La devastadora explosión del puerto de Beirut, pendiente de una investigación judicial inacabada cinco años después

Este lunes es uno de esos días que los libaneses querrían que no estuviera marcado en el calendario. Muchos de ellos evitarán poner la radio o abrir los periódicos, donde saben que no les contarán nada gratificante sobre el tema del día en Beirut. Un año más, el aniversario de la mastodóntica explosión del puerto de Beirut, y ya van cinco, reflejará el fracaso y el dolor que persigue a los libaneses cada 4 de agosto. La tragedia, que costó la vida a 218 personas y dejó 7.000 heridos al estallar centenares de toneladas de material explosivo mal almacenado, sigue pendiente de una investigación judicial que no acaba y muchos sospechan que el desastre quedará impune.

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 El estallido de toneladas de nitrato de amonio mal almacenadas causó 218 muertos y miles de heridos en la capital libanesa. “Parecía una película de terror”, afirma un vecino de la zona  

Este lunes es uno de esos días que los libaneses querrían que no estuviera marcado en el calendario. Muchos de ellos evitarán poner la radio o abrir los periódicos, donde saben que no les contarán nada gratificante sobre el tema del día en Beirut. Un año más, el aniversario de la mastodóntica explosión del puerto de Beirut, y ya van cinco, reflejará el fracaso y el dolor que persigue a los libaneses cada 4 de agosto. La tragedia, que costó la vida a 218 personas y dejó 7.000 heridos al estallar centenares de toneladas de material explosivo mal almacenado, sigue pendiente de una investigación judicial que no acaba y muchos sospechan que el desastre quedará impune.

En Líbano son excepción los casos en que algún responsable político ha rendido cuentas ante la justicia. A pesar de eso, especialistas legales consultados por este periódico tienen esperanza de que el caso por la explosión del puerto se convierta en el primero en el que el sistema de Líbano consiga impartir justicia. Mencionan como argumentos la insistencia del juez instructor, que retomó el caso tras enfrentarse a obstrucciones políticas, y la formación de un nuevo Gobierno. El pasado jueves, el Parlamento aprobó una ley de independencia judicial que los expertos definen como ”un paso en la buena dirección”.

Aquella fatídica tarde de agosto de 2020, el corazón de Beirut sufrió sin previo aviso una de las mayores detonaciones no nucleares de la historia. El estruendo hizo temblar la tierra y se sintió en la isla de Chipre, a más de 200 kilómetros por mar. Numerosas víctimas murieron o sufrieron heridas atravesadas por cristales. La onda expansiva recorrió decenas de kilómetros, haciendo volar por los aires puertas y ventanas y dejando tras de sí un paisaje de devastación. Cerca de 300.000 personas vieron sus hogares convertirse en lugares inhabitables.

La explosión se produjo al incendiarse al menos parte de un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que se utiliza para fabricar explosivos, almacenado en el puerto. El material había estado medio abandonado durante siete años, tiempo en el que distintos funcionarios mandaron misivas a las autoridades advirtiendo del riesgo que suponía esa presencia a escasos metros de los barrios más vibrantes de la ciudad. Pero nadie movió un dedo.

Elie Maalouli se encontraba lejos de la zona en el momento de la explosión. La casa de este beirutí de 60 años está enfrente del puerto. Cuando regresó, no daba crédito a lo que veía. “Parecía una película de terror”, recuerda con el miedo metido en la voz. Los coches estaban destrozados, el hormigón caía de los edificios y los vecinos estaban aturdidos. “No exagero”, insiste, “era la zona de una guerra nuclear”.

El barrio de Mar Mikhael, donde Maalouli tiene su casa, es contiguo al puerto y fue parte de la zona cero de la explosión. En sus calles abundan los balcones con contraventanas pintadas de colores, los bares musicales y los pisos de alquiler de temporada. Tras cinco años, los vecinos han reparado sin la ayuda del Estado la mayoría de los edificios, borrando el rastro de la detonación. Pero la herida permanece.

