Durante una gran parte de la legislatura, la ultraderechista Giorgia Meloni ha disfrutado de una estabilidad poco habitual en la política italiana. Al frente de una mayoría sólida, sin rivales capaces de disputarle el liderazgo de la derecha, y con la oposición dividida, la primera ministra ha logrado consolidarse tanto en Roma como en Bruselas. Sin embargo, en los últimos meses han comenzado a aparecer algunas grietas en su trono que amenazan con complicar la recta final de su mandato, que acaba en 2027. Para contrarrestar el desgaste, la dirigente ha vuelto a recurrir a la política migratoria aprovechando la crisis de Ceuta.
La líder ultraderechista retoma uno de sus temas predilectos para hacer frente a los reveses de su Gobierno y a las crecientes tensiones con sus socios
Durante una gran parte de la legislatura, la ultraderechista Giorgia Meloni ha disfrutado de una estabilidad poco habitual en la política italiana. Al frente de una mayoría sólida, sin rivales capaces de disputarle el liderazgo de la derecha, y con la oposición dividida, la primera ministra ha logrado consolidarse tanto en Roma como en Bruselas. Sin embargo, en los últimos meses han comenzado a aparecer algunas grietas en su trono que amenazan con complicar la recta final de su mandato, que acaba en 2027. Para contrarrestar el desgaste, la dirigente ha vuelto a recurrir a la política migratoria aprovechando la crisis de Ceuta.
La reforma electoral impulsada por Meloni, que estos días se debate en el Senado, ha tropezado con obstáculos inesperados que han puesto de manifiesto las discrepancias entre los socios de Gobierno. Aunque los partidos de la coalición ―Hermanos de Italia, el partido de Meloni; la Liga y Forza Italia― han tratado posteriormente de cerrar filas, la tramitación de la norma evidenció malestar y diferencias de criterio dentro de la mayoría. El Ejecutivo sufrió una inesperada derrota en la Cámara de Diputados después de que numerosos parlamentarios del bloque gubernamental se rebelaran y rompieran la disciplina de voto en torno a un punto de la reforma, un episodio insólito desde la llegada de Meloni al poder. La oposición aprovechó el revés para pedir incluso la dimisión de la primera ministra y denunciar las crecientes dificultades del Gobierno para mantener a su coalición unida.
Al mismo tiempo, una de sus iniciativas estrella en materia migratoria, el centro de deportación de migrantes en suelo albanés, continúa encontrando obstáculos en los tribunales y sigue prácticamente vacío por segundo año consecutivo. Además, Roma tampoco ha logrado recabar un apoyo significativo entre sus socios europeos para extender este modelo mediante centros de deportación en terceros países pagados por Bruselas.
A estas dificultades se suma la irrupción del general retirado Roberto Vannacci, que con su nuevo partido, Futuro Nazionale, amenaza con restar apoyos a la primera ministra por la derecha y trata de disputarle el electorado más radical. Aunque Meloni conserva una posición dominante, y las encuestas sitúan a su partido como el más votado, si bien sin opciones de gobernar en solitario, ya no disfruta del margen de maniobra que tenía al inicio de su mandato. Este es el último año de la legislatura y cada vez comienza a estar más presente la cuenta atrás hacia las generales de 2027: el clima político empieza a parecerse al de una campaña electoral permanente.
Con este telón de fondo, la crisis migratoria de Ceuta ha adquirido una dimensión que va más allá de la política española. La primera ministra italiana ha aprovechado la ocasión para reivindicar su receta en Europa.
No es la primera vez que Meloni convierte una emergencia migratoria en una oportunidad política, ya lo hizo en 2023 ante la llegada masiva de migrantes a Lampedusa. En aquella ocasión, en su primer año de mandato, consiguió que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitara la isla con ella, con un plan de diez puntos bajo el brazo que, aunque era más bien simbólico, suponía un claro aval a la agenda que la italiana llevaba tiempo reclamando a Bruselas. Aquel golpe de efecto logró impulsar su proyección internacional como interlocutora clave en el debate migratorio europeo.
Ahora, ha tratado de presentar la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta como una advertencia de lo que podría ocurrir en otros países europeos si no se endurecen las políticas ante la entrada irregular de extranjeros, tal y como ella lleva años reivindicando.
Aunque en un primer momento el Gobierno italiano elevó la presión sobre Madrid, la falta de respaldo entre los socios comunitarios llevó al Ejecutivo de Meloni a rebajar el tono. Roma acabó sumándose plenamente a la declaración de solidaridad con España respaldada por el resto de capitales europeas tras la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE.
