La Universidad Complutense de Madrid, regida por Joaquín Goyache, ha borrado el rastro de todos los casos de acoso registrados desde 2016. La institución académica también ha hecho una enmienda a la totalidad de la política por la igualdad de género que promovió el anterior rector, Carlos Andradas, y ha ocultado en sus plataformas, entre otros documentos trascendentes, las memorias de actividades que la Unidad de Igualdad publicó entre 2017 y 2019, con el número de denuncias por acoso gestionadas durante ese periodo.
Las cuatro memorias redactadas con el anterior rector, que incluyen 46 denuncias, no están en su web, ni tampoco el informe de acoso de 2018 basado en 21.500 encuestas a su comunidad universitaria
La Universidad Complutense de Madrid, regida por Joaquín Goyache, ha borrado el rastro de todos los casos de acoso registrados desde 2016. La institución académica también ha hecho una enmienda a la totalidad de la política por la igualdad de género que promovió el anterior rector, Carlos Andradas, y ha ocultado en sus plataformas, entre otros documentos trascendentes, las memorias de actividades que la Unidad de Igualdad publicó entre 2017 y 2019, con el número de denuncias por acoso gestionadas durante ese periodo.
Este periódico no ha podido comprobar si, además de ocultar estos informes, también ha borrado su rastro en internet. La institución asegura a este periódico que esos datos siguen en la web de la UCM. EL PAÍS ha realizado búsquedas durante los últimos meses y no los ha encontrado. La universidad comenzó a aplicar en 2016 su primer protocolo antiacoso, con el compromiso de publicar las denuncias recibidas, el resultado de las investigaciones y el número de docentes expedientados. En total, 46 casos y sus resoluciones, según los tres informes anuales a la que ha tenido acceso este periódico.
Esta opaca gestión ha salido a la luz después de que en febrero se conocieran las dos acusaciones de abuso sexual contra su profesor Juan Carlos Monedero, cometidas, según las denuncias ante la institución, cuando era uno de los líderes Podemos. Un escándalo que, paralelamente, obligó a la Complutense a comunicar ese mismo mes que investiga otra denuncia por acoso sexual contra Monedero de una alumna durante el curso 2021-2022.
Este último caso sigue avivando la polémica gestión de la UCM en torno al acoso: tras abrir el expediente disciplinario, la universidad lo reenvió en abril a la Fiscalía Provincial de Madrid sin comunicárselo a la víctima, según apunta a este periódico el Punto Violeta del campus de Somosaguas, entidad interlocutora de la afectada.
El ministerio público archivó el caso a comienzos de este mes por no apreciar delito, pero calificó la actitud de Monedero de “improcedente”, “fuera de lugar” y “reprochable moralmente”. La alumna conoció el archivo por la prensa. “La universidad no se lo comunicó. Estuvo en shock durante varios días. Como respuesta, ha solicitado a las autoridades académicas tener acceso al expediente. La denunciante no acudió a los tribunales porque este tipo de acoso no es un delito penal, sino que es una falta administrativa y sancionable por la Complutense. Por eso tiene sentido denunciar en la propia universidad, y fue lo que hizo, para ser escuchada, acogida y acompañada. Y esto último no ha sucedido“, dice una portavoz del Punto Violeta.
El auto, no obstante, fue un mazazo para la UCM: “Ha de señalarse el perjuicio y daño que pueden causar estos comportamientos entre el alumnado. Esta situación de vulnerabilidad y de asimetría debe ser conocida por quien tiene la autoridad para restablecer el equilibrio y evitar que se produzcan estas situaciones (…). Las cuales podrían, en su caso, corregirse en vía disciplinaria mediante la continuación de la tramitación del expediente disciplinario incoado”.
Pese a las sugerencias del ministerio fiscal de reforzar la prevención, y a las solicitudes de información de asociaciones estudiantiles y de la prensa, la universidad niega la opacidad de su gestión. “Las memorias de actividades siguen estando disponibles en la web de la UCM. No aparecen en la Unidad de Igualdad porque, en ese periodo, el protocolo vigente abarcaba distintos tipos de acoso, incluyendo el relacionado con la orientación sexual y la identidad y expresión de género”, contesta a este diario el departamento de prensa, que añade: “Actualmente, estos aspectos están regulados por un protocolo específico gestionado por la Delegación del Rector para Políticas Sociales [a las órdenes de Isabel Tajahuerce], por lo que la información se organiza de acuerdo con la estructura actual”. Cabe destacar que las memorias del anterior rector no están disponibles, pero sí las publicadas por la actual dirección.
