El Consejo de Ministros desbloqueó hace casi tres semanas la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales del año 2025, por un importe de 147.412 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,5% respecto a las percibidas el año pasado. A esa cantidad habría que sumar la correspondiente a la liquidación de 2023, que es la diferencia entre la estimación de ingresos (entregas a cuenta) y los ingresos reales cuando finaliza el ejercicio contable, y que alcanza los 11.692 millones. Pero el grifo apenas se ha abierto y los fondos continúan sin llegar a sus destinatarios, que empiezan a tener serios problemas de liquidez. «Es la pinza que utiliza Montero para tenernos a raya y forzarnos a tragar con sus propuestas», explicaron fuentes de los gobiernos populares.
Según ha podido confirmar LA RAZÓN, casi la totalidad de regiones siguen esperando la llegada de estos fondos, que solo en algunos casos ha llegado una cantidad mínima. Por ejemplo, el Gobierno todavía le debe a la Comunidad de Madrid 1.100 millones, «algo que están pagando los servicios públicos de los madrileños», recuerdan desde el gobierno regional.
Por su parte, Andalucía «tampoco ha recibido nada del Ministerio», confirman desde la Junta, que exige que les hagan efectivo el pago de los 1.879 millones de euros, «hasta ahora, porque ya se sabe que cada mes sube la cuantía». Desde Hacienda solo les han asegurado que el dinero llegará en septiembre.
La Región de Murcia o la Comunidad Valenciana son dos de las regiones más afectadas por este retraso, que ya condiciona su operatividad financiera al tener su liquidez al límite, por lo que solicitaron –como han hecho otras regiones– dinero extra al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que les ha sido denegado.
María Jesús Montero decidió eliminar la posibilidad de que las comunidades autónomas obtengan una liquidez adicional, el conocido como «extra FLA», por el que el año pasado las regiones infrafinanciadas recibieron más de 9.200 millones. De esta forma, la liquidez de estas comunidades con sus cajas al límite puede provocar que se retrasen aún más los plazos de pago a proveedores, que suman ya casi 5.500 millones de euros de deuda impagada.
La primera de las regiones que ha tenido que anunciar un plan de ajuste por la falta de financiación ha sido la Comunidad Valenciana aunque, de momento descartan recortes. Eso lo dejan en manos de Pedro Sánchez, al que la Generalitat Valenciana ha lanzado un órdago con la solicitud de aprobación para poder solicitar un préstamo a entidades privadas que cubra el déficit no autorizado del 2024. La solicitud inicial que hicieron ayer es de 1.816 millones de euros, cifra a la que se añaden los 674 millones previstos en diciembre, que suman 2.490 millones de euros, exactamente el montante que el Gobierno niega con el FLA extraordinario por primera vez en doce años –nunca se había denegado antes–. Cada año el 75% del FLA llega en julio y el 25% restante en diciembre, por lo que con esos dos préstamos se cubriría el total, aumentando eso sí la deuda de la Comunidad Valenciana por primera vez por encima de los 60.000 millones.
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, aseguró ayer que llevan semanas hablando de los términos de este préstamo inicial con los técnicos de Hacienda. Entre otras cuestiones, estos les han indicado que sería mejor que el préstamo fuese a corto plazo, de ahí que hayan acordado con entidades bancarias un crédito a un año con un tipo de interés que está por concretar, pero que, en todo caso, afirman que será en peores condiciones que haber recibido el FLA, que se suele devolver a ocho años sin prácticamente interés. El Gobierno valenciano aseguró ayer que «no hay otra alternativa».
El pasado 26 de junio, Carlos Mazón pidió un plan de ajuste a cada cartera ante la posibilidad de que este pasado 7 de julio el Ministerio de Hacienda no aprobara el FLA extraordinario y, según los cálculos autonómicos, no diera ya tiempo a pagar este mismo mes de julio a los proveedores. Ayer, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, admitió que es imposible con recortes cubrir los 1.816 millones de euros previstos en pagos: «El plan de ajuste nunca va a poder igualar esa cuantía». Entre otras medidas que se han llegado ya a plantear se incluye el digitalizar los procesos en Justicia para reducir el gasto en papel o el de urgir a los médicos en la sanidad pública a cumplir con el objetivo de un 80% de medicamentos genéricos recetados para reducir la factura, algo que han asegurado es un objetivo indicado por el Ministerio de Sanidad. «El Consell ha activado una vía alternativa de financiación para poder garantizar los servicios públicos esenciales». Por el momento, desde el Gobierno valenciano no contemplan esta opción, pero no niegan que haya que tomar medidas drásticas.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han negado cualquier maniobra de presión por parte del Ministerio y aseguran que «ya se están transfiriendo los fondos aprobados». Aunque confirman que el «extra FLA» «no se ha aprobado este año», esto «no significa que las comunidades no tengan acceso al Fondo. Aseguran que es «completamente falso» que las entregas a cuenta no estén llegando y afean al Gobierno valenciano que «si tienen problemas de gestión, es culpa suya, no de Hacienda». Además, culpan al PP de este retraso «por el voto en contra del decreto en el Congreso».
