La agencia ambiental de EE UU rechaza que los gases de efecto invernadero sean una amenaza para la salud pública

El adelgazamiento del Gobierno federal emprendido por la Administración de Donald Trump va de la mano, en el caso de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas), del negacionismo científico, al rebatir las numerosas evidencias que vinculan el cambio climático a la acción humana. Esta semana, su administrador, Lee Zeldin, ha anunciado que la EPA planea rescindir una declaración de riesgo climático de 2009, adoptada por la presidencia de Barack Obama, que concluía que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública.

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 La EPA quiere revocar una declaración histórica de 2009 que dio poder al Gobierno para limitar y regular las emisiones que causan el cambio climático  

Emergencia climática

La EPA quiere revocar una declaración histórica de 2009 que dio poder al Gobierno para limitar y regular las emisiones que causan el cambio climático

Lee Zeldin, administrador de la EPA, el 24 de julio en Ciudad de México.
María Antonia Sánchez-Vallejo

El adelgazamiento del Gobierno federal emprendido por la Administración de Donald Trump va de la mano, en el caso de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas), del negacionismo científico, al rebatir las numerosas evidencias que vinculan el cambio climático a la acción humana. Esta semana, su administrador, Lee Zeldin, ha anunciado que la EPA planea rescindir una declaración de riesgo climático de 2009, adoptada por la presidencia de Barack Obama, que concluía que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública.

Las Administraciones demócratas de Obama y el también demócrata Joe Biden se apoyaron en esa declaración para establecer límites estrictos a las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de automóviles, centrales eléctricas y otras fuentes industriales de contaminación.

En un acto celebrado el martes en un concesionario de camiones de Indianápolis, Zeldin se mostró ufano de la revocación, asegurando que clavaría “un puñal en el corazón de la religión del cambio climático”, una de las manifestaciones más claras del ideario woke tan perseguido por la Administración republicana.

La declaración de 2009, que sustentaba la autoridad legal del gobierno para combatir el cambio climático, se consideraba un hito en el combate contra el calentamiento global. No menos trascendente es el intento republicano de acabar con ella, pues, según Zeldin, “equivaldría a la mayor acción desreguladora en la historia de Estados Unidos”. La iniciativa republicana también eliminaría los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero de automóviles y camiones en las carreteras del país, de ahí al guiño en el concesionario de camiones (y al poderoso gremio de camioneros, muchos de los cuales apoyaron en las elecciones de noviembre a Trump).

La propuesta es el paso más trascendental hasta el momento para hacer descarrilar los esfuerzos climáticos emprendidos por las anteriores administraciones: ya no se trata de minimizar la amenaza del calentamiento global; ahora, directamente, se niega sin reparos la abrumadora evidencia científica del cambio climático. Marca un cambio notable también en la posición de la administración, de minimizar la amenaza del calentamiento global a negarlo rotundamente. Si la iniciativa del Gobierno de Trump se confirma en los tribunales, a las futuras administraciones les resultará mucho más difícil controlar la contaminación derivada de la quema de combustibles fósiles. Y ese es el mantra de Trump: “Drill, baby, drill”, “perfora, baby, perfora”, para potenciar los combustibles fósiles.

Lo más grave de la noticia es que ha pasado desapercibida entre el aluvión de información que genera a diario la Administración republicana. No así para los grupos ecologistas y de protección del medio ambiente. Diane Pataki, científica jefa de National Wildlife Federation, lamenta la iniciativa: “El hallazgo de situación de peligro [denominación oficial de la declaración de 2009], se basa en décadas de evidencia científica establecida y comprobada, y que ha sido afirmada repetidamente por los tribunales. Revocar esta decisión contradice directamente el mandato de la EPA de proteger la salud pública y abordar las fuentes de contaminación por gases de efecto invernadero que causan la crisis climática. En lugar de revocar una decisión que está respaldada por la evidencia científica, la Administración debería centrarse en garantizar un entorno más seguro para la vida natural y las personas por igual”.

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