En julio, las denuncias de acoso sexual y abuso de poder de dos trabajadoras de La Moncloa destronaron a quien iba ser la persona de confianza del presidente Pedro Sánchez en la sede federal del PSOE, Paco Salazar. Pese a negar taxativamente los hechos, el dirigente dimitió como secretario general de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y solicitó su baja en el partido. La polémica consecuente ilumina un problema estructural muchas veces oculto. Desde 2018, los ministerios, organizaciones y empresas que forman la Administración general del Estado han visto cómo se activaban sus mecanismos internos contra el acoso sexual o por razón de sexo en al menos 516 ocasiones, según datos a los que accedió EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. De ellos, 115 casos fueron estimados. Es decir, las administraciones tomaron decisiones contra los infractores en un 22% de las ocasiones, aunque hay casos que siguen abiertos, o no se detalla qué ha ocurrido finalmente con ellos por confidencialidad, o porque han acabado en los tribunales. Esos datos, por tanto, apenas representan la punta del iceberg.
Los ministerios y organismos estatales recogen 516 denuncias desde 2018, de las que 115 fueron estimadas. Fuerzas Armadas, Policía y Correos, los que más activan los protocolos
En julio, las denuncias de acoso sexual y abuso de poder de dos trabajadoras de La Moncloa destronaron a quien iba ser la persona de confianza del presidente Pedro Sánchez en la sede federal del PSOE, Paco Salazar. Pese a negar taxativamente los hechos, el dirigente dimitió como secretario general de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y solicitó su baja en el partido. La polémica consecuente ilumina un problema estructural muchas veces oculto. Desde 2018, los ministerios, organizaciones y empresas que forman la Administración general del Estado han visto cómo se activaban sus mecanismos internos contra el acoso sexual o por razón de sexo en al menos 516 ocasiones, según datos a los que accedió EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. De ellos, 115 casos fueron estimados. Es decir, las administraciones tomaron decisiones contra los infractores en un 22%de las ocasiones, aunque hay casos que siguen abiertos, o no se detalla qué ha ocurrido finalmente con ellos por confidencialidad, o porque han acabado en los tribunales. Esos datos, por tanto, apenas representan la punta del iceberg.
La estadística parece “muy reducida”, según la valoración de tres abogadas y una jurista especializadas en violencia sexual, pues en el sector público del Estado trabajan más de 540.000 personas. Todas estas expertas coinciden en que son datos que dan cuenta de una parte mínima de la realidad. Porque una cosa es lo que ocurre, y otra, lo que se denuncia.
Así lo explican en Instituciones Penitenciarias: “En muchos casos, el contacto es un asesoramiento donde la víctima no quiere realizar ninguna actuación formal”. En esta institución hay 14 denuncias registradas por acoso sexual o razón de sexo entre enero de 2018 y diciembre de 2025, frente a los 20 casos de los que tuvo constancia la unidad de apoyo específica entre enero de 2018 y septiembre de 2024.
Amparo Díaz, letrada experta en violencia de género, tiene la certeza de que esa situación es generalizada porque a ella acuden mujeres para consultarle qué hacer, si denunciar de forma interna o hacerlo por la vía judicial, y muchas “acaban no haciéndolo” ante ninguna instancia, ni dentro ni fuera de la Administración. La abogada María Andrés apunta como razones de esa situación a la “jerarquía interna y la desconfianza en los protocolos, el miedo a las represalias y a la estigmatización”. Como consecuencia, quienes no se deciden a dar el paso son parte de la bolsa oculta que existe en torno a todas las formas de violencia machista, y que las instituciones en España, como la delegación del Gobierno contra la violencia de género, han venido situando en una horquilla de entre el 70% y el 90%, dependiendo del tipo.
Según la última Macroencuesta de violencia contra las mujeres, del pasado diciembre, 1,4 millones de mujeres en España ha sufrido acoso sexual en el trabajo. Suponen el 6,6% de las mujeres de 16 o más años residentes en el país. “En concreto, el 10,1% de las mujeres que han sufrido acoso sexual citan como agresor a un compañero de trabajo, el 6,4% a un jefe o supervisor y el 7,2% a otro hombre del entorno laboral (cliente, paciente, pasajeros, alumnos o estudiantes)”, detalla el informe del Ministerio de Igualdad.
Díaz considera que los datos facilitados a través de Transparencia “cuentan más por lo que no dicen que por lo que dicen”, y que una de las cosas que reflejan es “un abordaje muy deficiente de la problemática que no deja ver la magnitud del fenómeno”. Tanto ella como el resto de expertas consultadas puntualizan la enorme diferencia entre unas y otras empresas, un aspecto “importante a la hora de analizar ciertas cuestiones”, afirma Marisa Soleto, jurista y directora de la Fundación Mujeres, que pone como ejemplo “la habitual separación que hay de trabajadores y trabajadoras en Instituciones Penitenciarias”, las “escasas mujeres” que suele haber en los puertos, “o la tremenda atomización de plantillas como las de Correos”, distribuidas por todo el país en múltiples sedes.