Las comunidades denuncian que el retraso de las entregas a cuenta y la ausencia del «extra FLA» hunden su liquidez y deben recurrir al mercado
El Consejo de Ministros desbloqueó hace casi tres semanas la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales del año 2025, por un importe de 147.412 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,5% respecto a las percibidas el año pasado. A esa cantidad habría que sumar la correspondiente a la liquidación de 2023, que es la diferencia entre la estimación de ingresos (entregas a cuenta) y los ingresos reales cuando finaliza el ejercicio contable, y que alcanza los 11.692 millones. Pero el grifo apenas se ha abierto y los fondos continúan sin llegar a sus destinatarios, que empiezan a tener serios problemas de liquidez. «Es la pinza que utiliza Montero para tenernos a raya y forzarnos a tragar con sus propuestas», explicaron fuentes de los gobiernos populares.
Según ha podido confirmar LA RAZÓN, casi la totalidad de regiones siguen esperando la llegada de estos fondos, que solo en algunos casos ha llegado una cantidad mínima. Por ejemplo, el Gobierno todavía le debe a la Comunidad de Madrid 1.100 millones, «algo que están pagando los servicios públicos de los madrileños», recuerdan desde el gobierno regional.
Por su parte, Andalucía «tampoco ha recibido nada del Ministerio», confirman desde la Junta, que exige que les hagan efectivo el pago de los 1.879 millones de euros, «hasta ahora, porque ya se sabe que cada mes sube la cuantía». Desde Hacienda solo les han asegurado que el dinero llegará en septiembre.
La Región de Murcia o la Comunidad Valenciana son dos de las regiones más afectadas por este retraso, que ya condiciona su operatividad financiera al tener su liquidez al límite, por lo que solicitaron –como han hecho otras regiones– dinero extra al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que les ha sido denegado.
María Jesús Montero decidió eliminar la posibilidad de que las comunidades autónomas obtengan una liquidez adicional, el conocido como «extra FLA», por el que el año pasado las regiones infrafinanciadas recibieron más de 9.200 millones. De esta forma, la liquidez de estas comunidades con sus cajas al límite puede provocar que se retrasen aún más los plazos de pago a proveedores, que suman ya casi 5.500 millones de euros de deuda impagada.
La primera de las regiones que ha tenido que anunciar un plan de ajuste por la falta de financiación ha sido la Comunidad Valenciana aunque, de momento descartan recortes. Eso lo dejan en manos de Pedro Sánchez, al que la Generalitat Valenciana ha lanzado un órdago con la solicitud de aprobación para poder solicitar un préstamo a entidades privadas que cubra el déficit no autorizado del 2024. La solicitud inicial que hicieron ayer es de 1.816 millones de euros, cifra a la que se añaden los 674 millones previstos en diciembre, que suman 2.490 millones de euros, exactamente el montante que el Gobierno niega con el FLA extraordinario por primera vez en doce años –nunca se había denegado antes–. Cada año el 75% del FLA llega en julio y el 25% restante en diciembre, por lo que con esos dos préstamos se cubriría el total, aumentando eso sí la deuda de la Comunidad Valenciana por primera vez por encima de los 60.000 millones.
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, aseguró ayer que llevan semanas hablando de los términos de este préstamo inicial con los técnicos de Hacienda. Entre otras cuestiones, estos les han indicado que sería mejor que el préstamo fuese a corto plazo, de ahí que hayan acordado con entidades bancarias un crédito a un año con un tipo de interés que está por concretar, pero que, en todo caso, afirman que será en peores condiciones que haber recibido el FLA, que se suele devolver a ocho años sin prácticamente interés. El Gobierno valenciano aseguró ayer que «no hay otra alternativa».
El pasado 26 de junio, Carlos Mazón pidió un plan de ajuste a cada cartera ante la posibilidad de que este pasado 7 de julio el Ministerio de Hacienda no aprobara el FLA extraordinario y, según los cálculos autonómicos, no diera ya tiempo a pagar este mismo mes de julio a los proveedores. Ayer, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, admitió que es imposible con recortes cubrir los 1.816 millones de euros previstos en pagos: «El plan de ajuste nunca va a poder igualar esa cuantía». Entre otras medidas que se han llegado ya a plantear se incluye el digitalizar los procesos en Justicia para reducir el gasto en papel o el de urgir a los médicos en la sanidad pública a cumplir con el objetivo de un 80% de medicamentos genéricos recetados para reducir la factura, algo que han asegurado es un objetivo indicado por el Ministerio de Sanidad. «El Consell ha activado una vía alternativa de financiación para poder garantizar los servicios públicos esenciales». Por el momento, desde el Gobierno valenciano no contemplan esta opción, pero no niegan que haya que tomar medidas drásticas.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han negado cualquier maniobra de presión por parte del Ministerio y aseguran que «ya se están transfiriendo los fondos aprobados». Aunque confirman que el «extra FLA» «no se ha aprobado este año», esto «no significa que las comunidades no tengan acceso al Fondo. Aseguran que es «completamente falso» que las entregas a cuenta no estén llegando y afean al Gobierno valenciano que «si tienen problemas de gestión, es culpa suya, no de Hacienda». Además, culpan al PP de este retraso «por el voto en contra del decreto en el Congreso».
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