La cuenta atrás ha comenzado para uno de los sectores energéticos más castigados de la última década. Antes de que finalice junio, el Consejo de Ministros aprobará el nuevo marco regulatorio de las subastas de cogeneración, un mecanismo largamente esperado que pondrá en juego 1.200 MW de potencia y que, según las organizaciones empresariales, puede movilizar más de 1.800 millones de euros en inversiones industriales.
La aprobación llega con cuatro años de retraso y después de que más de 300 instalaciones, equivalentes a 2.300 MW, hayan cesado su actividad por la ausencia de un marco regulatorio que permitiera acometer nuevas inversiones. El sector celebra la llegada de las nuevas reglas, pero mantiene una incógnita decisiva: si la retribución económica que establezca el Gobierno será suficiente para justificar los proyectos de renovación que necesita la industria.
El sistema diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica se basa en un modelo de concurrencia competitiva.
Cada proyecto ofertará un descuento sobre una retribución de referencia fijada por la Administración y las propuestas más competitivas accederán a un régimen retributivo regulado durante doce años, ampliable hasta veinte en determinados proyectos de biomasa. Las instalaciones adjudicatarias dispondrán de un máximo de cinco años para ejecutar las inversiones comprometidas.
Sin embargo, el principal atractivo del nuevo esquema no reside en el formato de la subasta, sino en la amplitud de tecnologías que podrán incorporarse.
Las industrias ya no estarán limitadas a sustituir equipos de cogeneración convencionales, sino que podrán integrar biomasa, almacenamiento eléctrico y térmico, bombas de calor, calderas eléctricas, sistemas de captura de CO₂, ciclos orgánicos de generación, soluciones de digitalización y herramientas de flexibilidad operativa. El objetivo es que cada fábrica pueda diseñar una estrategia energética adaptada a sus necesidades productivas y a los retos de la descarbonización.
Deterioro del sector
La urgencia de la reforma se explica por el deterioro acelerado que ha sufrido esta tecnología en España. En apenas cinco años, la cogeneración industrial ha perdido la mitad de su capacidad.
Su contribución a la generación eléctrica nacional ha pasado del 12% en 2019 al 6% en 2025 y, según advierten las patronales, podría reducirse hasta el 3% a finales de la década si no se adoptan medidas adicionales. Actualmente, la mitad de las plantas permanece parada.
La situación contrasta con la de otros países europeos. Alemania genera aproximadamente tres veces más electricidad mediante cogeneración que España, mientras que Italia multiplica por cuatro los niveles españoles. Para el sector, esta pérdida de peso no solo afecta a la eficiencia energética, sino también a la competitividad industrial y a la capacidad productiva de numerosas fábricas.
«La cogeneración no es una tecnología energética aislada. Es la infraestructura energética de cientos de industrias que sostienen empleo, exportaciones y actividad económica en todo el país», señala Javier Rodríguez, director general de Acogen. «Después de cuatro años reclamando certidumbre regulatoria, por fin llega el marco. Ahora queda por comprobar si la señal económica permitirá realmente invertir».
La cuestión de la retribución es precisamente el punto crítico. Las asociaciones valoran positivamente aspectos técnicos del nuevo diseño, como una mayor flexibilidad operativa, la eliminación de determinadas exigencias de autoconsumo que excluían a numerosas industrias y la adaptación de los criterios de alta eficiencia a los estándares europeos. No obstante, insisten en que el éxito de la convocatoria dependerá de que la rentabilidad reconocida permita cubrir los costes reales de operación de las plantas más eficientes.
«Serán las empresas quienes emitan el veredicto final mediante su participación o su ausencia en las subastas«, sostiene Rodríguez. «La industria únicamente reclama una retribución equilibrada que garantice una rentabilidad razonable y permita cubrir costes. No se trata de pedir privilegios, sino condiciones que hagan posible invertir y competir».
