En dos semanas, ya son más de 250 las organizaciones de la sociedad civil que se han sumado al pacto de Estado frente a la emergencia climática impulsado por el Gobierno. Aunque el PP se ha desmarcado de esta iniciativa, la lista de adhesiones muestra que una parte importante de sindicatos, empresas, grupos agrarios, centros científicos, entidades de salud o colectivos sociales de la sociedad española sí quiere un acuerdo de país para afrontar los crecientes riesgos asociados al clima extremo, como los incendios forestales.
Entre las entidades que se han sumado desde el 27 de julio destacan grupos del sector agrario como UPA, COAG y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes
En dos semanas, ya son más de 250 las organizaciones de la sociedad civil que se han sumado al pacto de Estado frente a la emergencia climática impulsado por el Gobierno. Aunque el PP se ha desmarcado de esta iniciativa, la lista de adhesiones muestra que una parte importante de sindicatos, empresas, grupos agrarios, centros científicos, entidades de salud o colectivos sociales de la sociedad española sí quiere un acuerdo de país para afrontar los crecientes riesgos asociados al clima extremo, como los incendios forestales.
Este proyecto de pacto de Estado fue presentado por primera vez por el Gobierno de Pedro Sánchez en septiembre de 2025, tras los desastrosos fuegos del verano pasado y con el recuerdo todavía muy vivo de la catastrófica dana de 2024. Desde el principio, algunas voces han criticado un uso político del PSOE de esta iniciativa para dejar en evidencia las contradicciones del partido de Alberto Núñez-Feijóo respecto al desafío del cambio climático, que son muchas. Sin embargo, desde el Ejecutivo rechazan este punto y defienden que la propuesta ha evolucionado mucho, después de un congreso con entidades civiles en diciembre pasado en Ponferrada y la incorporación de múltiples cambios tras revisar 3.800 aportaciones para buscar mayores consensos. “Empezó siendo un texto del Gobierno, pero ya no, ahora es un texto de la sociedad española”, asegura Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica.
Con la vuelta de las temperaturas extremas este verano de 2026 y una nueva debacle con los fuegos, el Gobierno relanzó hace unos días la propuesta de pacto y Aagesen realizó un llamamiento el pasado 27 de julio para que las entidades del país se adhieran a la iniciativa. El PP sigue haciendo oídos sordos y defiende una propuesta propia que no aborda el cambio climático y que se centra exclusivamente en los incendios. Es más, el mismo día que se reactivaba la iniciativa, la portavoz popular, Ester Muñoz, se desmarcaba de cualquier pacto con unas declaraciones sorprendentes sobre la crisis climática: “Que el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia de la humanidad y de la Tierra, eso es de perogrullo”. Unas palabras que aumentan la confusión sobre la postura del partido en este ámbito y que algunos interpretan como efectos secundarios de los acuerdos autonómicos con Vox.
Pasadas dos semanas, son ya más de 250 las instituciones adheridas a la propuesta de pacto de Estado. Entre los nombres que se han sumado a la iniciativa hay organizaciones ecologistas, pero también grupos agrarios como UPA, COAG o la Federación Nacional de Comunidades de Regantes o la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, poco sospechosos de sectarismo climático. En la lista también figuran entidades como el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) —donde están representadas el 70% de las empresas del IBEX—, sindicatos como CC OO o UGT, así como organizaciones destacadas en el sector del transporte (la Asociación Española de la Carretera, La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) o Alianza Ibérica por el Ferrocarril), de la construcción (FCC, Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera), de la energía (UNEF, AEE, Enagás, APPA), del agua (AEUAS, AEOPAS)…
“Más que importante, un acuerdo es imprescindible. Las empresas necesitamos ante todo certidumbre para decidir sobre nuestras inversiones y esa certidumbre solo nos la puede aportar un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, actuando con responsabilidad”, señala Kepa Solaun, presidente del GECV, una de las entidades firmantes. “Mitigar y adaptarnos al cambio climático no es solo una obligación desde el punto de vista medioambiental, sino que en el ámbito económico representa una oportunidad única para nuestro país en términos de competitividad y autonomía estratégica”.
Más allá de los intereses y lecturas propias de los principales partidos políticos de España, parece claro que el cambio climático sí es una preocupación para un espectro cada vez mayor y más diverso de la sociedad española y hay entidades de todo tipo a las que realmente les parecería bien un acuerdo entre las fuerzas políticas para avanzar en la seguridad del país, para reducir unos riesgos climáticos que afectan tanto a la población como al sistema productivo y las cuentas de resultados de muchas compañías. Aunque el clima haya cambiado durante toda la historia de la Tierra, como ha argumentado la portavoz del PP, la mayor referencia científica en este ámbito, el IPCC, lleva tiempo advirtiendo de que la magnitud de lo que está ocurriendo en el sistema climático del planeta no tiene precedentes en muchos siglos o incluso miles de años. Y si bien esto no explica por sí solo el desastre de los incendios forestales, de las sequías o de las inundaciones mortíferas, resulta innegable que está siendo ya clave en la intensificación de los peligros en España.
Entre las entidades adheridas también figuran centros de investigación, como BC3, CIEMAT, Tecnalia, CREAF o la Asociación Meteorológica Española; entidades relacionadas con la salud, como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España, Plataforma One Health, Fundación Salud por Derecho, Alianza Médica por la Salud Planetaria, la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria; o colectivos sociales, como la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, el Consejo de la Juventud de España, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) o la Plataforma del Tercer Sector.
“Estamos entrando en una dimensión desconocida y este es el gran motivo por el que tenemos que estar todos. Los científicos tenemos que ser consecuentes y colaborar en el debate técnico y la propuesta de soluciones. Hay que ver cómo nos adaptamos, pues el Mediterráneo se calienta más rápido que el resto de Europa”, señala Joan Pino, director del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), otra de las instituciones científicas adheridas. “El cambio climático está alterando el funcionamiento de nuestros ecosistemas, esto está muy claro, y una de las manifestaciones de esta alteración es el régimen de incendios. Pero hay otras cosas, la pérdida de producción primaria neta, la acumulación de carbono en los ecosistemas, la muerte de muchos árboles por eventos de sequía. Esto también es cambio climático”.
La última versión de la propuesta de Pacto de Estado incluye entre sus ejes principales acciones como la extensión de un modelo de gestión forestal del siglo XXI, adaptado a la realidad climática, territorial y económica; una respuesta nacional que aumente la resiliencia hídrica de los pueblos y ciudades ante inundaciones y sequías; dotación permanente de los medios técnicos y humanos necesarios en cada nivel de la Administración para combatir los eventos climáticos extremos; o el refuerzo de los servicios de emergencia y de su interconexión e interoperabilidad.
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