayuda para atender las necesidades de las comunidades a las que asistimos.
*Avril Benoît, directora ejecutiva de MSF en EEUU, y Rachel Milkovich,especialista en salud sexual y reproductiva de MSF EEUU.
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