La mayor reforma en los 20 años de historia de la ley de dependencia está a solo un paso de ver la luz. Prevé nuevos servicios, como el de cuidados y apoyos en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo; mejoras en otros ya existentes, como la ayuda a domicilio —que podrá salir de las casas para acompañar a los usuarios a gestiones como hacer la compra—, y también reducir la burocracia, al crear una pasarela que permita obtener directamente un certificado de un 33% o un 65% de discapacidad, si ya se tiene alguno de los grados de dependencia reconocido. Este miércoles, el Congreso votará si acepta o no las enmiendas introducidas la semana pasada en el Senado, donde el PP tiene mayoría. En el mismo proyecto también se modifica la ley de discapacidad, en la que se reconoce la accesibilidad universal como derecho, por lo que podrá reivindicarse ante cualquier instancia.
La Cámara baja vota este miércoles las enmiendas y decide si acepta los cambios incorporados en el Senado
La mayor reforma en los 20 años de historia de la ley de dependencia está a solo un paso de ver la luz. Prevé nuevos servicios, como el de cuidados y apoyos en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo; mejoras en otros ya existentes, como la ayuda a domicilio —que podrá salir de las casas para acompañar a los usuarios a gestiones como hacer la compra—, y también reducir la burocracia, al crear una pasarela que permita obtener directamente un certificado de un 33% o un 65% de discapacidad, si ya se tiene alguno de los grados de dependencia reconocido. Este miércoles, el Congreso votará si acepta o no las enmiendas introducidas la semana pasada en el Senado, donde el PP tiene mayoría. En el mismo proyecto también se modifica la ley de discapacidad, en la que se reconoce la accesibilidad universal como derecho, por lo que podrá reivindicarse ante cualquier instancia.
El ministro de Derechos Sociales e impulsor de esta reforma, Pablo Bustinduy, la ha descrito como una “refundación” del sistema, y considera que es “el mayor legado que va a dejar la legislatura”. A la iniciativa legislativa se le suma, además, una inyección económica inédita hasta ahora en dependencia, que asciende a 6.200 millones de euros entre este año y el que viene, y que el Ejecutivo aprobó vía real decreto ley el pasado junio. Ahí reformó una de las vías de financiación de la ley, por la que se suben las cuantías que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas —competentes en la gestión del sistema— por cada dependiente atendido. Así, el Ejecutivo invertirá en 2027 prácticamente el doble de lo que lo hacía en 2025. Es decir, que no se trata de una inversión puntual, sino que para modificarla haría falta una reforma con rango de ley.
El sistema de la dependencia está, por tanto, a punto de entrar en una nueva fase, al recibir las autonomías mucho más dinero y disponer de un nuevo marco que flexibiliza la forma de atender a los usuarios —aunque, como toda normativa nueva, requerirá de un tiempo para poder desplegarse—. Todo ello, en un contexto en el que cada vez llegará más población a edades avanzadas, y requerirá de apoyos.
La reforma aboga por adaptarse a las necesidades de los usuarios y que quienes lo deseen puedan vivir el mayor tiempo posible en sus casas, en sus barrios. De ahí que se supriman las incompatibilidades introducidas en 2012 por el Gobierno del PP, que siguen vigentes en muchas comunidades, a las que se da de plazo hasta 2030 para que adapten sus normativas. Esto permitirá, por ejemplo, que alguien que vaya a un centro de día también pueda recibir horas de ayuda a domicilio.
También se crean nuevos servicios, como la provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, para poder prestar, por ejemplo, sillas de ruedas o andadores. Y se mejoran otros que ya existen, como los centros de día, que pasarán a estar abiertos a la comunidad y podrán prestar servicios a personas que vivan en sus domicilios y necesiten apoyos (por ejemplo, comidas para personas que vivan solas).
Hay otra importante novedad en financiación de la dependencia: se obligará a que la Administración General del Estado aporte el 50% del gasto certificado por el conjunto de las autonomías. Sufragar esta normativa a partes iguales era una reivindicación histórica de las comunidades, y constaba en el acuerdo entre el PSOE y Sumar. Hasta ahora, el coste de la ley lo han asumido principalmente las autonomías. En 2024, el Gobierno financiaba apenas el 27%. Derechos Sociales prevé que ya en 2027 se alcance ese 50%.
Además, la reforma también aporta cambios en el ámbito de la discapacidad. Por ejemplo, la modificación de la ley de propiedad horizontal para reforzar la obligación de hacer obras de accesibilidad en edificios privados, por ejemplo, instalar una rampa o un ascensor. Algo importante en un país en el que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad calcula que unas 100.000 personas viven aisladas en sus casas por problemas de accesibilidad.
La cuestión es que la relación de fuerzas es diferente en el Congreso y en el Senado. Así que, pese a que el espíritu del texto permanece inalterable —que los usuarios puedan decidir sobre su proyecto de vida— hay que estar atentos a las enmiendas. Durante la tramitación de la reforma de ambas leyes en la primera de estas Cámaras, el texto salió adelante con los únicos votos en contra de Vox y la abstención del PP, que criticó la reforma por carecer de memoria económica y generar “falsas expectativas”. En el Senado, donde el principal partido de la oposición tiene mayoría, se incorporaron sus votos a favor y el proyecto de ley salió sin votos en contra, con solo 23 abstenciones (de partidos como Vox, PNV, EH Bildu, ERC o BNG).
Pero allí se incorporaron más de 40 enmiendas del PP, además de 11 que este partido pactó junto a otros grupos políticos y otra decena que se aceptaron de otras formaciones, como PNV o Junts. Entre las presentadas exclusivamente por el PP, por ejemplo, figura la derogación de una disposición de la ley educativa Lomloe que daba diez años al Gobierno y a las administraciones educativas para transformar los centros ordinarios y que puedan adaptarse para la inclusión de alumnos con discapacidad. Entre las enmiendas pactadas con otras formaciones, como Junts o PNV, destaca la eliminación del límite de edad en la prestación que perciben familias con hijos con enfermedades graves (cume), ahora establecida en 26 años en los casos en los que hay gran dependencia o una discapacidad mayor del 65%.
Este miércoles se votará cada una de las enmiendas. Tanto el PSOE como Sumar dejaron claro en el Senado la semana pasada que pretenden aceptar los mínimos cambios posibles. Además, el Gobierno ejercerá su derecho a veto con las que acarreen compromiso presupuestario (por ejemplo, la relativa al límite de edad de la cume, que el Ministerio de Inclusión pretende revisar en otra iniciativa legislativa). Pero también otras. En la votación de este miércoles se decidirá la letra pequeña de la ley.
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