El plan de retribución a las redes eléctricas propuesto por Competencia para el periodo 2026-2031 favorece al operador del sistema (Redeia) al privilegiar «claramente» al transporte de electricidad sobre la distribución, según los informes de analistas financieros internacionales a los que a tenido acceso LA RAZÓN.
La actividad del transporte de electricidad conduce la energía eléctrica desde las centrales de generación hasta las subestaciones, utilizando líneas de alta tensión para minimizar pérdidas en largas distancias. Esa actividad la realiza en régimen de monopolio Redeia.
Respecto a la distribución de electricidad a través de líneas de media y baja tensión, se ocupa de llevar la electricidad desde las subestaciones hasta los consumidores finales (hogares, industrias y empresas). En este caso, son las eléctricas las encargadas de realizar esta tarea sin la cual es imposible dar cobertura a la demanda, ampliar la misma y favorecer la implantación de nuevas empresas y la creación de miles de puestos de trabajo.
Según estos estudios de analistas financieros, los nuevos modelos retributivos propuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes de transporte y distribución de electricidad son dispares y generan una situación de desequilibrio que favorece claramente los intereses del operador «privado» del sistema eléctrico que dirige Beatriz Corredor y del que el Estado es el accionista de referencia, al disponer del 20% de la participación a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Aunque ambas actividades tendrán la misma tasa de retribución del 6,46%, el método de cálculo y los incentivos difieren profundamente, lo que podría distorsionar la inversión futura en infraestructura eléctrica y ralentizar el proceso de electrificación de la economía.
En este sentido, Competencia a hecho de su capa un sayo y ha desoído las indicaciones del Gobierno, que en octubre pasado publicó en el BOE la orden con las orientaciones de política energética para que Competencia emitiera «señales adecuadas» para incentivar las inversiones en todas las redes eléctricas y atender así a la demanda creciente y favorecer la electrificación contemplada hasta 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El sector eléctrico consideraba que para competir con los países de nuestro entorno se debían aplicar parámetros similares y que, por tanto, la horquilla para la retribución a las inversiones en redes de distribución podía moverse entre el 7,3% y llegar hasta el 8,7%.
El hecho es que, de acuerdo a la propuesta de Competencia, las inversiones de Redeia se remunerarán según costes auditados, lo que da «visibilidad y certeza» a sus ingresos.
Por el contrario, las inversiones en distribución solo se retribuyen en función de la potencia conectada a futuro, es decir, no se reconoce la inversión hasta que se conectan nuevos consumidores.
Este enfoque, según los expertos, desincentiva las inversiones estructurales en distribución, como puede ser la extensión de líneas eléctricas hacia polígonos industriales vacíos o zonas sin demanda inmediata.
“Una empresa puede tardar ocho años en conectarse, y hasta entonces, la inversión no se remunera”, señalan fuentes del sector.
Este desequilibrio tiene implicaciones sobre toda la electrificación porque si se amplían las redes de transporte sin una expansión proporcional de las redes de distribución, se genera un «cuello de botella» que impide la conexión de nuevos usuarios.
Además, los costes de esta infraestructura infrautilizada recaerán sobre los consumidores actuales vía peajes, encareciendo la factura eléctrica, según se desprende de estos estudios.
Los analistas advierten que solo un «crecimiento paralelo y equilibrado» entre redes de transporte y distribución puede garantizar la eficiencia del sistema y evitar un encarecimiento estructural de la electricidad.
Redeia, la gran beneficiada con un 52% más
En este marco retributivo planteado por Competencia, Redeia emerge como la gran beneficiada. Sus ingresos regulados anuales pasarán de 1.217 millones de euros en 2025 a 1.858 millones en 2026, lo que supone un aumento del 52%, según estimaciones basadas en los mencionados análisis financieros.
Este aumento viene acompañado de condiciones operativas más favorables. Por ejemplo, la reducción del coste operativo (el que se paga por operar la red actual) reconocida por la CNMC será de menos 6% para Redeia, mientras que las eléctricas sufrirán una rebaja del 24% en distribución. Una rebaja que entrará en vigor ya en 2026, lo que ha implicado fuertes bajadas en las cotizaciones bursátiles de las eléctricas desde que la CNMC dio a conocer sus propósitos.
