La obsolescencia programada y el precio de las reparaciones de dispositivos de tecnología han cambiado la forma en la que los consumidores afrontan las averías. Un electrodoméstico que antes podía acompañar a una familia durante décadas, un teléfono móvil sustituido tras pocos años de uso o un televisor cuya reparación resulta más cara que comprar uno nuevo son algunos de los ejemplos de una política cada vez más habitual entre los fabricantes: reemplazar en vez de reparar.
Ahora, la Unión Europea desea imponer una nueva normativa que vemos reflejada en el BOE y que obligará a los fabricantes a facilitar la reparación de determinados productos de tecnología, incluso —y aquí viene lo bueno— cuando haya terminado su garantía legal.
A los fabricantes se les acabará «el chollo de la obsolescencia programada»
La Directiva (UE) 2024/1799, aprobada en 2024, introduce el llamado derecho a reparar y obliga a los Estados miembros a adaptar sus legislaciones antes del 31 de julio de 2026, día en que la ley entrará en vigor. En el caso de España, esto supondrá la creación de nuevas obligaciones para las empresas que comercializan algunos de los productos más habituales en los hogares.
El objetivo de Bruselas reside en, por un lado, reducir la cantidad de residuos tal y como veíamos en la Ley de Economía Circular de Andalucía pero esta vez en relación a productos que todavía pueden seguir funcionando ; por otro, ofrecer a los consumidores una alternativa de reparaciones cuando una avería amenaza con convertir un aparato en un gasto inesperado. La nueva normativa busca que reparar vuelva a ser una opción viable frente a la compra de un producto completamente nuevo.
Sea como fuere, la nueva normativa europea no se aplicará a todos los bienes de consumo, sino a aquellos que ya cuentan con requisitos europeos específicos relacionados con su capacidad de reparación. Entre ellos se encuentran electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras o aspiradoras, además de otros productos como televisores, pantallas electrónicas, teléfonos móviles y tablets.
Una de las principales novedades es que los fabricantes tendrán que ofrecer servicios de reparación cuando esta sea técnicamente posible. Además, el precio y el plazo del arreglo deberán ser razonables, evitando situaciones en las que reparar un producto resulte económicamente poco atractivo para el consumidor.
Un nuevo modelo de consumo para refrenar las estrategias más agresivas de marketing comercial
La normativa también limita la posibilidad de rechazar una reparación por determinados motivos. Las empresas no podrán negarse simplemente porque el dispositivo haya sido intervenido anteriormente por un servicio técnico de terceros o porque se hayan utilizado piezas compatibles.
Para los hogares, el cambio puede suponer una nueva forma de gestionar sus compras. En un contexto marcado por la inflación de los precios, alargar la duración de un electrodoméstico o un dispositivo electrónico se transformará, per se, en una forma de reducir gastos, amén de evitar sustituciones innecesarias.
La llegada de esta regulación también obligará a los fabricantes a revisar sus procesos de diseño, producción y servicio posventa. La Unión Europea busca así impulsar un modelo de consumo en el que los productos tengan una vida útil más longeva y en el que la reparación deje de ser una alternativa complicada o poco rentable.
A partir del día 31 de julio 2026, España tendrá que trasladar estas obligaciones europeas a su normativa nacional. Un cambio que podría detener de una vez por todas una práctica que durante años ha sido muy habitual entre los principales fabricantes del sector tecnológico: aprovecharse de los consumidores para enriquecer sus arcas.
La nueva normativa europea del derecho a reparar obliga a los fabricantes a ofrecer más opciones de reparación.
La obsolescencia programada y el precio de las reparaciones de dispositivos de tecnología han cambiado la forma en la que los consumidores afrontan las averías. Un electrodoméstico que antes podía acompañar a una familia durante décadas, un teléfono móvil sustituido tras pocos años de uso o un televisor cuya reparación resulta más cara que comprar uno nuevo son algunos de los ejemplos de una política cada vez más habitual entre los fabricantes: reemplazar en vez de reparar.
Ahora, la Unión Europea desea imponer una nueva normativa que vemos reflejada en el BOE y que obligará a los fabricantes a facilitar la reparación de determinados productos de tecnología, incluso —y aquí viene lo bueno— cuando haya terminado su garantía legal.
A los fabricantes se les acabará «el chollo de la obsolescencia programada»
La Directiva (UE) 2024/1799, aprobada en 2024, introduce el llamado derecho a reparar y obliga a los Estados miembros a adaptar sus legislaciones antes del 31 de julio de 2026, día en que la ley entrará en vigor. En el caso de España, esto supondrá la creación de nuevas obligaciones para las empresas que comercializan algunos de los productos más habituales en los hogares.
El objetivo de Bruselas reside en, por un lado, reducir la cantidad de residuos tal y como veíamos en la Ley de Economía Circular de Andalucía pero esta vez en relación a productos que todavía pueden seguir funcionando ; por otro, ofrecer a los consumidores una alternativa de reparaciones cuando una avería amenaza con convertir un aparato en un gasto inesperado. La nueva normativa busca que reparar vuelva a ser una opción viable frente a la compra de un producto completamente nuevo.
Sea como fuere, la nueva normativa europea no se aplicará a todos los bienes de consumo, sino a aquellos que ya cuentan con requisitos europeos específicos relacionados con su capacidad de reparación. Entre ellos se encuentran electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras o aspiradoras, además de otros productos como televisores, pantallas electrónicas, teléfonos móviles y tablets.
Una de las principales novedades es que los fabricantes tendrán que ofrecer servicios de reparación cuando esta sea técnicamente posible. Además, el precio y el plazo del arreglo deberán ser razonables, evitando situaciones en las que reparar un producto resulte económicamente poco atractivo para el consumidor.
Un nuevo modelo de consumo para refrenar las estrategias más agresivas de marketing comercial
La normativa también limita la posibilidad de rechazar una reparación por determinados motivos. Las empresas no podrán negarse simplemente porque el dispositivo haya sido intervenido anteriormente por un servicio técnico de terceros o porque se hayan utilizado piezas compatibles.
Para los hogares, el cambio puede suponer una nueva forma de gestionar sus compras. En un contexto marcado por la inflación de los precios, alargar la duración de un electrodoméstico o un dispositivo electrónico se transformará, per se, en una forma de reducir gastos, amén de evitar sustituciones innecesarias.
La llegada de esta regulación también obligará a los fabricantes a revisar sus procesos de diseño, producción y servicio posventa. La Unión Europea busca así impulsar un modelo de consumo en el que los productos tengan una vida útil más longeva y en el que la reparación deje de ser una alternativa complicada o poco rentable.
A partir del día 31 de julio 2026, España tendrá que trasladar estas obligaciones europeas a su normativa nacional. Un cambio que podría detener de una vez por todas una práctica que durante años ha sido muy habitual entre los principales fabricantes del sector tecnológico: aprovecharse de los consumidores para enriquecer sus arcas.
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