200.000 empleos
La relevancia de la cogeneración trasciende además el ámbito estrictamente energético. Esta tecnología está implantada en unas 600 fábricas pertenecientes a sectores como alimentación, química, papel, cerámica, automóvil, refino o valorización energética de residuos, actividades que representan cerca del 20% del PIB industrial español y sostienen alrededor de 200.000 empleos directos.
En territorios especialmente industrializados, el deterioro es ya visible. Castellón, donde la cogeneración constituye una pieza clave para la competitividad del sector cerámico, cuenta con 73 instalaciones registradas, de las que aproximadamente la mitad permanecen inactivas tras agotar su vida útil regulatoria. Según Acogen, la provincia ha perdido un 27% de su capacidad de cogeneración industrial en apenas un año, una evolución que preocupa especialmente a las empresas azulejeras por el impacto directo sobre sus costes energéticos.
La preocupación es tan intensa que la patronal Ascer ha reunido esta semana a representantes empresariales, institucionales y energéticos para analizar el futuro de la cogeneración en la industria cerámica y las perspectivas que abre la próxima convocatoria de subastas. El sector considera que la modernización de estas instalaciones será determinante para mantener la competitividad internacional de una actividad fuertemente exportadora.
A la incertidumbre sobre la futura retribución se suma ahora otro frente regulatorio. Acogen ha advertido de que la propuesta de Real Decreto para impulsar el consumo de biometano podría generar un sobrecoste de hasta 800 millones de euros anuales para la industria española si se mantienen las cuotas obligatorias planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La asociación respalda el desarrollo de los gases renovables y comparte los objetivos de descarbonización, pero rechaza que el coste de esa transición recaiga principalmente sobre las empresas manufactureras.
Según sus alegaciones, la cogeneración consume alrededor del 15% del gas utilizado en España a través de unas 400 instalaciones industriales repartidas entre sectores como alimentación, papel, química, cerámica y refino. En este contexto, advierte de que imponer porcentajes obligatorios de consumo de biometano sin mecanismos compensatorios podría encarecer significativamente la factura energética de industrias ya sometidas a una fuerte presión competitiva.
Los cálculos de la organización apuntan a que una cuota obligatoria del 6% podría traducirse en incrementos de entre 2 y 3 euros por MWh en el coste del suministro, a los que se añadirían peajes y otros costes asociados. Además, sostienen que determinadas industrias podrían verse obligadas a adquirir un combustible cuyo precio resulta varias veces superior al del gas natural convencional. Para el sector, la cuestión no es si debe desarrollarse el biometano, sino cómo se financia esa expansión sin deteriorar la posición competitiva de la industria española frente a otros países europeos.
Generación sólida
Mientras las empresas preparan sus proyectos para concurrir a las futuras convocatorias, las asociaciones Acogen, Cogen España, Adap, Aneo y Aeversu mantienen una intensa actividad parlamentaria para evitar nuevos cierres. Las organizaciones han solicitado al Congreso la recuperación de una disposición transitoria que permita prolongar hasta 2031 la actividad de las instalaciones que ya han agotado o agotarán próximamente su vida útil regulatoria.
Las patronales consideran que esta medida permitiría mantener operativas más de un centenar de plantas estratégicas hasta que puedan acceder a las nuevas subastas y ejecutar sus inversiones de modernización. Sin esta solución temporal, advierten, más de cien instalaciones adicionales podrían cerrar durante los próximos años y dos de cada tres cogeneraciones españolas podrían encontrarse fuera de servicio en 2031.
Además de suministrar energía eficiente a la industria, la cogeneración aporta generación firme y síncrona distribuida por todo el territorio, contribuyendo al control de tensión y frecuencia de la red eléctrica. Por ello, las asociaciones alertan de que la pérdida continuada de capacidad no solo reduce la competitividad industrial, sino que también debilita la seguridad de suministro y la estabilidad del sistema eléctrico español.