Los estudios consultados por este diario cuestionan incluso si la CNMC está favoreciendo injustificadamente a Redeia, en detrimento del resto de operadores y remarcan las dudas sobre la equidad del proceso regulatorio y su alineación con los objetivos de transición energética.
Bogas (Endesa) cree que hay margen
En su presentación de resultados semestrales de esta semana pasada, en la que Endesa rechazó dicha tasa del 6,46 % calificándola de «discriminatoria y asimétrica» respecto a otros sectores regulados en España y a otros países europeos, la eléctrica se mostró confiada en que, tras las alegaciones que terminan el 9 de septiembre, el texto proporcione las señales económicas adecuadas.
En una nota, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, sostuvo que la propuesta de nuevo modelo retributivo limita la inversión en electrificación de la demanda que contempla el PNIEC e insistió en una remuneración justa y atractiva.
«Pone en grave peligro alcanzar el nivel de inversión que España precisa para alcanzar sus objetivos de descarbonización, electrificación de la demanda e inversión en redes que contempla el Pniec, además de estar desalineada con las guías de política energética del Gobierno», apuntó el consejero delegado de Endesa.
La eléctrica considera que la metodología está «sesgada en contra de la inversión, limitando el gasto de capital a la reposición de la red existente y no hacia su ampliación», y que el modelo de incentivos «tiene aún espacio para ser mejorado».
Bogas planteó un entorno de retribución financiera entre el 7% y el 7,7%, ya que de lo contrario el sector estaría ante un «austericidio».
En una conferencia con analistas con motivo de la presentación de los resultados, Bogas señaló que el plan estratégico del grupo recoge una remuneración combinada del 7,5%, frente al casi 6,5% que plantea la CNMC. «Es un austericidio (…) Necesitamos aumentar la penetración de renovables y la clave son las redes. Sin esta mejora en la resiliencia y sin fortalecer la red, será imposible seguir con esta transición. Lo que tenemos en nuestro plan estratégico es una remuneración del 7,5%».
Favorece las de alta tensión de Redeia sobre las de distribución, penalizando a los hogares y empresas, y generando «cuellos de botella», según informes de analistas financieros
El plan de retribución a las redes eléctricas propuesto por Competencia para el periodo 2026-2031 favorece al operador del sistema (Redeia) al privilegiar «claramente» al transporte de electricidad sobre la distribución, según los informes de analistas financieros internacionales a los que a tenido acceso LA RAZÓN.
La actividad del transporte de electricidad conduce la energía eléctrica desde las centrales de generación hasta las subestaciones, utilizando líneas de alta tensión para minimizar pérdidas en largas distancias. Esa actividad la realiza en régimen de monopolio Redeia.
Respecto a la distribución de electricidad a través de líneas de media y baja tensión, se ocupa de llevar la electricidad desde las subestaciones hasta los consumidores finales (hogares, industrias y empresas). En este caso, son las eléctricas las encargadas de realizar esta tarea sin la cual es imposible dar cobertura a la demanda, ampliar la misma y favorecer la implantación de nuevas empresas y la creación de miles de puestos de trabajo.
Según estos estudios de analistas financieros, los nuevos modelos retributivos propuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes de transporte y distribución de electricidad son dispares y generan una situación de desequilibrio que favorece claramente los intereses del operador «privado» del sistema eléctrico que dirige Beatriz Corredor y del que el Estado es el accionista de referencia, al disponer del 20% de la participación a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Aunque ambas actividades tendrán la misma tasa de retribución del 6,46%, el método de cálculo y los incentivos difieren profundamente, lo que podría distorsionar la inversión futura en infraestructura eléctrica y ralentizar el proceso de electrificación de la economía.
En este sentido, Competencia a hecho de su capa un sayo y ha desoído las indicaciones del Gobierno, que en octubre pasado publicó en el BOE la orden con las orientaciones de política energética para que Competencia emitiera «señales adecuadas» para incentivar las inversiones en todas las redes eléctricas y atender así a la demanda creciente y favorecer la electrificación contemplada hasta 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El sector eléctrico consideraba que para competir con los países de nuestro entorno se debían aplicar parámetros similares y que, por tanto, la horquilla para la retribución a las inversiones en redes de distribución podía moverse entre el 7,3% y llegar hasta el 8,7%.
