<p>La nueva propuesta del Gobierno para las cotizaciones de los autónomos amenaza con poner contra las cuerdas a los profesionales con ingresos más modestos. La letra pequeña del plan para el periodo 2026-2031 revela que un trabajador que ingrese menos de 670 euros mensuales podría verse obligado a destinar casi un tercio de sus ganancias al pago de su cuota a la Seguridad Social, lo que para muchos representa <strong>un esfuerzo económico de gran envergadura</strong>.</p>
<p>De hecho, esta medida llega en un momento de especial fragilidad para el colectivo. Las cifras actuales dibujan un panorama en el que el 41% de los autónomos en España declara rendimientos <strong>por debajo del salario mínimo interprofesional</strong>, un porcentaje que se dispara hasta el 62% si se compara con el salario medio nacional. En el extremo opuesto, solo un 15 % de los trabajadores por cuenta propia logra facturar anualmente más de 45.000 euros.</p>
<p>En este contexto, el plan del Ejecutivo contempla un aumento en las aportaciones que <strong>afecta a más de tres millones de autónomos</strong> y que, según los tramos de ingresos reales, podría suponer un sobrecoste anual de entre 209 y 2.474 euros. La propuesta ya ha desatado un intenso debate sobre su verdadera repercusión en el tejido productivo del país.</p>
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La progresividad del sistema, en entredicho
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<p>Precisamente, una de las críticas más contundentes que ha recibido la reforma pone en duda <strong>la justicia del modelo propuesto</strong>. La estructura de los tramos de cotización no parece ajustarse de manera proporcional a la capacidad económica de los trabajadores, un análisis que verbalizó con claridad el economista José María Camarero en el programa <em>Sábado Clave</em>: «Esas cuotas no son progresivas».</p>
<p>Por otro lado, el Gobierno parece querer compensar este incremento con una medida destinada a <strong>aliviar la carga burocrática</strong>. Se está estudiando la posibilidad de que los autónomos cuya facturación no supere los 85.000 euros anuales queden exentos de actuar como recaudadores del IVA, lo que simplificaría notablemente sus obligaciones fiscales trimestrales con la Administración.</p>
El Gobierno planea una nueva subida de cuotas para más de tres millones de autónomos, un sistema que los expertos ya tildan de regresivo y que podría llevar a los más precarios a pagar un tercio de sus ingresos
La nueva propuesta del Gobierno para las cotizaciones de los autónomos amenaza con poner contra las cuerdas a los profesionales con ingresos más modestos. La letra pequeña del plan para el periodo 2026-2031 revela que un trabajador que ingrese menos de 670 euros mensuales podría verse obligado a destinar casi un tercio de sus ganancias al pago de su cuota a la Seguridad Social, lo que para muchos representa un esfuerzo económico de gran envergadura.
De hecho, esta medida llega en un momento de especial fragilidad para el colectivo. Las cifras actuales dibujan un panorama en el que el 41% de los autónomos en España declara rendimientos por debajo del salario mínimo interprofesional, un porcentaje que se dispara hasta el 62% si se compara con el salario medio nacional. En el extremo opuesto, solo un 15 % de los trabajadores por cuenta propia logra facturar anualmente más de 45.000 euros.
En este contexto, el plan del Ejecutivo contempla un aumento en las aportaciones que afecta a más de tres millones de autónomos y que, según los tramos de ingresos reales, podría suponer un sobrecoste anual de entre 209 y 2.474 euros. La propuesta ya ha desatado un intenso debate sobre su verdadera repercusión en el tejido productivo del país.
Precisamente, una de las críticas más contundentes que ha recibido la reforma pone en duda la justicia del modelo propuesto. La estructura de los tramos de cotización no parece ajustarse de manera proporcional a la capacidad económica de los trabajadores, un análisis que verbalizó con claridad el economista José María Camarero en el programa Sábado Clave: «Esas cuotas no son progresivas».
Por otro lado, el Gobierno parece querer compensar este incremento con una medida destinada a aliviar la carga burocrática. Se está estudiando la posibilidad de que los autónomos cuya facturación no supere los 85.000 euros anuales queden exentos de actuar como recaudadores del IVA, lo que simplificaría notablemente sus obligaciones fiscales trimestrales con la Administración.
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