EL PAÍS hizo en noviembre de 2025 una veintena de solicitudes de información con las que solicitaba a los distintos ministerios que dieran acceso al dato de cuántas denuncias por acoso sexual o por razón de sexo habían tenido desde junio de 2018; y cuántas veces desde su aprobación en 2024 se había activado el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. También se pedía información sobre aquellos organismos y empresas dependientes del ejecutivo central. Como resultado, se han recibido más de 70 respuestas.
Ni el Gobierno de España ni el Ministerio Igualdad se han pronunciado sobre el balance resultante. Tampoco hay valoración concreta en las respuestas por transparencia de las instituciones afectadas, aunque varias introducen el compromiso de los distintos organismos e instituciones con la igualdad, la lucha contra el acoso y la habilitación de todos los mecanismos necesarios para erradicarlo de la administración pública.
El número de protocolos activados en la administración central no incluye los casos en los que los trabajadores del gobierno pertenecientes a partidos acudieran a los canales internos de sus formaciones, o directamente a las fuerzas de seguridad o la justicia. Del mismo modo, el número de denuncias estimadas es solamente un mínimo, y no refleja el total. La razón es que había casos en instrucción cuando EL PAÍS recibió las respuestas; que la administración no siguió la conclusión de otros cuando se judicializaron, o que no quiso aclarar lo ocurrido por confidencialidad. Además, varios expedientes se cerraron durante su tramitación por las jubilaciones anticipadas, o las salidas voluntarias, de los denunciados.
Aún así, todas las especialistas hacen algún apunte sobre las estimaciones. Mari Ángeles Jaime de Pablo, abogada y expresidenta de Mujeres Juristas Themis, señala que, “frente las estimaciones de la Policía Nacional, la mitad, está el escaso dato de, por ejemplo, la Guardia Civil o de funcionarios de la administración como en Instituciones Penitenciarias”.
Díaz, por otra parte, se fija en “los pocos casos en los que se remite notificación” a Fiscalía o al juzgado. “Incluso en casos en los que aparece que ha habido una sanción por una conducta de acoso grave, no aparece que se haya remitido a los juzgados. Y, según nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, tienen que hacerlo”.
El Ejército, la Policía, el CSIC, o la Guardia Civil, y empresas como Correos, RTVE, o Paradores, concentran la mayoría de casos, o aquellos en los que ha habido más consecuencias para los denunciados.
De hecho, de las 516 denuncias comunicadas por transparencia, 261 pertenecen a las Fuerzas Armadas, según recogen sus propias memorias anuales, que incluyen tanto las que han ido por la vía penal, como las que han ido por la disciplinaria en la institución con más personal de las afectadas (122.000 personas a julio de 2025).
Interior, por su parte, envió datos de la Policía Nacional entre enero de 2023 y marzo de 2024. Este diario los amplió, con ese inicio de 2023, a través de una fuente. No hay datos previos, explica Interior, porque hasta entonces “los posibles casos de acoso sexual y por razón de género se englobaban dentro del acoso laboral”.
En el caso de Renfe, los datos de 2023 no distinguen entre acoso sexual, por razón de sexo y laboral. Por esa misma razón, hubo respuestas que declinaron dar datos porque durante un tiempo, argumentaron, todas se subsumieron en esta última categoría.
Consecuencias
¿Qué consecuencias ha tenido denunciar internamente? Ha habido suspensiones de empleo y sueldo de los denunciados, que han llegado incluso a los dos años en cuanto a las funciones en Correos. Tampoco son excepcionales los despidos, que se han producido en esta empresa, en Paradores o Tragsatec.
Hay también inhabilitaciones por sentencia judicial con pérdida de condición de funcionario (en un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía), y destacan las salidas que se disfrazan de voluntarias a partir de supuestas decisiones individuales, o de prejubilaciones, o de contratos no renovados. Algo que, para las especialistas, no supone la forma más adecuada de abordar ni de dejar constancia del acoso.
En paralelo, hay múltiples casos de desistimiento por parte de la persona denunciante, lo que no ha impedido que las secciones competentes en cada área de la Administración siguieran investigando, y tomaran medidas organizativas de separación al detectar indicios de acoso. Pero hay dos casos excepcionales. La Autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife refiere que una denunciante fue condenada en firme por la justicia por temeridad y mala fe; mientras que la de Santander explicita una sanción de empleo y sueldo para otra persona que denunció.
En una panorámica general, Soleto y Jaime remarcan “la falta de la centralización de datos”, y la revisión que hay que hacer de “la operatividad de los mecanismos que se han puesto en marcha”, y, añade Andrés, de “la capacidad de la Administración, los recursos humanos y económicos que se está dispuesto a invertir en sistemas y protocolos garantistas”. Díaz concluye que estas denuncias siempre se suceden en contextos no favorables a quienes denuncian, con fuertes jerarquías, y sabiendo muchas veces que la denuncia puede costar el trabajo. Por eso las cifras avisan de un problema, pero no lo retratan en su totalidad.
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