El Parlamento de Líbano ha aprobado este martes la abolición de la pena de muerte, lo que ha convertido al país en el primero del mundo árabe y de Oriente Próximo en prohibir formalmente las ejecuciones. Las autoridades libanesas aplicaban desde 2004 una moratoria no oficial al uso de la pena capital. Ahora, la desaparición de ese concepto de la legislación beneficiará retroactivamente a decenas de prisioneros.
La abolición, que llega tras una moratoria no oficial de las ejecuciones desde 2004, beneficiará retroactivamente a decenas de condenados
El Parlamento de Líbano ha aprobado este martes la abolición de la pena de muerte, lo que ha convertido al país en el primero del mundo árabe y de Oriente Próximo en prohibir formalmente las ejecuciones. Las autoridades libanesas aplicaban desde 2004 una moratoria no oficial al uso de la pena capital. Ahora, la desaparición de ese concepto de la legislación beneficiará retroactivamente a decenas de prisioneros.
Grupos de derechos humanos han dado la bienvenida a la votación parlamentaria, después de advertir durante años de que la suspensión en la práctica de la pena de muerte era fácilmente reversible mientras las ejecuciones estuvieran contempladas por la ley, algo que ha permitido que los jueces continúen emitiendo este tipo de sentencias.
La abolición libanesa choca con el retroceso de la región en la materia. Por ejemplo, en marzo, Israel aprobó sentenciar a pena de muerte a los palestinos acusados de matar a israelíes, y en junio, Jordania practicó las primeras ejecuciones desde 2017 al ahorcar a seis hombres.
“Líbano recupera hoy su papel pionero en la región como defensor de los derechos humanos”, ha reivindicado el ministro de Justicia, Adel Nassar, en un comunicado. “En un mundo, y particularmente en una región, donde los derechos humanos se ven cada vez más marginados, Líbano ha enviado un mensaje esencial a favor de los derechos fundamentales”, ha recalcado.
Según la organización Human Rights Watch (HRW), que tuvo acceso al proyecto de ley, este prohibía la pena de muerte “dondequiera que sea mencionada en las leyes libanesas”, y la sustituía por una pena de nueva creación: “cadena perpetua con trabajos forzados agravados”. La asociación libanesa Agenda Legal, dedicada a reforzar al Estado de derecho, considera en un análisis que esta innovación “no tiene ningún efecto práctico”, ya que Líbano no aplica disposiciones sobre trabajos forzados.
Las autoridades libanesas, que en julio celebraron las primeras sesiones parlamentarias desde marzo —cuando estalló la sangrienta guerra entre Israel y el partido-milicia libanés Hezbolá, que también propició el aplazamiento de las elecciones parlamentarias, que iban a celebrarse en mayo—, ya habían dado señales de avanzar hacia la abolición. Durante los últimos seis años, Beirut ha votado en tres ocasiones a favor de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que instaba “a todos los Estados a establecer una moratoria sobre las ejecuciones, con miras a la abolición de la pena de muerte”.
La Asociación Libanesa de Derechos Civiles (LACR, por sus siglas en inglés), el grupo que presentó la propuesta de ley, estima que la pena capital pesa al menos sobre 84 prisioneros en el país. La laureada activista y socióloga de 70 años que lidera la entidad, Ogarit Younan, ve este martes culminado un recorrido que inició en 1997, cuando fundó la Campaña Nacional para Abolir la Pena de Muerte en Líbano. “Nuestra lucha continúa: esta ley debe ser desarrollada para eliminar disposiciones insultantes, incluidas las de trabajos forzados agravados”, dijo.
La campaña ganó notoriedad en 1998, cuando un grupo de activistas vestidos de negro se presentó al amanecer en el ajusticiamiento de dos personas en un municipio al norte de Beirut, según recuerda Younan al diario L’Orient-Le Jour. Mientras las familias de las víctimas celebraban las ejecuciones de los condenados, los activistas dieron la espalda al suceso mientras sostenían una pancarta: “Lamentamos la muerte de las víctimas del primer crimen y la de las víctimas de la ejecución”.
La escena copó debates televisivos donde Ogarit argumentó la diferencia entre la justicia y la venganza. El primer apoyo político llegó poco después, cuando el entonces primer ministro, Salim Hoss, rechazó firmar dos decretos de ejecución en 2000. Líbano practicó su última ejecución en enero de 2004.
Líbano se une a otros 14 países que han prohibido la pena de muerte durante la última década, haciendo que los Estados abolicionistas hayan pasado en 50 años de ser 16 a 114, según datos de Amnistía Internacional (AI). Sin embargo, ese paso lo sitúa en las antípodas de vecinos regionales como Irán o Arabia Saudí.
Ambos engrosaron en 2025 la cifra mundial de ejecuciones más alta que AI registra desde 1981, con 2.707 penas máximas en 17 países (un 78% más que el año anterior), según denunció el grupo en mayo. Las autoridades iraníes, que se enfrentan desde hace años a movilizaciones antigubernamentales cíclicas que reprimen con mano de hierro, fueron responsables de 2.159 ejecuciones en 12 meses, más del doble que en 2024, cuando ejecutaron a 972 personas. Riad, cuyas autoridades se esfuerzan en lucir un aspecto de modernidad, practicó 356 ejecuciones. En menor medida, Yemen (51 ejecuciones) y Estados Unidos (47; casi la mitad, en Florida) forman también parte de los cinco Estados que más ejecutan, junto con China, donde la organización internacional no tiene datos, pero sospecha que existen miles de ejecuciones.
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