Cuando el Gobierno de Myanmar (la antigua Birmania) anunció el pasado 17 de abril una reducción de la condena de 27 años de prisión impuesta a Aung San Suu Kyi, la dirigente depuesta en el golpe de Estado de 2021 y encarcelada desde entonces, comenzaron a circular rumores sobre un posible traslado para cumplir el resto de la pena en arresto domiciliario. Dos semanas después, el 30 de abril, la televisión estatal MRTV comunicó que se había producido una nueva rebaja de la pena y añadió que Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991, completaría el resto de su sentencia (unos 18 años) en una “residencia designada”. De momento, no existe verificación independiente de ese presunto traslado.
El vástago menor de la Premio Nobel denuncia en una entrevista con EL PAÍS la falta de información creíble sobre el paradero de su madre
Cuando el Gobierno de Myanmar (la antigua Birmania) anunció el pasado 17 de abril una reducción de la condena de 27 años de prisión impuesta a Aung San Suu Kyi, la dirigente depuesta en el golpe de Estado de 2021 y encarcelada desde entonces, comenzaron a circular rumores sobre un posible traslado para cumplir el resto de la pena en arresto domiciliario. Dos semanas después, el 30 de abril, la televisión estatal MRTV comunicó que se había producido una nueva rebaja de la pena y añadió que Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991, completaría el resto de su sentencia (unos 18 años) en una “residencia designada”. De momento, no existe verificación independiente de ese presunto traslado.
Kim Aris (Oxford, 1977), el menor de los dos hijos de Suu Kyi, denuncia en una entrevista con EL PAÍS que sigue sin conocer el paradero de su madre. Ha exigido una fe de vida a las autoridades. “No he recibido ningún tipo de información creíble ni que me asegure que la hayan trasladado. He escuchado la misma historia un montón de veces”, manifestaba el martes en una videollamada con este diario.
Aris contesta desde su casa en Reino Unido, país donde ha vivido desde niño. Su madre estudió Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford en los años sesenta y allí conoció a su marido, el académico Michael Aris. Una fotografía de su madre sonriente, acompañada de su perro Taichito, y un relieve de su abuelo, el héroe de la independencia birmana, el general Aung San, decoran el mueble que Aris tiene tras de sí.
Suu Kyi, que cumplirá 81 años en junio, lleva retenida desde el 1 de febrero de 2021, prisionera de los mismos militares que la apartaron del poder. El Tatmadaw, el ejército, justificó la asonada alegando que su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), había incurrido en fraude electoral. La LND se había impuesto con holgura en los comicios de 2015 —las primeras elecciones generales abiertamente disputadas en un cuarto de siglo— y revalidó la victoria en 2020.
La exdirigente fue acusada y condenada a 33 años de cárcel por varios cargos (corrupción, incitación a la violencia, violación de secretos oficiales, entre otros), en una serie de juicios a puerta cerrada que la ONU ha criticado por sus escasas garantías. En 2023 recibió un indulto parcial que redujo su pena a 27 años.
La última vez que Aris se comunicó directamente con su madre fue hace casi tres años, cuando le respondió a una carta. Pero ella no ha contestado a sus misivas posteriores. De su equipo legal tampoco tiene noticias: “La situación es muy peligrosa. Al menos uno [de los abogados] fue encarcelado y puede que haya muerto en prisión”, explica.
Funcionarios de gobiernos occidentales con los que Aris está en contacto consideran que Suu Kyi es una “moneda de cambio” para el general Min Aung Hlaing, el jefe golpista recientemente revestido con el cargo de presidente tras unas elecciones sin oposición y que buena parte de la comunidad internacional rechazó. “Está buscando legitimidad. Espero que nadie se la dé”, enfatiza Aris. Las fuentes de Aris creen que el ejército necesita “mantener con vida” a Suu Kyi. “Pero a mí me preocupa que eso sea lo único que haga. Dudo que esté recibiendo un buen trato”.
Suu Kyi ya pasó casi 15 años bajo arresto domiciliario de manera intermitente entre 1989 y 2010, cuando gobernaba otra junta militar (1988-2011). Aris interpreta la opacidad de la actual como una muestra del temor que aún despierta su figura: “Darle cualquier tipo de libertad es un riesgo para el liderazgo de la junta”, sostiene. “El pueblo ha dejado claro que no acepta al ejército. Lucha día sí y día también para devolver la democracia”. Según datos del ISP-Myanmar, un centro de análisis con sede en Tailandia, las fuerzas de resistencia controlaban en 2025 cerca del 38% del territorio.
