La quita de deuda autonómica no servirá para mejorar los servicios sociales de las comunidades autónomas. Ni hospitales, ni colegios, ni atención a los mayores, etc. El argumento esgrimido por Pedro Sánchez en su entrevista en TVE para convencer a las regiones para que se acojan al «perdón» de su deuda va completamente en contra de la ley de estabilidad presupuestaria e incluso del propio documento explicativo del anteproyecto de ley de la quita, elaborado por el Ministerio de Hacienda. Así lo indica además la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), una institución pública cuyo objetivo es «velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo». Todos ellos desmienten la tesis del Gobierno, esgrimida tanto por el propio presidente del Ejecutivo en la televisión pública, como por su ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, «madre» de la quita.
La quita de 83.000 millones de euros de deuda autonómica genera un ahorro en intereses de 6.700 millones
Según Moncloa, los 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas que asumirá como propios el Estado supondrán un ahorro en intereses para estas regiones de unos 6.700 millones de euros. Esta cifra, según afirmó Sánchez ante Pepa Bueno, permitirá dar «margen fiscal» a las comunidades para reforzar «políticas sociales», pudiendo destinar este dinero a «educación, becas, sanidad…». Un jugoso cebo para que las regiones «rebeldes» –las gobernadas por el Partido Popular– piquen el anzuelo y se acojan finalmente a la quita.
Una quita, no olvidemos, cuyo único fin ha sido contentar a los socios independentistas de Sánchez, en este caso en concreto a los catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Pero que ahora el presidente trata de vender como un beneficio para todos los españoles, pese a que lo único que hace esta medida es mutualizar entre todos los ciudadanos el despilfarro durante años de algunas comunidades autónomas, repartiéndolo entre las que sí han sido responsables con sus finanzas y se han apretado el cinturón cuando tocaba.
«Este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas»
Y ahí es donde Sánchez y Montero juegan la carta del gasto social, la sanidad, la educación… El problema es que sus deseos chocan con la realidad, que no es otra que este ahorro de intereses fruto de la quita no puede ir a parar a estas partidas. De hecho, la Airef lleva avisándolo desde el pasado mes de febrero, cuando se conocieron las intenciones del Gobierno respecto a la quita. «La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las CC AA y un incremento en la Administración Central. No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas», explicaba en una nota la Autoridad Fiscal. Unas circunstancias que siete meses después persisten, como señalan fuentes del organismo consultadas por este diario.
«Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública»
El aviso de la Airef casa con lo que dicta además la ley de estabilidad presupuestaria, elaborada en 2012 por Rajoy para asegurar, tras la crisis financiera, la sostenibilidad de las finanzas de las administraciones públicas. En su artículo 12, destinado a explicar los entresijos de la llamada «regla de gasto», la citada ley mandata que «los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública».
De hecho, el propio Ministerio de Hacienda lo admite así en el texto que acompaña al anteproyecto de la llamada ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de régimen común. En este se asegura que con esta medida «se persigue evitar la aparición de problemas de riesgo moral, a través del retorno paulatino al mercado de las Comunidades Autónomas y de la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto».
Y sin embargo, pese a todo esto, contra viento y marea, Sánchez y Montero insisten en poner el gasto social en el anzuelo de la quita, a la espera de ver si alguien muerde. «Nuestra visión es que sí pueden destinarlo, lo que no significa que las comunidades no deban cumplir el objetivo de estabilidad y la regla de gasto. Lo puedes gastar si cumples», señalan fuentes de Hacienda. Algo complicado teniendo en cuenta que en 2024 hubo 13 regiones que incumplieron la regla de gasto.
La ley de estabilidad presupuestaria impide gastar este margen, como recuerda la Autoridad Fiscal, en contra de lo que pregonan Sánchez y Montero. «Se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda», dice la ley
La quita de deuda autonómica no servirá para mejorar los servicios sociales de las comunidades autónomas. Ni hospitales, ni colegios, ni atención a los mayores, etc. El argumento esgrimido por Pedro Sánchez en su entrevista en TVE para convencer a las regiones para que se acojan al «perdón» de su deuda va completamente en contra de la ley de estabilidad presupuestaria e incluso del propio documento explicativo del anteproyecto de ley de la quita, elaborado por el Ministerio de Hacienda. Así lo indica además la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), una institución pública cuyo objetivo es «velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo». Todos ellos desmienten la tesis del Gobierno, esgrimida tanto por el propio presidente del Ejecutivo en la televisión pública, como por su ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, «madre» de la quita.
La quita de 83.000 millones de euros de deuda autonómica genera un ahorro en intereses de 6.700 millones
Según Moncloa, los 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas que asumirá como propios el Estado supondrán un ahorro en intereses para estas regiones de unos 6.700 millones de euros. Esta cifra, según afirmó Sánchez ante Pepa Bueno, permitirá dar «margen fiscal» a las comunidades para reforzar «políticas sociales», pudiendo destinar este dinero a «educación, becas, sanidad…». Un jugoso cebo para que las regiones «rebeldes» –las gobernadas por el Partido Popular– piquen el anzuelo y se acojan finalmente a la quita.
Una quita, no olvidemos, cuyo único fin ha sido contentar a los socios independentistas de Sánchez, en este caso en concreto a los catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Pero que ahora el presidente trata de vender como un beneficio para todos los españoles, pese a que lo único que hace esta medida es mutualizar entre todos los ciudadanos el despilfarro durante años de algunas comunidades autónomas, repartiéndolo entre las que sí han sido responsables con sus finanzas y se han apretado el cinturón cuando tocaba.
«Este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas»
Y ahí es donde Sánchez y Montero juegan la carta del gasto social, la sanidad, la educación… El problema es que sus deseos chocan con la realidad, que no es otra que este ahorro de intereses fruto de la quita no puede ir a parar a estas partidas. De hecho, la Airef lleva avisándolo desde el pasado mes de febrero, cuando se conocieron las intenciones del Gobierno respecto a la quita. «La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las CC AA y un incremento en la Administración Central. No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas», explicaba en una nota la Autoridad Fiscal. Unas circunstancias que siete meses después persisten, como señalan fuentes del organismo consultadas por este diario.
«Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública»
El aviso de la Airef casa con lo que dicta además la ley de estabilidad presupuestaria, elaborada en 2012 por Rajoy para asegurar, tras la crisis financiera, la sostenibilidad de las finanzas de las administraciones públicas. En su artículo 12, destinado a explicar los entresijos de la llamada «regla de gasto», la citada ley mandata que «los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública».
De hecho, el propio Ministerio de Hacienda lo admite así en el texto que acompaña al anteproyecto de la llamada ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de régimen común. En este se asegura que con esta medida «se persigue evitar la aparición de problemas de riesgo moral, a través del retorno paulatino al mercado de las Comunidades Autónomas y de la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto».
Y sin embargo, pese a todo esto, contra viento y marea, Sánchez y Montero insisten en poner el gasto social en el anzuelo de la quita, a la espera de ver si alguien muerde. «Nuestra visión es que sí pueden destinarlo, lo que no significa que las comunidades no deban cumplir el objetivo de estabilidad y la regla de gasto. Lo puedes gastar si cumples», señalan fuentes de Hacienda. Algo complicado teniendo en cuenta que en 2024 hubo 13 regiones que incumplieron la regla de gasto.
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