El sector espera la inminente subasta de 1.200 megavatios tras perder la mitad de su capacidad en cinco años y advierte de nuevos sobrecostes energéticos vinculados al desarrollo del biometano
La cuenta atrás ha comenzado para uno de los sectores energéticos más castigados de la última década. Antes de que finalice junio, el Consejo de Ministros aprobará el nuevo marco regulatorio de las subastas de cogeneración, un mecanismo largamente esperado que pondrá en juego 1.200 MW de potencia y que, según las organizaciones empresariales, puede movilizar más de 1.800 millones de euros en inversiones industriales.
La aprobación llega con cuatro años de retraso y después de que más de 300 instalaciones, equivalentes a 2.300 MW, hayan cesado su actividad por la ausencia de un marco regulatorio que permitiera acometer nuevas inversiones. El sector celebra la llegada de las nuevas reglas, pero mantiene una incógnita decisiva: si la retribución económica que establezca el Gobierno será suficiente para justificar los proyectos de renovación que necesita la industria.
El sistema diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica se basa en un modelo de concurrencia competitiva.
Cada proyecto ofertará un descuento sobre una retribución de referencia fijada por la Administración y las propuestas más competitivas accederán a un régimen retributivo regulado durante doce años, ampliable hasta veinte en determinados proyectos de biomasa. Las instalaciones adjudicatarias dispondrán de un máximo de cinco años para ejecutar las inversiones comprometidas.
Sin embargo, el principal atractivo del nuevo esquema no reside en el formato de la subasta, sino en la amplitud de tecnologías que podrán incorporarse.
Las industrias ya no estarán limitadas a sustituir equipos de cogeneración convencionales, sino que podrán integrar biomasa, almacenamiento eléctrico y térmico, bombas de calor, calderas eléctricas, sistemas de captura de CO₂, ciclos orgánicos de generación, soluciones de digitalización y herramientas de flexibilidad operativa. El objetivo es que cada fábrica pueda diseñar una estrategia energética adaptada a sus necesidades productivas y a los retos de la descarbonización.
Deterioro del sector
La urgencia de la reforma se explica por el deterioro acelerado que ha sufrido esta tecnología en España. En apenas cinco años, la cogeneración industrial ha perdido la mitad de su capacidad.
Su contribución a la generación eléctrica nacional ha pasado del 12% en 2019 al 6% en 2025 y, según advierten las patronales, podría reducirse hasta el 3% a finales de la década si no se adoptan medidas adicionales. Actualmente, la mitad de las plantas permanece parada.
La situación contrasta con la de otros países europeos. Alemania genera aproximadamente tres veces más electricidad mediante cogeneración que España, mientras que Italia multiplica por cuatro los niveles españoles. Para el sector, esta pérdida de peso no solo afecta a la eficiencia energética, sino también a la competitividad industrial y a la capacidad productiva de numerosas fábricas.
«La cogeneración no es una tecnología energética aislada. Es la infraestructura energética de cientos de industrias que sostienen empleo, exportaciones y actividad económica en todo el país», señala Javier Rodríguez, director general de Acogen. «Después de cuatro años reclamando certidumbre regulatoria, por fin llega el marco. Ahora queda por comprobar si la señal económica permitirá realmente invertir».
La cuestión de la retribución es precisamente el punto crítico. Las asociaciones valoran positivamente aspectos técnicos del nuevo diseño, como una mayor flexibilidad operativa, la eliminación de determinadas exigencias de autoconsumo que excluían a numerosas industrias y la adaptación de los criterios de alta eficiencia a los estándares europeos. No obstante, insisten en que el éxito de la convocatoria dependerá de que la rentabilidad reconocida permita cubrir los costes reales de operación de las plantas más eficientes.
«Serán las empresas quienes emitan el veredicto final mediante su participación o su ausencia en las subastas«, sostiene Rodríguez. «La industria únicamente reclama una retribución equilibrada que garantice una rentabilidad razonable y permita cubrir costes. No se trata de pedir privilegios, sino condiciones que hagan posible invertir y competir».