La Dama, como muchos la conocen, irrumpió en política durante las protestas prodemocráticas de agosto de 1988. Había regresado sola meses antes para cuidar de su madre, que había sufrido un derrame cerebral. Suu Kyi se volvió pronto el rostro más reconocible de la oposición a la dictadura. Desde la LND, que cofundó en septiembre y de la que era secretaria general, defendió una transición civil y no violenta inspirada en Mahatma Gandhi.
En 1991 recibió el Nobel de la Paz. Aris rememora la emoción que sintió al asistir junto a su hermano Alexander y su padre a la ceremonia en Oslo, donde la familia recogió el galardón en nombre de Suu Kyi. Ella estaba en Birmania, ya privada de libertad.
Los recuerdos que Aris tiene del país de su madre son felices, aunque lamenta no haber podido explorarlo más. Hace unos ocho años que no regresa. “Los servicios de inteligencia nos seguían con frecuencia”, asegura. Habla con nostalgia de los momentos que compartió con Suu Kyi cuando le permitían recibir visitas en la casa de Rangún, símbolo de su resistencia pacífica. “Para mí era una madre normal. Se preocupaba por mis deberes, cocinaba muy bien. Fue quien me enseñó a cocinar”, comparte.
El parecido físico con su progenitora es innegable, aunque quienes conocieron a su abuelo le cuentan que se expresa como él. El general Aung San fue una figura clave de la independencia birmana del Reino Unido, aunque no llegó a ver materializada esa hazaña; fue asesinado meses antes de la proclamación oficial en 1948. Suu Kyi tenía solo dos años.
Aris, carpintero de profesión, había mantenido un perfil bajo hasta la asonada de 2021. “Si no defendía yo a mi madre, ¿quién iba a hacerlo?”, explica. “No lo considero un acto político. Quiero que sea libre. Tiene 80 años y el resto del mundo parece haberla olvidado”.
A su juicio, el deterioro de la imagen internacional de Suu Kyi tras la crisis de los rohinyás contribuyó a que Occidente la abandonase “demasiado rápido”. La ofensiva militar de 2017 en el estado de Rakáin, que empujó a más de 700.000 miembros de esa minoría étnica musulmana a huir a Bangladés, es la mayor mancha en la biografía de Suu Kyi, quien entonces ocupaba el cargo de consejera de Estado.
Tras comparecer ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en 2019, para defender a Myanmar frente a la demanda por genocidio presentada por Gambia, se la acusó de guardar silencio e, incluso, de ser cómplice.
Según Aris, aquella intervención buscaba “mantener unido al país” en un contexto extremadamente frágil y en el que Suu Kyi “no tenía un control real sobre las Fuerzas Armadas”, que conservaban amplios resortes de poder en una transición democrática todavía incompleta. Aris interpreta el descrédito a su madre como una victoria política de los militares, que “durante décadas han explotado las divisiones étnicas y religiosas”.
“Al Tatmadaw [el ejército] le habría resultado mucho más difícil tomar el poder cuando el prestigio internacional de mi madre era mucho mayor”, sostiene. “No solo sacó provecho de la situación; creo que la manipuló desde el principio”.
Myanmar se encuentra sumida desde 2021 en una compleja guerra civil que se ha superpuesto a los conflictos étnicos armados contra el poder central, que llevan décadas enquistados. “El deterioro de todo el tejido social ha provocado la proliferación de la criminalidad, de la trata de personas, las estafas online, el juego ilegal, las drogas, el tráfico de órganos y la explotación sexual. Creo que la comunidad internacional no es consciente”, alerta Aris.
La Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que monitoriza la situación, ha documentado más de 8.000 muertes perpetradas por la junta militar y calcula que más de 22.000 personas siguen detenidas.
Él pide a “más líderes mundiales” que den “pasos concretos” por la causa birmana. Está en contacto con varios gobiernos europeos y con la Administración Trump, pero durante la conversación solo destaca el “lenguaje contundente” del presidente francés, Emmanuel Macron. “Sé que algunos [países] quieren hacer negocios con ellos [la junta], pero deben recordar que no es posible hacer negocios donde no hay paz y donde el ejército no puede garantizar la estabilidad”, apostilla.
Cree que China también está “presionando” para la liberación de su madre —la Cancillería la describió recientemente como “una vieja amiga de China”—, aunque no tiene constancia de que el ministro de Exteriores, Wang Yi, se reuniese recientemente con ella, como reportaron medios independientes de Myanmar.
Aris tiene esperanza en el futuro. Cree “sinceramente” que hay una vía para la reconciliación, pero asume que “eso requiere tiempo y esfuerzo”. “La filosofía central de mi madre es la paz. Y consiguió llegar a un punto en el que la democracia estaba empezando a brotar, sin recurrir a la violencia. Espero que la gente vuelva a hablar y que mi madre pueda ayudarles a hacerlo”, confía.
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