“Entre los vecinos no hablamos de la explosión”, reconoce Maalouli, “es como si intentáramos evitar su recuerdo”. A quienes sí que recuerdan, dice, es a los siete vecinos de su misma esquina que no sobrevivieron. “Aún no sabemos qué es lo que nos hizo sufrir tantas pérdidas humanas y materiales”, lamenta resignado. No quiere conocer las causas “por venganza”, matiza, “sino para que cada uno asuma sus responsabilidades y para que sirva como lección para los demás”.

Aunque algunos ven signos para el optimismo, para creer en que se romperá lo que llaman el “régimen de la impunidad”. Después de dos años sin presidente y con un Gobierno en funciones, Líbano ha terminado con el vacío de poder a principios de este 2025, y ha dado paso a líderes ajenos a la clase política tradicional que reiteran su compromiso con la separación de poderes.

El nuevo presidente, Joseph Aoun, es exjefe del ejército. “Está en marcha un cambio claro en el curso de la justicia”, dijo el pasado jueves, “y ese cambio ha empezado con la reactivación del caso del puerto”. El primer ministro, Nawaf Salam, asumió el cargo tras presidir durante varios años el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas.

En este contexto están floreciendo brotes verdes. El juez que lidera la investigación judicial, Tarek Bitar, retomó el caso en febrero después de dos años de obstrucciones políticas. Desde entonces, ha podido interrogar 15 altos cargos del Estado, algunos de los cuales habían intentado torpedear el proceso. También a antiguos miembros del Gobierno que en su día recibieron advertencias de la presencia de los explosivos en el puerto, y que tenían cargos ejecutivos en el momento de la tragedia.

Además, el Parlamento aprobó el pasado jueves una ley para reforzar la independencia judicial. La reforma cumple con algunas de las exigencias de la comunidad internacional, que pide a Líbano reformas políticas, judiciales y financieras antes de llevar a cabo inyecciones de capital, algo que debe impulsar la reconstrucción del país después de que Israel haya devastado comunidades enteras en la guerra contra Hezbolá del año pasado.

Carmen Hassoun Abou Jaoudé, politóloga libanesa e investigadora en justicia transicional, describe la aprobación de esa ley como “muy positiva” y tiene “esperanza” en que se logre llevar adelanto el caso del puerto. Abou Jaoude se encomienda a los nuevos líderes del país y al juez instructor, pero también a “una sociedad civil dinámica” y a unas víctimas “que exigen su derecho a la rendición de cuentas”.

La falta de una acusación tras cinco años inquieta a la opinión pública. Algunos diarios libaneses apuntan a un posible acuerdo que incluya una amnistía que perdone este y otros crímenes, como el asesinato del pensador Lokman Slim, a cambio del desarme de Hezbolá, algo que EE UU exige tras la guerra con Israel. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia y otras cercanas a la milicia libanesa han rechazado esa posibilidad.

El nitrato de amonio que explotó el 2020 llegó a Beirut en 2013 a borde de un barco con bandera de Moldavia. Fueron al menos 2.750 toneladas de esa sustancia, que se utiliza para la elaboración de armamento. En ese momento, la guerra en la vecina Siria, a poco más de una hora desde Beirut, apenas comenzaba. Años más tarde, algunas investigaciones han vinculado a la firma propietaria de aquellos explosivos con empresarios relacionados con el entonces líder sirio, Bachar al Asad, quien estaba aliado con Hezbolá.

La tragedia evitable del puerto destruyó la confianza de los libaneses en sus instituciones, con Líbano ya hundido en la crisis económica; unas 100.000 personas, especialmente jóvenes con formación, optaron por marcharse al extranjero en un año, según datos del centro libanés Information Internacional.

La explosión sacudió a un país que sufre episodios de violencia desde hace “cuatro generaciones”, recapitula Abou Jaoudé. Una guerra civil de 15 años que terminó en 1990, las ocupaciones de los ejércitos sirio e israelí, además de asesinatos políticos, jalonan su historia reciente. “Por eso esperamos que la violencia política termine”, concluye. Hasta entonces, muchos libaneses seguirán sin encender la radio o abrir un periódico cada 4 de agosto.

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