200.000 empleos
La relevancia de la cogeneración trasciende además el ámbito estrictamente energético. Esta tecnología está implantada en unas 600 fábricas pertenecientes a sectores como alimentación, química, papel, cerámica, automóvil, refino o valorización energética de residuos, actividades que representan cerca del 20% del PIB industrial español y sostienen alrededor de 200.000 empleos directos.
En territorios especialmente industrializados, el deterioro es ya visible. Castellón, donde la cogeneración constituye una pieza clave para la competitividad del sector cerámico, cuenta con 73 instalaciones registradas, de las que aproximadamente la mitad permanecen inactivas tras agotar su vida útil regulatoria. Según Acogen, la provincia ha perdido un 27% de su capacidad de cogeneración industrial en apenas un año, una evolución que preocupa especialmente a las empresas azulejeras por el impacto directo sobre sus costes energéticos.
La preocupación es tan intensa que la patronal Ascer ha reunido esta semana a representantes empresariales, institucionales y energéticos para analizar el futuro de la cogeneración en la industria cerámica y las perspectivas que abre la próxima convocatoria de subastas. El sector considera que la modernización de estas instalaciones será determinante para mantener la competitividad internacional de una actividad fuertemente exportadora.
A la incertidumbre sobre la futura retribución se suma ahora otro frente regulatorio. Acogen ha advertido de que la propuesta de Real Decreto para impulsar el consumo de biometano podría generar un sobrecoste de hasta 800 millones de euros anuales para la industria española si se mantienen las cuotas obligatorias planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La asociación respalda el desarrollo de los gases renovables y comparte los objetivos de descarbonización, pero rechaza que el coste de esa transición recaiga principalmente sobre las empresas manufactureras.
Según sus alegaciones, la cogeneración consume alrededor del 15% del gas utilizado en España a través de unas 400 instalaciones industriales repartidas entre sectores como alimentación, papel, química, cerámica y refino. En este contexto, advierte de que imponer porcentajes obligatorios de consumo de biometano sin mecanismos compensatorios podría encarecer significativamente la factura energética de industrias ya sometidas a una fuerte presión competitiva.
Los cálculos de la organización apuntan a que una cuota obligatoria del 6% podría traducirse en incrementos de entre 2 y 3 euros por MWh en el coste del suministro, a los que se añadirían peajes y otros costes asociados. Además, sostienen que determinadas industrias podrían verse obligadas a adquirir un combustible cuyo precio resulta varias veces superior al del gas natural convencional. Para el sector, la cuestión no es si debe desarrollarse el biometano, sino cómo se financia esa expansión sin deteriorar la posición competitiva de la industria española frente a otros países europeos.
Generación sólida
Mientras las empresas preparan sus proyectos para concurrir a las futuras convocatorias, las asociaciones Acogen, Cogen España, Adap, Aneo y Aeversu mantienen una intensa actividad parlamentaria para evitar nuevos cierres. Las organizaciones han solicitado al Congreso la recuperación de una disposición transitoria que permita prolongar hasta 2031 la actividad de las instalaciones que ya han agotado o agotarán próximamente su vida útil regulatoria.
Las patronales consideran que esta medida permitiría mantener operativas más de un centenar de plantas estratégicas hasta que puedan acceder a las nuevas subastas y ejecutar sus inversiones de modernización. Sin esta solución temporal, advierten, más de cien instalaciones adicionales podrían cerrar durante los próximos años y dos de cada tres cogeneraciones españolas podrían encontrarse fuera de servicio en 2031.
Además de suministrar energía eficiente a la industria, la cogeneración aporta generación firme y síncrona distribuida por todo el territorio, contribuyendo al control de tensión y frecuencia de la red eléctrica. Por ello, las asociaciones alertan de que la pérdida continuada de capacidad no solo reduce la competitividad industrial, sino que también debilita la seguridad de suministro y la estabilidad del sistema eléctrico español.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
