Los decodificadores piratas, hace ya más de dos décadas, fueron el método pionero para ver el fútbol de manera ilegal sin pagar por él. Rojadirecta tomó más tarde el relevo con la llegada de la banda ancha a los domicilios personales. Después, le siguieron nuevas webs, más tarde aplicaciones móviles, decodificadores más sofisticados, emisiones en directo en redes sociales… Mecanismos, todos ellos, para acceder gratis a un producto de pago. En definitiva, para robarle a un tercero. Los decodificadores piratas, hace ya más de dos décadas, fueron el método pionero para ver el fútbol de manera ilegal sin pagar por él. Rojadirecta tomó más tarde el relevo con la llegada de la banda ancha a los domicilios personales. Después, le siguieron nuevas webs, más tarde aplicaciones móviles, decodificadores más sofisticados, emisiones en directo en redes sociales… Mecanismos, todos ellos, para acceder gratis a un producto de pago. En definitiva, para robarle a un tercero.
Los decodificadores piratas, hace ya más de dos décadas, fueron el método pionero para ver el fútbol de manera ilegal sin pagar por él. Rojadirecta tomó más tarde el relevo con la llegada de la banda ancha a los domicilios personales. Después, le siguieron nuevas webs, más tarde aplicaciones móviles, decodificadores más sofisticados, emisiones en directo en redes sociales… Mecanismos, todos ellos, para acceder gratis a un producto de pago. En definitiva, para robarle a un tercero.
Consumir fútbol pirata ha sido, es y será ilegal, como hacerlo con música, cine u otras producciones. La Justicia, no obstante, ha hecho una diferenciación entre el deporte y el arte, limitando al pirateo de competiciones deportivas a un delito contra el mercado y los consumidores, pero no contra la propiedad intelectual, al no considerarse equivalente a obras literarias y artísticas. Una decisión que ha reducido penas, pero que no las elimina. De hecho, en el último año se han incrementado las herramientas jurídicas para castigar a los piratas.
El juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona dictó el 13 de febrero de 2024 unas diligencias por las que los operadores (Movistar, Vodafone, MasOrange…) deben facilitar a LaLiga las direcciones IP y los datos personales de los usuarios que accedían al fútbol pirata. La decisión del juez fue después aclarada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, explicando que la sentencia «requiere a las operadoras que faciliten los datos personales de quienes comparten ilícitamente sus contenidos, es decir, únicamente de los ‘cardsharers’ que redifunden a terceros la señal y obtienen un lucro con ello y no, por tanto, de los que únicamente defraudan la cuota«.
Es decir, los operadores solo pueden facilitar información de usuarios que obtienen un beneficio adicional al visionado del fútbol pirata. Eso, evidentemente, afecta a quienes redifunden la señal a cambio de una cuota o de ingresos publicitarios. Pero también a usuarios finales que se benefician de manera indirecta, aunque quizá ni sean muy conscientes de ello. Afecta, por ejemplo, a quienes consumen fútbol pirata a través de AceStream, una plataforma que utiliza la tecnología P2P.
Sin entrar en demasiados tecnicismos, es un sistema de compartición de contenidos en el que no existe un servidor central, sino que aprovecha la conexión a la red de los usuarios para el intercambio de contenidos. Si reproduces un partido de fútbol de manera ilegal, estás facilitando que terceros también lo hagan e incrementas tu capacidad de acceso a otros contenidos. En resumen, en cierta manera estás ‘vendiendo’ el partido para obtener un beneficio. Aunque no lo sepas.
A eso se agarró LaLiga para enviar «cientos» de demandas de conciliación a consumidores de fútbol pirata a través de esa tecnología. «El objetivo de esta medida no es recaudatorio, sino disuasorio. Concienciar a la población general de que ver partidos de manera ilegal les puede afectar al bolsillo», explican desde el equipo de Javier Tebas. Muchos de ellos, no obstante, están abonando multas de hasta 450 euros, según explicó el propio presidente de LaLiga.
«El objetivo de esta medida no es recaudatorio, sino disuasorio. Concienciar a la población general de que ver partidos de manera ilegal les puede afectar al bolsillo», explican desde LaLiga
Caso muy distinto, claro está, es el de las personas que obtienen un lucro directo y buscado a través de estas actividades. Hace unos meses un juzgado de A Coruña impuso una pena de dos años de cárcel a una persona que ofrecía una señal pirata del fútbol a establecimientos hoteleros. Y es conocida la sentencia contra RojaDirecta, el portal icónico del fútbol pirata en España, castigando a su propietario Igor Seoane a pagar una indemnización de casi 32 millones de euros a Mediapro.
Mención aparte merecen las estafas. Pagar a un tercero para que te suministre acceso ilegal a partidos de fútbol es, además de contrario a la ley, lanzar una moneda al aire. La señal puede cortarse en cualquier momento o no llegar a ser facilitada nunca. Y, obviamente, no hay reclamación posible.
Diario de Mallorca – Deportes