EL PAÍS publicó hace dos meses cómo la Complutense se negaba a informar sobre las denuncias registradas desde 2016, escudándose en la Ley de Protección de Datos. Un argumento que no se sostiene ―pues no se pedía datos personales sobre víctimas o agresores―, y choca con los protocolos de la Administración General del Estado y con las recomendaciones de transparencia de las expertas en género y con su propia normativa de 2016. “Se dispondrá anualmente de datos desagregados por sexo y género sobre casos e intervenciones de las diferentes situaciones de acoso. Su publicación se hará respetando el anonimato (…)”, se exponía ese año.
Una portavoz de prensa ofrecen ahora más explicaciones: “Los resultados de las investigaciones sobre las denuncias no se incluyen en las memorias porque, según el protocolo vigente, la Unidad de Igualdad no tiene la potestad para imponer sanciones”. Quien lo hace es Inspección de Servicios. “Este reparto de funciones no responde a una decisión arbitraria, sino a la normativa establecida para asegurar un proceso riguroso y con garantías”, aseguran. No obstante, el reglamento antes mencionado no indica que sea la Unidad de Igualdad la que deba deba redactar esos informes ni tampoco prohíbe a este departamento tener acceso a esos datos.
Tajahuerce ejerce de delegada desde que Goyache tomó posesión en 2019, pero ya había ocupado el puesto entre 2011 y 2015, con el rector José Carrillo. Entre medias, ostentó el cargo María Bustelo, que evita profundizar en el espinoso asunto: “Sí, es verdad que registramos los casos de denuncias. Están incluidos en las memorias de actividades depositadas en la Unidad de Igualdad y el rector Carlos Andradas llegó a exponerlos en un claustro”. Esta profesora en Ciencias Políticas continúa vinculada al estudio de la aplicación de políticas de género en la esfera pública, liderando proyectos europeos. Andradas, consultado también por este periódico, confirma esta versión.
Además de los datos sobre acoso, en la web de la unidad no hay rastro del primer Plan de Igualdad(aparece el enlace, pero no se puede pinchar) ni del primer Protocolo de Acoso (sin rastro en Google). “Siguen siendo accesibles, pero ya no están en la web de la Unidad de Igualdad porque han sido sustituidos por las versiones actualizadas”, afirma la universidad.
De la web de la Unidad ha desaparecido también un ambicioso estudio sobre los distintos tipos de acoso en la UCM elaborado en 2018, con Bustelo al frente. La muestra fue enorme: 2.510 trabajadores y 18.990 estudiantes. El análisis llegó a ser presentado en la facultad de Medicina con retransmisión en directo. “El estudio está disponible, pero se ha desvinculado de la Unidad de Igualdad, puesto que, actualmente, no tiene competencias ante todas las formas de acoso que se recogen en dicho estudio”. En realidad, solo se llega por un buscador de noticias.
El contenido de estos estudios se publicó en varios medios. Incluso Bustelo coescribió con Emanuela Lombardo un artículo publicado en 2021 enJournal of Gender Studies, donde analizabanel número y la gestión de estas denuncias.
La actual delegada solo ha accedido a publicar datos parciales tras semanas de negativas aludiendo a que la ley lo impedía. Lo hizo a finales de marzo, tras las preguntas de EL PAÍS, colgando un archivo pdf en la web de la unidad con los casos gestionados durante el curso pasado: 27 denuncias por acoso sexual, 14 de ellas a docentes. Pero no indicaba más detalles. De los años anteriores, nada. Las memorias del anterior equipo contenían detalles: el tipo de agresor y víctima (estudiante, profesor o trabajador administrativo), el punto en el que se encontraban las investigaciones y, en algunos casos, si estas requirieron un peritaje externo.
El Twitter del Punto Violeta Somosaguas —ubicado en Ciencias Políticas― ya afeaba hace cinco años a Tajahuerce su comportamiento: “Le volvemos a recordar a la Delegada que está obligada a implementar el Protocolo de Acoso vigente y a realizar un informe de seguimiento y a presentarlo al Consejo de Gobierno, al Claustro y a la Mesa Sindical. No contamos con el informe del 2020″, aparece en el tuit.
La doctora en estudios de género Paula Martín Peláez, integrante del Punto Violeta, cree que esta opacidad entierra el esfuerzo de las asociaciones feministas y la posibilidad de que las víctimas acudan a la unidad a denunciar. Tampoco considera que funcionase bien la unidad en la época anterior. Para su tesis (El acoso sexual, sexista y LGTBIQfóbico en la Universidad Complutense) entrevistó a 28 víctimas y testigos y solo 11 acudieron a la unidad. “De los casos en los que se activó algún canal institucional, en la mayoría de ellos, no hubo respuesta por parte de la Universidad, lo que apunta a la inacción por parte de la Complutense ante los casos de acoso”, concluye.
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