El bufete de abogados Houthoff, que se ha encargado de la gestión del caso Eurus y ha conseguido que la Corte de La Haya autorice la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, ha anunciado que se ha notificado ya el cambio de propiedad del inmueble» y que este será subastado próximamente.
El despacho, liderado por el letrado Remme Verkerk, recuerda que en el caso Eurus existe una obligación definitiva y final, por lo que España está obligada a resarcir las deudas. Además, el laudo es firme por lo que no cabe ningún recurso, por lo que ha sido registrado por la justicia neerlandesa y reconocido como una sentencia de sus propios tribunales.
El pasado 19 de marzo de 2026, el tribunal de La Haya confirmó que la justicia de Holanda considera a España como país obligado a pagar la indemnización. Se reconoce el laudo como definitivo y se apunta la posibilidad de ejecutarlo conforme a derecho internacional.
La legislación neerlandesa permite la confiscación directa. Así, una vez que el tribunal lo autoriza, un agente judicial toma el control del activo que reclama el denunciante y procede a transferir la propiedad del mismo, para que el afectado pueda venderlo.
Este agente judicial es un funcionario con autoridad para tomar el control de la propiedad. En este caso, según informan los demandantes, ya ha embargado el inmueble, notificándolo a las partes e inscribiendo el cambio de manos en el registro. A continuación, se organizará una subasta para vender el bien al mejor postor.
Los abogados anuncian que «ya se ha notificado el cambio de propiedad»
El bufete de abogados Houthoff, que se ha encargado de la gestión del caso Eurus y ha conseguido que la Corte de La Haya autorice la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, ha anunciado que se ha notificado ya el cambio de propiedad del inmueble» y que este será subastado próximamente.
El despacho, liderado por el letrado Remme Verkerk, recuerda que en el caso Eurus existe una obligación definitiva y final, por lo que España está obligada a resarcir las deudas. Además, el laudo es firme por lo que no cabe ningún recurso, por lo que ha sido registrado por la justicia neerlandesa y reconocido como una sentencia de sus propios tribunales.
El pasado 19 de marzo de 2026, el tribunal de La Haya confirmó que la justicia de Holanda considera a España como país obligado a pagar la indemnización. Se reconoce el laudo como definitivo y se apunta la posibilidad de ejecutarlo conforme a derecho internacional.
La legislación neerlandesa permite la confiscación directa. Así, una vez que el tribunal lo autoriza, un agente judicial toma el control del activo que reclama el denunciante y procede a transferir la propiedad del mismo, para que el afectado pueda venderlo.
Este agente judicial es un funcionario con autoridad para tomar el control de la propiedad. En este caso, según informan los demandantes, ya ha embargado el inmueble, notificándolo a las partes e inscribiendo el cambio de manos en el registro. A continuación, se organizará una subasta para vender el bien al mejor postor.
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