El abogado especializado en
derecho laboral Juanma Lorente ha lanzado una advertencia a través de
sus redes sociales sobre una práctica empresarial que podría estar
dejando a miles de trabajadores sin indemnización por despido. Según
explica, numerosas empresas están implementando una estrategia
silenciosa que consiste en imponer pequeñas sanciones escritas que,
aunque no conllevan pérdida económica inmediata, van construyendo un
expediente laboral que posteriormente permite justificar un despido
disciplinario sin coste para la compañía.
La
clave de esta práctica reside en que muchos convenios colectivos
contemplan la posibilidad de sancionar faltas consideradas graves
únicamente con una amonestación por escrito, sin necesidad de aplicar
suspensiones de empleo y sueldo.
Esta opción, que en apariencia
beneficia al trabajador al no afectar su bolsillo, se convierte en un
arma de doble filo cuando las amonestaciones comienzan a acumularse. «No
te das ni cuenta», advierte Lorente, señalando que la mayoría de los
empleados tienden a ignorar estas sanciones al no percibir un daño
económico inmediato, sin considerar que cada una de ellas está
alimentando un historial que la empresa podrá utilizar en su contra.
Consecuencias económicas y legales para el trabajado
El
problema se agrava cuando, tras acumular varias amonestaciones escritas
no impugnadas, la empresa decide ejecutar un despido disciplinario
basado en la reiteración de faltas.
Según la legislación laboral
española, este tipo de despido no conlleva indemnización para el
trabajador, independientemente de su antigüedad o salario. Dependiendo
de cada caso, la cantidad que el empleado deja de percibir puede oscilar
entre 12.000 y 14.000 euros o incluso superar esa cifra en trabajadores
con largas trayectorias profesionales. Para la empresa, el ahorro es
considerable, especialmente en contextos de reestructuración o ajustes
de plantilla.
Una vez
ejecutado el despido por esta vía, las posibilidades de que un juez lo
declare improcedente se reducen drásticamente, ya que, si el trabajador no
recurrió las sanciones individuales en su momento, los tribunales
interpretan esa pasividad como una aceptación tácita de las mismas.
Cuando finalmente se impugna el despido, el juez se encuentra con un
expediente completo de amonestaciones que, al no haber sido contestadas,
otorgan validez legal a la decisión empresarial. Los abogados
laboralistas coinciden en que la clave está en reaccionar desde la
primera sanción escrita, por insignificante que parezca, ya que
impugnarla a tiempo es la única forma de evitar que se convierta en una
prueba en contra en el futuro.
El experto advierte que muchas compañías acumulan amonestaciones por escrito que no afectan al salario pero que luego utilizan para justificar despidos disciplinarios sin compensación económica
El abogado especializado en derecho laboral Juanma Lorente ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales sobre una práctica empresarial que podría estar dejando a miles de trabajadores sin indemnización por despido. Según explica, numerosas empresas están implementando una estrategia silenciosa que consiste en imponer pequeñas sanciones escritas que, aunque no conllevan pérdida económica inmediata, van construyendo un expediente laboral que posteriormente permite justificar un despido disciplinario sin coste para la compañía.
La clave de esta práctica reside en que muchos convenios colectivos contemplan la posibilidad de sancionar faltas consideradas graves únicamente con una amonestación por escrito, sin necesidad de aplicar suspensiones de empleo y sueldo.
Esta opción, que en apariencia beneficia al trabajador al no afectar su bolsillo, se convierte en un arma de doble filo cuando las amonestaciones comienzan a acumularse. «No te das ni cuenta», advierte Lorente, señalando que la mayoría de los empleados tienden a ignorar estas sanciones al no percibir un daño económico inmediato, sin considerar que cada una de ellas está alimentando un historial que la empresa podrá utilizar en su contra.
El problema se agrava cuando, tras acumular varias amonestaciones escritas no impugnadas, la empresa decide ejecutar un despido disciplinario basado en la reiteración de faltas.
Según la legislación laboral española, este tipo de despido no conlleva indemnización para el trabajador, independientemente de su antigüedad o salario. Dependiendo de cada caso, la cantidad que el empleado deja de percibir puede oscilar entre 12.000 y 14.000 euros o incluso superar esa cifra en trabajadores con largas trayectorias profesionales. Para la empresa, el ahorro es considerable, especialmente en contextos de reestructuración o ajustes de plantilla.
Una vez ejecutado el despido por esta vía, las posibilidades de que un juez lo declare improcedente se reducen drásticamente, ya que, si el trabajador no recurrió las sanciones individuales en su momento, los tribunales interpretan esa pasividad como una aceptación tácita de las mismas.
Cuando finalmente se impugna el despido, el juez se encuentra con un expediente completo de amonestaciones que, al no haber sido contestadas, otorgan validez legal a la decisión empresarial. Los abogados laboralistas coinciden en que la clave está en reaccionar desde la primera sanción escrita, por insignificante que parezca, ya que impugnarla a tiempo es la única forma de evitar que se convierta en una prueba en contra en el futuro.
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