La falta de Presupuestos desde 2023 ha obligado al Gobierno a autorizar créditos -tanto suplementos de crédito y como créditos extraordinarios- por un valor de 200 millones para poder garantizar el funcionamiento operativo de las mutuas colaboradoras y de los servicios comunes de la Seguridad Social, que hubieran sido incapaces de afrontar incluso sus gastos ordinarios, como el pago de las nóminas de sus empleados. Ante la parálisis parlamentaria desde hace tres ejercicios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido incapaz de aprobar unas cuentas públicas en toda la legislatura y se ha visto obligado a recurrir a 39 ampliaciones presupuestarias para evitar la parálisis operativa de estas entidades.
En el primer trimestre del año, el Ejecutivo tuvo que autorizar trece operaciones de este tipo por un importe total de 76,16 millones de euros, mientras que en el segundo trimestre del ejercicio la cifra se elevó hasta los 121,2 millones de euros en otras 26 operaciones. Los diferentes créditos concedidos se han utilizado para hacer frente a las nóminas del personal, a gasto corriente en bienes y servicios y diferentes inversiones necesarias no contempladas en la planificación de hace tres años, según consta en documentos oficiales remitidos por la Seguridad Social al Congreso recogidos por Europa Press.
Las mutuas han necesitado inyecciones millonarias para adaptar las retribuciones de sus plantillas a los incrementos salariales aprobados en los últimos ejercicios y el resto de gastos de personal. Esta inyección de fondos ha sido especialmente intensa en el segundo trimestre, ya que en el mes de junio los empleados cobran la paga extraordinaria de verano. Para ello, Asepeyo ha confirmado que ha recibido un suplemento de crédito de 14,3 millones de euros entre abril y junio para pagar las nóminas. En el caso de la mutua M.A.Z ha recurrido a 5,27 millones; y le siguen Egarsat, con 4,9 millones; Mutua Balear, con 4,52 millones; y Solimat, con 1,48 millones de euros adicionales. En el primer trimestre el único suplemento de crédito destinado a gasto de personal fueron los 2,22 millones concedidos a Mutua Navarra, pero entre enero y marzo destacan los suplementos de 27,4 millones otorgados a Fremap, de 18,15 millones de Mutual Midat Cyclops y los 7,2 millones de Ibermutua para poder afrontar sus gastos corrientes.
La concesión de todos estos créditos están regulados en la Ley General Presupuestaria de 2003, que obliga al Gobierno a remitir a las Cortes un informe trimestral de los créditos concedidos. En dicho informe, correspondiente al segundo trimestre, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) requirió un suplemento de crédito de 24,2 millones de euros destinado a transferencias corrientes, mientras que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) fue autorizada a gastar otro suplemento de 20,2 millones.
La autorización de estos créditos a la Seguridad Social se produce en un contexto de tensión financiera para la Seguridad Social, presionada por una deuda de 136.000 millones de euros, según el Banco de España, al no ser capaz de sostener con sus propios ingresos el sistema público, ya que necesita financiarse con préstamos estatales. El Tribunal de Cuentas avisa de un «importante déficit estructural» de 2.677,3 millones en la gestión de la Incapacidad Temporal (IT) por Contingencias Comunes de las propias mutuas, tras dispararse el absentismo a niveles récord, rozando el 8% y con un coste que la CEOE cifra ya en 33.000 millones anuales.
Los diferentes créditos concedidos se han utilizado para hacer frente a las nóminas del personal, a gasto corriente en bienes y servicios y diferentes inversiones
La falta de Presupuestos desde 2023 ha obligado al Gobierno a autorizar créditos -tanto suplementos de crédito y como créditos extraordinarios- por un valor de 200 millones para poder garantizar el funcionamiento operativo de las mutuas colaboradoras y de los servicios comunes de la Seguridad Social, que hubieran sido incapaces de afrontar incluso sus gastos ordinarios, como el pago de las nóminas de sus empleados. Ante la parálisis parlamentaria desde hace tres ejercicios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido incapaz de aprobar unas cuentas públicas en toda la legislatura y se ha visto obligado a recurrir a 39 ampliaciones presupuestarias para evitar la parálisis operativa de estas entidades.
En el primer trimestre del año, el Ejecutivo tuvo que autorizar trece operaciones de este tipo por un importe total de 76,16 millones de euros, mientras que en el segundo trimestre del ejercicio la cifra se elevó hasta los 121,2 millones de euros en otras 26 operaciones. Los diferentes créditos concedidos se han utilizado para hacer frente a las nóminas del personal, a gasto corriente en bienes y servicios y diferentes inversiones necesarias no contempladas en la planificación de hace tres años, según consta en documentos oficiales remitidos por la Seguridad Social al Congreso recogidos por Europa Press.
Las mutuas han necesitado inyecciones millonarias para adaptar las retribuciones de sus plantillas a los incrementos salariales aprobados en los últimos ejercicios y el resto de gastos de personal. Esta inyección de fondos ha sido especialmente intensa en el segundo trimestre, ya que en el mes de junio los empleados cobran la paga extraordinaria de verano. Para ello, Asepeyo ha confirmado que ha recibido un suplemento de crédito de 14,3 millones de euros entre abril y junio para pagar las nóminas. En el caso de la mutua M.A.Z ha recurrido a 5,27 millones; y le siguen Egarsat, con 4,9 millones; Mutua Balear, con 4,52 millones; y Solimat, con 1,48 millones de euros adicionales. En el primer trimestre el único suplemento de crédito destinado a gasto de personal fueron los 2,22 millones concedidos a Mutua Navarra, pero entre enero y marzo destacan los suplementos de 27,4 millones otorgados a Fremap, de 18,15 millones de Mutual Midat Cyclops y los 7,2 millones de Ibermutua para poder afrontar sus gastos corrientes.
La concesión de todos estos créditos están regulados en la Ley General Presupuestaria de 2003, que obliga al Gobierno a remitir a las Cortes un informe trimestral de los créditos concedidos. En dicho informe, correspondiente al segundo trimestre, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) requirió un suplemento de crédito de 24,2 millones de euros destinado a transferencias corrientes, mientras que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) fue autorizada a gastar otro suplemento de 20,2 millones.
La autorización de estos créditos a la Seguridad Social se produce en un contexto de tensión financiera para la Seguridad Social, presionada por una deuda de 136.000 millones de euros, según el Banco de España, al no ser capaz de sostener con sus propios ingresos el sistema público, ya que necesita financiarse con préstamos estatales. El Tribunal de Cuentas avisa de un «importante déficit estructural» de 2.677,3 millones en la gestión de la Incapacidad Temporal (IT) por Contingencias Comunes de las propias mutuas, tras dispararse el absentismo a niveles récord, rozando el 8% y con un coste que la CEOE cifra ya en 33.000 millones anuales.
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