La Justicia de EE UU ha desestimado dos nuevos intentos del Gobierno español de bloquear la ejecución de diversas sentencias de arbitraje emitidas en favor de inversores que se vieron afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables. Se refuerza así una línea jurisprudencial cada vez más adversa para el Ejecutivo, que deberá llegar a un acuerdo con los acreedores para evitar nuevos embargos de bienes y condenas internacionales.
El pasado 12 de agosto, el Tribunal de Distrito de Columbia desestimó dos nuevos intentos por bloquear la ejecución de laudos arbitrales en favor de inversores europeos, un nuevo golpe a la estrategia de defensa del Gobierno de Pedro Sánchez ante decenas de reclamaciones similares. En primer lugar, el tribunal federal negó la moción que pretendía desestimar la demanda presentada por RREEF, desarrolló dos plantas solares en Andalucía -su caso ha sido gestionado por Blasket Renewable Investments- y confirmó la ejecución del laudo de 2019 emitido por el CIADI. Asimismo, el mismo tribunal emitió una segunda sentencia que tumba también el recurso presentado por España para frenar el procedimiento vinculado al caso Infrastructure Services -también conocido como ‘caso Antin’ con otras dos plantas también Andalucía-, cuyo fallo original data de 2018.
La denuncia interpuesta por RREEF por la retirada retroactiva de las primas renovables ha desembocado en el reconocimiento de una indemnización de 59,6 millones de euros, cifra a la que se deben sumar más de 13,9 millones en concepto de intereses de demora. En el caso Infrastructure Services, el laudo asciende a 101 millones, mientras que los intereses de demora asciende a 24,3 millones. En total, son casi 200 millones de euros pendientes de pago.
España alegaba que el laudo no podía ejecutarse porque -según su interpretación del derecho de la Unión Europea- los Estados miembros no pueden someter a arbitraje disputas con inversores de otros países de la UE -prohibición de arbitraje intra-UE- y porque el pago de la indemnización constituiría “ayuda de Estado” ilegal sin autorización de la Comisión Europea. La sentencia rechaza de plano esos argumentos, recordando que ya fueron planteados y desestimados durante el arbitraje CIADI, que la ley estadounidense que incorpora el Convenio CIADI obliga a otorgar “plena fe y crédito” a estos laudos, y que precedentes como NextEra y 9Ren han cerrado la vía para invocar inmunidad soberana, «forum non conveniens» o teorías de derecho europeo para evitar su ejecución.
España acumula casi 1.500 millones de euros en laudos impagados por las renovables, más que cualquier otro país, y la negativa a desembolsar estas indemnizaciones ha dado pie a embargos efectivos o cautelares en jurisdicciones como Bélgica, Reino Unido o EE UU. Recientemente, los ingresos de Eurocontrol gestionados por Enaire fueron intervenidos por la justicia belga, en un golpe a España valorado en más de 80 millones.
Con 26 condenas firmes en su contra y un historial que la convierte en el país con más incumplimientos de laudos internacionales en el mundo. España ya abonó la compensación
debida en el caso JGC y, siguiendo este precedente reciente, debería cerrar acuerdos similares
en el resto de disputas para evitar prolongar un problema que daña su reputación y expone
su patrimonio en el extranjero. En conjunto, los intereses y sobrecostes procesales han hecho
que la factura de los laudos se incremente en 386 millones adicionales, lo que sumado a los
1.492 millones adeudados genera una factura total de 1.870 millones.
El Gobierno acumula una factura total de 1.870 millones en embargos, compensaciones, intereses y sobrecostes
La Justicia de EE UU ha desestimado dos nuevos intentos del Gobierno español de bloquear la ejecución de diversas sentencias de arbitraje emitidas en favor de inversores que se vieron afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables. Se refuerza así una línea jurisprudencial cada vez más adversa para el Ejecutivo, que deberá llegar a un acuerdo con los acreedores para evitar nuevos embargos de bienes y condenas internacionales.
El pasado 12 de agosto, el Tribunal de Distrito de Columbia desestimó dos nuevos intentos por bloquear la ejecución de laudos arbitrales en favor de inversores europeos, un nuevo golpe a la estrategia de defensa del Gobierno de Pedro Sánchez ante decenas de reclamaciones similares. En primer lugar, el tribunal federal negó la moción que pretendía desestimar la demanda presentada por RREEF, desarrolló dos plantas solares en Andalucía -su caso ha sido gestionado por Blasket Renewable Investments- y confirmó la ejecución del laudo de 2019 emitido por el CIADI. Asimismo, el mismo tribunal emitió una segunda sentencia que tumba también el recurso presentado por España para frenar el procedimiento vinculado al caso Infrastructure Services -también conocido como ‘caso Antin’ con otras dos plantas también Andalucía-, cuyo fallo original data de 2018.
La denuncia interpuesta por RREEF por la retirada retroactiva de las primas renovables ha desembocado en el reconocimiento de una indemnización de 59,6 millones de euros, cifra a la que
se deben sumar más de 13,9 millones en concepto de intereses de demora. En el caso Infrastructure Services, el laudo asciende a 101 millones, mientras que los intereses de demora asciende a 24,3 millones. En total, son casi 200 millones de euros pendientes de pago.
España alegaba que el laudo no podía ejecutarse porque -según su interpretación del derecho de la Unión Europea- los Estados miembros no pueden someter a arbitraje disputas con inversores de otros países de la UE -prohibición de arbitraje intra-UE- y porque el pago de la indemnización constituiría “ayuda de Estado” ilegal sin autorización de la Comisión Europea. La sentencia rechaza de plano esos argumentos, recordando que ya fueron planteados y desestimados durante el arbitraje CIADI, que la ley estadounidense que incorpora el Convenio CIADI obliga a otorgar “plena fe y crédito” a estos laudos, y que precedentes como NextEra y 9Ren han cerrado la vía para invocar inmunidad soberana, «forum non conveniens» o teorías de derecho europeo para evitar su ejecución.
España acumula casi 1.500 millones de euros en laudos impagados por las renovables, más que cualquier otro país, y la negativa a desembolsar estas indemnizaciones ha dado pie a embargos efectivos o cautelares en jurisdicciones como Bélgica, Reino Unido o EE UU. Recientemente, los ingresos de Eurocontrol gestionados por Enaire fueron intervenidos por la justicia belga, en un golpe a España valorado en más de 80 millones.
Con 26 condenas firmes en su contra y un historial que la convierte en el país con más incumplimientos de laudos internacionales en el mundo. España ya abonó la compensación debida en el caso JGC y, siguiendo este precedente reciente, debería cerrar acuerdos similares en el resto de disputas para evitar prolongar un problema que daña su reputación y expone su patrimonio en el extranjero. En conjunto, los intereses y sobrecostes procesales han hecho que la factura de los laudos se incremente en 386 millones adicionales, lo que sumado a los 1.492 millones adeudados genera una factura total de 1.870 millones.
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