La plataforma de asociaciones de Cuerpos superiores de la Administración pública española, compuesta por las asociaciones de funcionarios de la Administración General del Estado y asociaciones de jueces y fiscales ha advertido hoy de que el nuevo sistema de oposiciones que pretende implantar el Gobierno para los grupos superiores (A1 y A2) supone un «peligro» al establecer «procesos a la carta» y una «injerencia política sin precedentes».
En un comunicado, esta plataforma que agrupa a los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI), el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
Administración Local (APSITAL), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación de Abogados del Estado y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
(ACSIAE), denuncia que el supuesto consenso al que se refiere el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, no es cierto. «No se ha tenido en cuenta la opinión de los cuerpos funcionariales que se verán afectados por este nuevo sistema, que ha sido siempre mantener el actual nivel de exigencia y transparencia en la selección del funcionario».
Los altos funcionarios del Estado consideran que la propuesta, como ya se está programando para los cuerpos de la carrera judicial y fiscal, «entraña un grave peligro por cuanto pretende sustituir los actuales procesos selectivos, exigentes e imparciales, por procesos a la carta que pondrán en peligro la preparación del funcionario y que entrañan una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia».
Asimismo, remarcan que la reforma de las oposiciones se pretende aplicar a todos los cuerpos, «muchos de los cuales no tienen ningún problema de cantera de aspirantes» y que tampoco se ha tenido en cuenta a los opositores que están preparando, «con un enorme esfuerzo personal y económico, una dura oposición y que verán truncadas sus aspiraciones con este sistema que nada tiene que ver con el actual».
Estas asociaciones y sindicatos consideran que los actuales procesos de oposición garantizan el acceso
en condiciones de mérito, capacidad e igualdad y vaticinan que con la apuesta del Gobierno por crear escuelas de opositores donde se impartirían dos años de cursos, la preparación no podrá garantizarse y, por lo tanto, el
servicio público prestarse, en las mismas condiciones. «Los ciudadanos serán los primeros afectados por este nuevo sistema de
selección», concluyen.
El modelo de la discordia
Según el nuevo modelo que quiere implantar el Gobierno para los cuerpos superiores, se hará una prueba de acceso específica para los puestos a cubrir. Quienes obtengan las mejores notas pasarán a realizar un máster de dos años que finalizará con un examen definitivo para obtener la plaza.
Se convocarán así más plazas de las necesarias y se habilitarán centros de formación e institutos para impartir estos másteres. Función Pública aseguró que quiere adaptar los nuevos perfiles de ingreso a las nuevas profesiones que han surgido, por lo que considera imprescindible una formación obligatoria posterior y previa a la asignación de la plaza.
¿Qué pasará con los aspirantes que no aprueben el examen? Recibirán un título por los estudios que han cursado que tendrán reconocimiento oficial.
Para los grupos C1 y C2, la formación se recibirá una vez se obtenga la plaza, es decir, una vez se esté en el puesto de trabajo. En el resto de categorías de oposición se mantendrá el actual sistema de oposiciones.
Nace viciado y es un «peligro», al establecer procesos de «selección a la carta», indican varias asociaciones y sindicatos en un comunicado
La plataforma de asociaciones de Cuerpos superiores de la Administración pública española, compuesta por las asociaciones de funcionarios de la Administración General del Estado y asociaciones de jueces y fiscales ha advertido hoy de que el nuevo sistema de oposiciones que pretende implantar el Gobierno para los grupos superiores (A1 y A2) supone un «peligro» al establecer «procesos a la carta» y una «injerencia política sin precedentes».
En un comunicado, esta plataforma que agrupa a los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI), el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (APSITAL), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación de Abogados del Estado y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (ACSIAE), denuncia que el supuesto consenso al que se refiere el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, no es cierto. «No se ha tenido en cuenta la opinión de los cuerpos funcionariales que se verán afectados por este nuevo sistema, que ha sido siempre mantener el actual nivel de exigencia y transparencia en la selección del funcionario».
Los altos funcionarios del Estado considera que la propuesta, como ya se está programando para los cuerpos de la carrera judicial y fiscal, «entraña un grave peligro por cuanto pretende sustituir los actuales procesos selectivos, exigentes e imparciales, por procesos a la carta que pondrán en peligro la preparación del funcionario y que entrañan una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia».
Asimismo, remarcan que la reforma de las oposiciones se pretende aplicar a todos los cuerpos, «muchos de los cuales no tienen ningún problema de cantera de aspirantes» y que tampoco se ha tenido en cuenta a los opositores que están preparando, «con un enorme esfuerzo personal y económico, una dura oposición y que verán truncadas sus aspiraciones con este sistema que nada tiene que ver con el actual».
Estas asociaciones y sindicatos consideran que los actuales procesos de oposición garantizan el acceso en condiciones de mérito, capacidad e igualdad y vaticinan que con la apuesta del Gobierno por crear escuelas de opositores donde se impartirían dos años de cursos, la preparación no podrá garantizarse y, por lo tanto, el servicio público prestarse, en las mismas condiciones. «Los ciudadanos serán los primeros afectados por este nuevo sistema de selección», concluyen.
El modelo de la discordia
Según el nuevo modelo que quiere implantar el Gobierno para los cuerpos superiores, se hará una prueba de acceso específica para los puestos a cubrir. Quienes obtengan las mejores notas pasarán a realizar un máster de dos años que finalizará con un examen definitivo para obtener la plaza.
Se convocarán así más plazas de las necesarias y se habilitarán centros de formación e institutos para impartir estos másteres. Función Pública aseguró que quiere adaptar los nuevos perfiles de ingreso a las nuevas profesiones que han surgido, por lo que considera imprescindible una formación obligatoria posterior y previa a la asignación de la plaza.
¿Qué pasará con los aspirantes que no aprueben el examen? Recibirán un título por los estudios que han cursado que tendrán reconocimiento oficial.
Para los grupos C1 y C2, la formación se recibirá una vez se obtenga la plaza, es decir, una vez se esté en el puesto de trabajo. En el resto de categorías de oposición se mantendrá el actual sistema de oposiciones.
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