En los últimos años, España ha experimentado un aumento continuo y generalizado en los precios de la vivienda, afectando principalmente al mercado del alquiler. Se trata de un fenómeno que se ha convertido en uno de los principales temas de debate económico, social y político en el país dada las grandes dificultades que supone poder acceder a un inmueble.
La gran demanda que existe en la actualidad provoca que los propietarios incrementen los precios, haciendo de la vivienda un imposible para muchos ciudadanos. Es por ello que desde el Ministerio de Vivienda han impulsado una medida que tiene como objetivo proteger a los inquilinos frente a los propietarios.
Y es que una reciente reforma de la ley de viviendas ha provocado un cambio significativo en la situación de los arrendatarios. A partir de esta nueva regulación, los inquilinos pueden prolongar su estancia en la propiedad, incluso en el caso de que el propietario decida no renovar el contrato.
La nueva medida que protege a inquilinos
En España existen grandes dificultades por encontrar un hogar. Es por ello que desde el Gobierno se ha incluido una nueva medida que permite proteger a los arrendatarios frente a posibles decisiones de los propietarios en materia de alquiler.
Se trata del «derecho de permanencia«, una nueva clausula que permite al inquilino mantenerse en la vivienda aunque haya vencido el contrato. Tal y como señala el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la duración del contrato será la que pacten libremente propietario e inquilino, pero para los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019 se produce una modificación.
A partir del cambio, Si el plazo firmado es inferior a cinco años (en el caso de que el arrendador sea una persona física) o siete años (persona jurídica), el contrato podrá prorrogarse de forma automática hasta alcanzar esos plazos.
Esto implica que si el acuerdo es de 3 años entre propietario e inquilino, este podrá permanecer en la vivienda hasta los cinco o los siete, según cada situación.
Las condiciones para poder acogerse a esta medida
No obstante, para poder aplicar esta nueva medida de seguridad, los inquilinos deben estar al corriente de pago y cumplir con las condiciones del contrato original, según detalla el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Además, el propietario puede recuperar la vivienda antes de tiempo si la necesita para él mismo o para a un familiar en primer grado (padres, hijos y cónyuge), avisando con dos meses de antelación. Sin embargo, esta última opción debe quedar por escrita de manera expresa en el contrato.
El objetivo de esta medida
Con su aprobación, el Gobierno de España pretende dotar de mayor seguridad y protección a los inquilinos en un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, donde se evidencian constantes aumentos de los precios de los alquileres.
Además, el cambio en la ley responde a una demanda de los colectivos sociales que consideran que el mercado inmobiliario español requería ajustes para garantizar una vivienda asequible. Según los expertos, esta modificación podría reducir la rotación constante en las viviendas de alquiler y ofrecer un respiro a aquellos inquilinos que buscan estabilidad en sus hogares.
El Ministerio de Vivienda ha incluido una nueva medida que pretende proteger a los arrendatarios frente al propietario
En los últimos años, España ha experimentado un aumento continuo y generalizado en los precios de la vivienda, afectando principalmente al mercado del alquiler. Se trata de un fenómeno que se ha convertido en uno de los principales temas de debate económico, social y político en el país dada las grandes dificultades que supone poder acceder a un inmueble.
La gran demanda que existe en la actualidad provoca que los propietarios incrementen los precios, haciendo de la vivienda un imposible para muchos ciudadanos. Es por ello que desde el Ministerio de Vivienda han impulsado una medida que tiene como objetivo proteger a los inquilinos frente a los propietarios.
Y es que una reciente reforma de la ley de viviendas ha provocado un cambio significativo en la situación de los arrendatarios. A partir de esta nueva regulación, los inquilinos pueden prolongar su estancia en la propiedad, incluso en el caso de que el propietario decida no renovar el contrato.
La nueva medida que protege a inquilinos
En España existen grandes dificultades por encontrar un hogar. Es por ello que desde el Gobierno se ha incluido una nueva medida que permite proteger a los arrendatarios frente a posibles decisiones de los propietarios en materia de alquiler.
Se trata del «derecho de permanencia«, una nueva clausula que permite al inquilino mantenerse en la vivienda aunque haya vencido el contrato. Tal y como señala el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la duración del contrato será la que pacten libremente propietario e inquilino, pero para los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019 se produce una modificación.
A partir del cambio, Si el plazo firmado es inferior a cinco años (en el caso de que el arrendador sea una persona física) o siete años (persona jurídica), el contrato podrá prorrogarse de forma automática hasta alcanzar esos plazos.
Esto implica que si el acuerdo es de 3 años entre propietario e inquilino, este podrá permanecer en la vivienda hasta los cinco o los siete, según cada situación.
Las condiciones para poder acogerse a esta medida
No obstante, para poder aplicar esta nueva medida de seguridad, los inquilinos deben estar al corriente de pago y cumplir con las condiciones del contrato original, según detalla el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Además, el propietario puede recuperar la vivienda antes de tiempo si la necesita para él mismo o para a un familiar en primer grado (padres, hijos y cónyuge), avisando con dos meses de antelación. Sin embargo, esta última opción debe quedar por escrita de manera expresa en el contrato.
El objetivo de esta medida
Con su aprobación, el Gobierno de España pretende dotar de mayor seguridad y protección a los inquilinos en un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, donde se evidencian constantes aumentos de los precios de los alquileres.
Además, el cambio en la ley responde a una demanda de los colectivos sociales que consideran que el mercado inmobiliario español requería ajustes para garantizar una vivienda asequible. Según los expertos, esta modificación podría reducir la rotación constante en las viviendas de alquiler y ofrecer un respiro a aquellos inquilinos que buscan estabilidad en sus hogares.
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