El hecho es que, de acuerdo a la propuesta de Competencia, las inversiones de Redeia se remunerarán según costes auditados, lo que da «visibilidad y certeza» a sus ingresos.
Por el contrario, las inversiones en distribución solo se retribuyen en función de la potencia conectada a futuro, es decir, no se reconoce la inversión hasta que se conectan nuevos consumidores.
Este enfoque, según los expertos, desincentiva las inversiones estructurales en distribución, como puede ser la extensión de líneas eléctricas hacia polígonos industriales vacíos o zonas sin demanda inmediata.
“Una empresa puede tardar ocho años en conectarse, y hasta entonces, la inversión no se remunera”, señalan fuentes del sector.
Este desequilibrio tiene implicaciones sobre toda la electrificación porque si se amplían las redes de transporte sin una expansión proporcional de las redes de distribución, se genera un «cuello de botella» que impide la conexión de nuevos usuarios.
Además, los costes de esta infraestructura infrautilizada recaerán sobre los consumidores actuales vía peajes, encareciendo la factura eléctrica, según se desprende de estos estudios.
Los analistas advierten que solo un «crecimiento paralelo y equilibrado» entre redes de transporte y distribución puede garantizar la eficiencia del sistema y evitar un encarecimiento estructural de la electricidad.
Redeia, la gran beneficiada con un 52% más
En este marco retributivo planteado por Competencia, Redeia emerge como la gran beneficiada. Sus ingresos regulados anuales pasarán de 1.217 millones de euros en 2025 a 1.858 millones en 2026, lo que supone un aumento del 52%, según estimaciones basadas en los mencionados análisis financieros.
Este aumento viene acompañado de condiciones operativas más favorables. Por ejemplo, la reducción del coste operativo (el que se paga por operar la red actual) reconocida por la CNMC será de menos 6% para Redeia, mientras que las eléctricas sufrirán una rebaja del 24% en distribución. Una rebaja que entrará en vigor ya en 2026, lo que ha implicado fuertes bajadas en las cotizaciones bursátiles de las eléctricas desde que la CNMC dio a conocer sus propósitos.
Los estudios consultados por este diario cuestionan incluso si la CNMC estáfavoreciendo injustificadamente a Redeia, en detrimento del resto de operadores y remarcan las dudas sobre la equidad del proceso regulatorio y su alineación con los objetivos de transición energética.
Bogas (Endesa) cree que hay margen
En su presentación de resultados semestrales de esta semana pasada, en la que Endesa rechazó dicha tasa del 6,46 % calificándola de «discriminatoria y asimétrica» respecto a otros sectores regulados en España y a otros países europeos, la eléctrica se mostró confiada en que, tras las alegaciones que terminan el 9 de septiembre, el texto proporcione las señales económicas adecuadas.
En una nota, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, sostuvo que la propuesta de nuevo modelo retributivo limita la inversión en electrificación de la demanda que contempla el PNIEC e insistió en una remuneración justa y atractiva.
«Pone en grave peligro alcanzar el nivel de inversión que España precisa para alcanzar sus objetivos de descarbonización, electrificación de la demanda e inversión en redes que contempla el Pniec, además de estar desalineada con las guías de política energética del Gobierno», apuntó el consejero delegado de Endesa.
La eléctrica considera que la metodología está «sesgada en contra de la inversión, limitando el gasto de capital a la reposición de la red existente y no hacia su ampliación», y que el modelo de incentivos «tiene aún espacio para ser mejorado».
Bogas planteó un entorno de retribución financiera entre el 7% y el 7,7%, ya que de lo contrario el sector estaría ante un «austericidio».
En una conferencia con analistas con motivo de la presentación de los resultados, Bogas señaló que el plan estratégico del grupo recoge una remuneración combinada del 7,5%, frente al casi 6,5% que plantea la CNMC. «Es un austericidio (…) Necesitamos aumentar la penetración de renovables y la clave son las redes. Sin esta mejora en la resiliencia y sin fortalecer la red, será imposible seguir con esta transición. Lo que tenemos en nuestro plan estratégico es una remuneración del 7,5%».
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