Sin embargo, Meloni ha decidido mantener el pulso con los controles extraordinarios para pasajeros procedentes de España anunciados tras la crisis de Ceuta. Para defender la medida, el Gobierno italiano ha llegado a sostener que España prevé una nueva oleada migratoria el 15 de agosto, una lectura discutida por Madrid, que se ha limitado a decir que se está monitorizando la situación y que en estos momentos no se aprecia riesgo de que se puedan repetir las llegadas masivas del pasado 30 de julio.

Al mismo tiempo, el Gobierno italiano se ha esforzado por evitar que la disputa derive en una crisis diplomática de mayor calado y ha resaltado que España es un “país amigo”. También ha dejado clara su disposición a mantener una relación “constructiva” con Madrid, insistiendo en que el choque por la cuestión migratoria no pone en cuestión la buena relación entre ambos países.
Pese a los cruces de declaraciones de los últimos días, Italia no tiene interés en ahondar más de la cuenta en la brecha con España. Ambos países comparten importantes intereses estratégicos en Bruselas, desde la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo hasta la negociación de las reglas fiscales europeas, la política energética o el reparto de fondos comunitarios.
Pero, mientras tanto, Meloni ha logrado volver a colocar la inmigración en el centro del debate político italiano. Es uno de sus temas predilectos, donde habitualmente navega con viento a favor entre sus votantes.
El control de las fronteras, la lucha contra la inmigración irregular y la exigencia de una respuesta más firme por parte de la Unión Europea son los pilares de su tradicional caballo de batalla político. Volver a endurecer su discurso migratorio le permite también cerrar espacios a su derecha. Porque precisamente Roberto Vannacci ha comenzado a atacarla por esos frentes, disputándole algunas de las banderas más reconocibles de la derecha italiana, como la inmigración, la seguridad o la identidad nacional, con el argumento de que quienes llegaron al poder prometiendo una línea dura han acabado suavizando notablemente sus posiciones.
La cuestión de fondo es si esta ofensiva de Meloni responde únicamente a la gravedad de la emergencia migratoria o si también forma parte de una estrategia para recuperar la iniciativa política en un momento particularmente complicado para la líder ultraderechista. Los reveses judiciales, las dificultades para sacar adelante algunas reformas y las primeras grietas serias dentro de la mayoría han finiquitado la sensación de estabilidad que acompañó a Meloni durante buena parte de la legislatura y han alimentado el debate sobre si la primera ministra empieza a acusar el desgaste de casi cuatro años en el poder.
Las primeras señales de debilidad llegaron hace unos meses, cuando la ultraderechista perdió el referéndum sobre la reforma de la justicia, su primer gran varapalo político desde que llegó al Gobierno. Las diferencias entre los socios de gobierno, además, no solo han aflorado en la cuestión de la reforma electoral. A finales de julio, el anuncio del ministro de Exteriores y vicepresidente, Antonio Tajani, de Forza Italia, de que Roma recurriría al fondo europeo SAFE para financiar inversiones en rearme y defensa pilló por sorpresa al Ejecutivo y provocó un choque inmediato con la Liga. El partido de Matteo Salvini reprochó a su aliado que anunciara como un hecho consumado una medida que aún está pendiente de concretarse. La polémica obligó al propio Tajani a matizar que Italia simplemente había comunicado a Bruselas su disponibilidad para acceder al mecanismo.
Aunque ninguno de estos desencuentros ha puesto en peligro la estabilidad del Ejecutivo, sí reflejan una realidad cada vez más evidente: los socios de Meloni buscan marcar perfil propio con más frecuencia que al comienzo de la legislatura, donde la coalición se presentaba más compacta. Forza Italia trata de reivindicar su perfil conservador moderado y europeísta, mientras que Salvini busca recuperar espacio político en un momento en que la irrupción de Roberto Vannacci amenaza también con disputarle parte de su electorado.
El aumento del gasto en defensa es otro de los puntos de fricción en el Gobierno. Aunque, a grandes rasgos, los tres partidos respaldan la pertenencia de Italia a la OTAN, no comparten el mismo entusiasmo por incrementar los recursos destinados al ámbito militar. Mientras que la Liga es más reacia a asumir nuevos compromisos presupuestarios, Hermanos de Italia y Forza Italia están más alineados con las prioridades de la OTAN y de la Unión Europea.
Por ahora, Meloni sigue teniendo una cómoda ventaja en las encuestas de intención de voto. Sin embargo, los últimos reveses y las crecientes tensiones dentro de la coalición apuntan a un otoño más complicado de lo habitual. En ese contexto, volver a poner la inmigración en el centro del debate puede ayudarle a recuperar protagonismo político y a movilizar a sus votantes.
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