Óscar Puente considera «razonable» que los turistas paguen una tasa para sufragar los servicios básicos de algunos municipios que, en ocasiones, considera que se ven desbordados por la afluencia de visitantes.
El ministro de Transportes y Movilidad Urbana ha asegurado en una entrevista a Europa Press que ciudades como Alicante y Valencia presentan una elevada población flotante, lo que genera una presión adicional sobre los servicios públicos. «Benidorm, sin ir más lejos, tiene una población flotante bestial», ha añadido al respecto, lamentando que debe afrontar, con los recursos procedentes de los impuestos de unos residentes que son «muchos menos que los turistas», unos servicios en los que «claramente saltan las costuras», en referencia a ámbitos como la limpieza o la policía.
A su juicio, corresponde a los municipios decidir cómo afrontar esta situación, aunque considera «razonable» que, cuando una ciudad cuenta con una población flotante muy elevada y necesita dimensionar sus servicios para atenderla, quienes se benefician de ellos contribuyan también a su financiación.
Normativa autonómica
En España, el cobro de la tasa turística depende de las normativa de cada comunidad autónoma, aplicándose de una forma muy heterogénea. Ahora mismo, sólo Cataluña y Baleares obligan al pago de este recargo. En el caso catalán, además, Barcelona cobra una tasa municipal específico sumado al autonómico, alcanzando tarifas de hasta 11 euros por noche.
En Galicia, está bonificado, pero hay dos ciudades, Santiago de Compostela y La Coruña, que lo aplican. A ambas se sumará Vigo a partir del 1 de octubre próximo. Los precios en este caso oscilan entre el euro y los 2,5 euros.
País Vasco también ha aprobado ya una normativa común para la ecotasa que entrará en vigor de manera definitiva el 1 de enero de 2027. Ciudades como San Sebastián, Bilbao y Vitoria, así como otros municipios con alta presencia turística, comenzarán a cobrar horquillas de oscilan entre los 50 céntimos y 6,50 euros por persona y día.
Aunque otras ciudades con gran afluencia de turistas como Valencia o Sevilla también han reclamado a la Comunidad Valenciana y Andalucía la aprobación de una normativa que les permita aplicar la tasa, ambas comunidades, así como otras como Madrid, han rechazado la aplicación de la tasa.
Entre los argumentos esgrimidos por los Ejecutivos regionales para rechazar su implantación destacan sus dudas respecto al destino final del dinero recaudado -que debería destinarse a la mejora del sector turístico-, la perdida de competitividad con la fuga de visitantes hacia otros destinos que no aplican la tasa o que se emplee al sector privado para resolver los problemas de infrafinanciación que tienen algunas administraciones.
El ministro de Transportes que a ciudades como Benidorm «se le saltan las costuras» por la escasez de recursos
Óscar Puente considera «razonable» que los turistas paguen una tasa para sufragar los servicios básicos de algunos municipios que, en ocasiones, considera que se ven desbordados por la afluencia de visitantes.
El ministro de Transportes y Movilidad Urbana ha asegurado en una entrevista a Europa Press que ciudades como Alicante y Valencia presentan una elevada población flotante, lo que genera una presión adicional sobre los servicios públicos. «Benidorm, sin ir más lejos, tiene una población flotante bestial», ha añadido al respecto, lamentando que debe afrontar, con los recursos procedentes de los impuestos de unos residentes que son «muchos menos que los turistas», unos servicios en los que «claramente saltan las costuras», en referencia a ámbitos como la limpieza o la policía.
A su juicio, corresponde a los municipios decidir cómo afrontar esta situación, aunque considera «razonable» que, cuando una ciudad cuenta con una población flotante muy elevada y necesita dimensionar sus servicios para atenderla, quienes se benefician de ellos contribuyan también a su financiación.
En España, el cobro de la tasa turística depende de las normativa de cada comunidad autónoma, aplicándose de una forma muy heterogénea. Ahora mismo, sólo Cataluña y Baleares obligan al pago de este recargo. En el caso catalán, además, Barcelona cobra una tasa municipal específico sumado al autonómico, alcanzando tarifas de hasta 11 euros por noche.
En Galicia, está bonificado, pero hay dos ciudades, Santiago de Compostela y La Coruña, que lo aplican. A ambas se sumará Vigo a partir del 1 de octubre próximo. Los precios en este caso oscilan entre el euro y los 2,5 euros.
País Vasco también ha aprobado ya una normativa común para la ecotasa que entrará en vigor de manera definitiva el 1 de enero de 2027. Ciudades como San Sebastián, Bilbao y Vitoria, así como otros municipios con alta presencia turística, comenzarán a cobrar horquillas de oscilan entre los 50 céntimos y 6,50 euros por persona y día.
Aunque otras ciudades con gran afluencia de turistas como Valencia o Sevilla también han reclamado a la Comunidad Valenciana y Andalucía la aprobación de una normativa que les permita aplicar la tasa, ambas comunidades, así como otras como Madrid, han rechazado la aplicación de la tasa.
Entre los argumentos esgrimidos por los Ejecutivos regionales para rechazar su implantación destacan sus dudas respecto al destino final del dinero recaudado -que debería destinarse a la mejora del sector turístico-, la perdida de competitividad con la fuga de visitantes hacia otros destinos que no aplican la tasa o que se emplee al sector privado para resolver los problemas de infrafinanciación que tienen algunas administraciones.
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